Política

Interior varió el criterio que permitió ganar a la empresa que ha fallado en el recuento

El departamento dirigido entonces por Juan Ignacio Zoido (PP) elevó el peso de la oