Política

Torra declarará el 15 de mayo ante el TSJC por su rechazo a retirar lazos amarillos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citará al presidente de la Generalitat como investigado por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC)

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Torra declarará el 15 de mayo ante el TSJC por su rechazo a retirar lazos amarillos
Puigdemont y Torra, en Bruselas.

Puigdemont y Torra, en Bruselas. EFE

Resumen:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citará como investigado el miércoles 15 de mayo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que declare por presunta desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las ‘esteladas’ de los edificios públicos, han explicado a Europa Press fuentes de la Generalitat.

Las citadas fuentes han precisado que el TSJC les ha consultado la fecha, que ellos han dado su visto bueno al día 15 y que se prevé que en breve les llegue la citación, después de que el 2 de abril el alto tribunal catalán admitiera a trámite la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña y designara instructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos, según ha informado TV3.

Fuentes del TSJC consultadas por Europa Press han precisado que todavía no se ha emitido ningún citación formal para la declaración de Torra. La querella responde a las maniobras de Torra para evitar cumplir con los requerimientos de la JEC, primero, agotando los plazos de la Junta para retirar los símbolos políticos de los edificios públicos de la Generalitat, y después sustituyendo el lazo por una nueva pancarta en la que sustituyeron el lazo amarillo por uno blanco.

En su querella, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusó a Torra de un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la ‘autoridad superior’, cometido por una autoridad o funcionario público.

Y que señaló que el presidente incumplió «consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la JEC» en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo, en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat. Desde el gobierno catalán argumentan, sin embargo, que respondieron a los requerimientos de la Junta con alegaciones y se retiró el lazo amarillo, obviando el desafío de la segunda pancarta.

La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el «flagrante incumplimiento» de las órdenes, decidió ordenar al consejero de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d’Esquadra retirar los símbolos.

Además, la JEC envió documentación a la Fiscalía General del Estado -información adjuntada a la querella contra Torra- con informes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y comunicaciones de la Delegación del Gobierno en los que se detallaban los edificios que mantuvieron los símbolos hasta el 21 de marzo.

Polémica con los Mossos y Ribó

La definitiva retirada de lazos amarillos de los edificios públicos a las puertas de la campaña provocó un nuevo enfrentamiento de sectores independentistas con la policía autonómica, a la que acusaron de excederse en el cumplimiento del mandato judicial, por haber entrado en siete centros escolares para retirar los lazos y pancartas referidas a los presos. La polémica volvió a colocar al conseller Buch en la diana de la CUP y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La polémica de los lazos provocó además un enfrentamiento soterrado entre la Presidencia de la Generalitat y el Síndico -defensor del pueblo catalán- Rafael Ribó. Torra argumentó que había pedido un informe valorativo a la Sindicatura sobre la necesidad de retirar los lazos, restando legitimidad así a la JEC. Pero Ribó explicó después que ya había advertido a Torra de que debía retirar las pancartas y lazos desde el primer día en que se hizo pública la decisión de la Junta Electoral.

La JEC se ha vuelto a convertir en indeseada protagonista de la campaña electoral a las europeas en Cataluña por su decisión de excluir de la candidatura de JxCat a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que ocupaban los números uno, dos y tres del partido independentista. JxCat ha recurrido ya esta decisión ante el Tribunal Supremo, la JEC y el Contencioso-Administrativo, y amenaza con llevar la batalla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

 

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