Política

Pieza Pit

Villarejo y De la Joya "iban a pachas" con los "milloncitos" del naviero Pérez Maura

Los investigadores creen que la presunta organización criminal liderada por el comisario José Manuel Villarejo obtuvo diez millones por tratar de frustrar la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura

El excomisario Villarejo y Adrián de la Joya
El comisario ya jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Adrián de la Joya.

“Adrián de la Joya ostenta un papel fundamental en la trama internacional tendente a evitar la entrega de Ángel Pérez Maura a las actividades guatemaltecas y muy especialmente para evitar el proceso penal en Guatemala, destacando su papel con personas arraigadas en Estados Unidos”. Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto donde acordó dejar en libertad bajo fianza al empresario de la jet set imputado en la pieza denominada Pit del caso Villarejo.

Los investigadores creen que la presunta organización criminal liderada por el comisario José Manuel Villarejo obtuvo diez millones por tratar de frustrar la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura ordenada por las autoridades de Guatemala el 14 de abril de 2016, así como para obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.

En la citada resolución, que obra en poder de El Independiente, el instructor de la Audiencia analiza parte de las conversaciones intervenidas al agente vinculado a las cloacas del Estado y a su íntimo amigo De la Joya. Cuenta que “la oportunidad de negocio” surgió el 20 de abril de 2016 cuando el abogado “Enrique Maestre, amigo personal de Ángel Pérez-Maura, José Manuel Villarejo y Adrián de la Joya, les ofreció una elevada cantidad de dinero –‘una serie de milloncitos’- que pagaría Ángel a cambio de que evitaran su detención y extradición a Guatemala”. La tarifa: "120.000 euros al mes para gastos de despacho porque vamos a tener que tocar a mucha gente".

Tal y como adelantó este periódico, parte de “esos milloncitos” acabarían en el bolsillo de la De la Joya ya que él y Villarejo acordaron “ir a pachas” en el proyecto Pit. El juez define al empresario de la alta sociedad madrileña como “un socio de largo recorrido” del policía preso. En una de las reuniones mantenidas entre ambos, De la Joya le indicó al comisario: “Esto no te va a ir nunca más allá de los diez millones al éxito, para que lo sepas. Porque algo de dinero tendremos que ganar nosotros también porque le vamos a dedicar muchísimo tiempo”. José Manuel Villarejo respondió a su amigo: “Lo tengo claro”.

Lavado de dinero

En concreto, el magistrado García Castellón hace referencia al encuentro que tuvo lugar el 26 de abril de ese año donde se acordaría que “Adrián de la Joya participaría directamente en las ganancias obtenidas por el grupo Cenyt, ostentando una posición dominante como negociador principal en la fijación de los honorarios a percibir, pero sin aparecer formalmente vinculado de manera directa a dicho grupo empresarial”.

Durante su declaración prestada el pasado viernes en la Audiencia Nacional el empresario -también imputado en el caso Lezo- negó de forma categórica haber recibido comisión alguna por su participación en las labores destinadas a frustrar la extradición de Pérez Maura a Guatemala, explican fuentes presentes en el interrogatorio.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha podido acreditar que las empresas de Villarejo –Cenyt y Stuart &Mckenzie- resultaron receptoras del importe total de 7.498.700 euros “en concepto de retribución de los ilícitos servicios contratados”.

Los investigadores creen que esos fondos se destinaron a pagar a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto Pit, para mantener el pago de las oficinas que el agente tenía en Torre Picasso en Madrid, a realizar trasferencias a otras cuentas del policía y a la compra de  acciones de Banco Popular y de cuentas de participación de Monte  Fuji, así como al pago de un concesionario de vehículos. Tanto el instructor como la Fiscalía Anticorrupción creen que se trata de unas "claras operativas" empleadas por el agente encubierto para blanquear capitales. La causa continúa bajo secreto de sumario.

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