Un informe plagado de inexactitudes, omisiones y errores. Eso será lo que presente el independentismo esta tarde a las 17.30 cuando haga público el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias adscrito a la ONU, con el que pretenden clamar una presunta victoria jurídica internacional, apenas 24 horas después del mazazo recibido desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).

El informe, adelantado por El País y al que ha tenido acceso El Independiente, reclama al Gobierno que ponga en libertad «inmediatamente» a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, califica su detención como arbitraria y exige al Ejecutivo una indemnización para los tres presos preventivos.

Este grupo relator, presidido por el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez, trabaja en el caso desde agosto de 2018 tras las reclamaciones de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El informe estuvo listo y aprobado el 25 de abril de 2019, aunque ha permanecido en un cajón durante más de un mes y se presentará públicamente justo un día después de que el independentismo reciba su primera gran derrota internacional de manos del TEDH de Estrasburgo. Un golpe que generó incluso disputas internas entre los juristas de cabecera del procés.

Relato de parte

El documento elaborado por el grupo de trabajo es un cúmulo de omisiones y relatos de parte. Se refiere a los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, por ejemplo, como una «manifestación pública en Barcelona, a favor de un referéndum por la independencia de Cataluña», sin mencionar que se trataba de concentraciones que trataban de entorpecer el trabajo de las comitivas judiciales que ese día efectuaban registros en algunas consejerías de la Generalitat.

El informe da por hecho que el Gobierno habló de ‘decapitar’ a los líderes catalanes y retuerce la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein

Menciona también el documento la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que rechazó entregar a Carles Puigdemont a España por rebelión al entender que la violencia del 1-O existía pero no era suficiente como para equiparar el delito a su equivalente en el Código Penal alemán. Pero lo hace diciendo que la corte alemana indicó que «el acusado no había planificado o efectivamente usado violencia o fuerza, sino más bien embarcado en el uso de medios democráticos, como el referéndum». Lo cual, además de lo impreciso de la redacción, no es cierto.

En el relato de las alegaciones de Junqueras, Sánchez y Cuixart, el informe del grupo de trabajo da por buenas acusaciones como que Soraya Sáenz de Santamaría felicitó a Mariano Rajoy por «decapitar y liquidar» a los líderes independentistas, y en general hace suyos todos los reclamos de los demandantes, justo antes de criticar las tres páginas de respuestas enviadas por el Gobierno, menospreciándolas y, literalmente, cargando sobre el Estado la presunción de culpabilidad.

«Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de la normativa internacional sobre la libertad personal, constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno, en caso de que desee refutar las alegaciones», dice textualmente el informe en su página 10.

‘Coaccionarlos’

El grupo de trabajo presidido por el mexicano Guevara pasa después a deliberar que todas las acciones de Sánchez, Cuixart y Junqueras fueron pacíficas, que Carles Puigdemont persiguió la independencia sólo por medios democráticos, de nuevo citando torticera y retorcidamente la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, y acaba asegurando directamente que tiene la «convicción» de que las acusaciones contra los líderes del procés «tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas en torno a la independencia de Cataluña e inhibirlos de continuar con esa pretensión en el ámbito político».

El informe no es vinculante y será leído ante el Consejo de DDHH de la ONU, del que España es parte, en 2020

El informe entra en otras disquisiciones igualmente variopintas, como afear que el caso haya estado en manos del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en vez de los tribunales de Cataluña -pese a que la declaración de independencia por la que se acusa de rebelión afecte a la integridad territorial de España- o que sus detenciones fueron «discriminatorias» políticamente.

El ministerio de Asuntos Exteriores que encabeza Josep Borrell, y que fue el encargado de responder a las acusaciones de los líderes independentistas, representados ante el grupo de trabajo de la ONU por el abogado Ben Emmerson, tiene previsto valorar el informe esta misma tarde, cuando se haga público.

Cabe destacar que el informe no es vinculante, más allá de que será leído en alguna de las reuniones del Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas que se celebren en el año 2020. España es miembro de Consejo en el período 2017-2020 junto a Australia, Chile, México, Perú, Ucrania, Eslovaquia, Afganistán, Nepal, Pakistán, Catar, Angola, República Democrática del Congo, Nigeria y Senegal.

El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias lo preside el mexicano José Guevara y está completado por la australiana Leigh Toomey, la letona Elina Steinerte, el coreano Seong-Phil Hong y el beninés Setondji Adjovi.