Una urna, durante las elecciones del pasado domingo.

Una urna, durante las elecciones de abril. EP

Política

Radiografía de Scytl, la empresa bajo lupa tras el fiasco del 26-M

La compañía catalana, controlada por fondos de capital riesgo nacionales y extranjeros, factura 13,4 millones al año y da empleo a 200 personas / La firma se defiende de las críticas por el escrutinio de las locales: "Hemos cumplido con el servicio"

Factura 13,4 millones de euros al año, tiene una plantilla formada por casi 200 trabajadores, sus principales accionistas son fondos de capital riesgo nacionales y extranjeros que invierten en tecnología, ha operado en más de 30 países y controla una decena más de empresas especializadas en voto electrónico desde Australia a Canadá pasando por Emiratos Árabes. Es la radiografía de Scytl Secure Electronic Voting SA, la compañía catalana que ha liderado la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del escrutinio provisional de los resultados de los comicios locales y europeos celebrados el pasado domingo.

Por primera vez desde 1979, una empresa distinta a Indra ha sido la encargada de ofrecer el servicio de obtención y difusión de los datos arrojados por las urnas en unas elecciones municipales. Scytl, conjuntamente con Vector Software Factory SL, se impuso a la citada multinacional tras presentar una oferta mucho más barata -más de dos millones de euros menos- pero peor puntuada desde el punto de vista técnico. El elevado peso que tenía el factor precio como criterio de selección fue determinante a la hora de inclinar la balanza y escoger al contratista.

El trabajo de esta compañía barcelonesa ha levantado una polvareda de críticas mucho antes incluso de que abrieran los colegios electorales a primera hora del 26-M debido a los problemas que ya se registraron en los simulacros previos, lo que obligó a organizar ensayos no previstos inicialmente. A ello se ha sumado la deficiente formación ofrecida a los representantes de la Administración -los encargados de recabar y enviar los datos desde los centros de votación-, un proceso de transmisión más lento y farragoso y una presentación confusa de los resultados provisionales en la web oficial, al exhibir en un principio tan sólo los votos asociados a la obtención de concejales. El malestar de los partidos llevó al Ministerio del Interior a ordenar a la adjudicataria a mitad de esta semana que incluyera los sufragios totales logrados por las candidaturas, disponibles desde el pasado jueves.

A la espera de que este sábado concluya el escrutinio definitivo y el Gobierno analice la posibilidad de aplicar eventuales penalizaciones por prestación defectuosa del servicio, como prevé el pliego de cláusulas administrativas que reguló el concurso, la empresa catalana defiende el trabajo realizado. «El aplicativo ha funcionado; se escrutan los datos de manera rápida y fiable, pero sí es verdad que la presentación de la información… Todos podemos aprender y tendríamos que haber sido un poco más didácticos y haber explicado claramente que unos eran los votos totales y otros los que asignan concejales», reconoce Silvia Caparrós de Olmedo, la directora general de Scytl.

La compañía catalana, controlada por varios fondos de capital riesgo, factura 13,4 millones de euros al año y da empleo a casi 200 personas

Vinculada a la compañía desde octubre de 2014, donde ha ido escalando peldaños hasta alcanzar la dirección ejecutiva, la abogada Caparrós de Olmedo considera «cumplido» el servicio encomendado por Interior sin ocultar la existencia de problemas. «En todos los procesos electorales complejos, con tantos municipios y candidaturas, es normal que existan incidencias. A todos nos gustaría que, tanto las técnicas como las humanas, fueran menores», añade.

Para el gran público, el nombre de Scytl Secure Electronic Voting ha empezado a sonar con ocasión de la doble cita electoral del 26-M, pero la empresa está a punto de cumplir la mayoría de edad. El 12 de junio de 2001, un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que investigaba la aplicación de la criptografía al voto electrónico constituyó esta spin-off orientada al desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones informáticas para procedimientos electorales.

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El nacimiento de la compañía se produjo tan sólo unos meses después del escándalo registrado con el recuento de los resultados arrojados por las elecciones presidenciales de EEUU celebradas en noviembre de 2000, cuando un puñado de votos en el estado de Florida decantó la victoria a favor del republicano George W. Bush (hijo) frente al demócrata Al Gore, ex vicepresidente con Bill Clinton.

Mayoría de edad empresarial

De aquel germen inicial quedan todavía algunos trabajadores y accionistas minoritarios vinculados al proyecto, pero no el fundador y artífice del software: Andreu Riera Jorba, fallecido el 11 de marzo de 2006 en un accidente de tráfico ocurrido en Manresa (Barcelona). Dirigida por Joan Borrell Viader, el informático catalán defendió el 15 de diciembre de 1999 su tesis doctoral (Diseño de soluciones implementables para programas de voto electrónico a gran escala, en su traducción al castellano) en la que ya ofrecía soluciones prácticas a los problemas en el campo de los esquemas criptográficos de votación electrónica en escenarios con elevados números de electores.

«Todas las soluciones propuestas conducen a un diseño de fácil implementación. Para hacer frente a la escalabilidad del sistema proponemos un modelo distribuido de colegios electorales electrónicos, coordinados mediante una jerarquía de centros de recuento y de autoridades de votación. Para garantizar el anonimato de los votos, usamos un método basado en sobres digitales que protegen la privacidad. A través del paradigma de agentes móviles, los votos son mezclados en las urnas digitales antes de que éstas sean abiertas», se lee en el resumen del trabajo académico, cuya ficha puede consultarse en la base de datos Teseo.

Desde el fallecimiento de Riera pilota la empresa Pere Vallès Fontanals, quien había desembarcado en Scytl en octubre de 2004 para asumir la dirección general tras desarrollar su carrera profesional en Estados Unidos. Convertido en presidente desde el pasado 15 de enero, el ejecutivo ha impulsado la expansión internacional en la búsqueda de nuevos mercados de votación on line.

La compañía se defiende de las críticas recibidas tras el escrutinio provisional de las elecciones municipales: «Hemos cumplido»

De acuerdo con los datos facilitados a El Independiente, Scytl cerró el pasado año con una facturación de 15 millones de dólares (13,43 millones de euros al cambio actual), de los que tan sólo una cuarta parte tienen su origen en contrataciones logradas en España. La compañía cuenta con una plantilla cercana a los 200 trabajadores (150 en el país).

En la actualidad, la empresa está participada mayoritariamente por diversos fondos de capital riesgo nacionales e internacionales, permaneciendo un paquete minoritario aún en manos de una treintena de socios que permanecen vinculados al proyecto desde sus orígenes hace ya casi dos décadas.

Entre los socios de referencia se encuentran dos fondos catalanes: Spinnaker Invest SCR SA -dirigido por la gestora que preside Borja García-Nieto Portabella (Riva y García Gestión SGIIC SA)- y Nauta Tech Invest IV FCR, de Nauta Capital VC Partners SGIC SA. Asimismo, participan en el accionariado dos fondos domiciliados en Luxemburgo (Balderton Capital IV L2 SARL y ASP Scytl Holding Luxembourg), tres en EEUU (Industry Ventures Secondary VII LP, SAP Ventures Fund II LP y Vulcan Capital Growth Equity LLC) y uno en la capital irlandesa: VY Capital Ireland.

«Fondos de referencia»

«Son fondos de referencia, están considerados los mejores a nivel mundial para invertir en tecnología de todo tipo, normalmente disruptiva y pionera», destaca Silvia Caparrós, que se apresura a señalar que la sede social de la compañía sigue estando en Barcelona.

A su vez, Scytl Secure Electronic Voting tiene el 100 % del capital de otras 11 empresas, ocho fuera de España: Scytl Asia-Pacífico Limited (Malasia), Scytl Australia PTY Ltd (Australia), Scytl Canadá Inc (Canadá), Scytl France (Francia), Scytl Hellas Monoprosopi Ike (Grecia), Scytl Meta Fze (Emiratos Árabes), Scytl Soluçoes e Voto Electronico Ltde (Brasil) y Scytl USA LLC (Estados Unidos).

Por su parte, las radicadas en España son Pressvote SL, Scytl Voting Hardware SL y Plataforma Civiciti SL, las tres en la Ciudad Condal. «No estamos asociados a nadie en ningún país, la matriz es la compañía española», precisa Caparrós.

La directiva recuerda que, en los casi 18 años de historia, la compañía ha operado en una treintena de países y ha participado en «muchos» procesos electorales, entre ellos en Canadá, Australia, Francia, Bélgica, Malta y Emiratos Árabes. En algunos, la polémica le ha acompañado, como ahora en España. No sólo por las numerosas incidencias registradas en el escrutinio provisional de las elecciones locales del pasado domingo, sino también por las acusaciones de pucherazo que ha recibido tras gestionar los comicios en la Cámara de Comercio de Barcelona.

Polémicas en Suiza y Ecuador

No son los únicos episodios polémicos en los que Scytl se ha visto envuelto en los últimos meses. A principios de año fue seleccionada para desarrollar un sistema de voto electrónico on line en Suiza. El Gobierno helvético publicó el código a fin de que comprobar si era vulnerable y saltaron algunas alarmas. «Se registraron algunas incidencias que se han solventado y está en fase de validación. Pero ese software no está en proceso de producción todavía, era una prueba. Luego se hizo un test de penetración en el que participaron 3.200 hackers y no se pudo romper el sistema, lo que demostró que era robusto», se defiende la directora general de Scytl.

Peor fue la experiencia en Ecuador, cuyo Consejo Nacional Electoral (CNE) rescindió unilateralmente el contrato que había firmado con la empresa catalana para que le suministrara la plataforma tecnológica de gestión electoral utilizada en los comicios del 23 de febrero de 2014. «El sistema entregado se volvió lento y tuvo errores que no se corrigieron a tiempo», justificó el presidente del CNE, Domingo Paredes. La firma española, que había cobrado 3,9 de los 5,9 millones de dólares pactados, fue declarada «contratista incumplida» y sancionada.

«Esas elecciones fueron hace mucho tiempo y hay un procedimiento [judicial] abierto. Se terminó la relación y no hemos vuelto a ir a Ecuador. En cualquier caso, estaría más que pasado», trató de minimizar Silvia Caparrós.

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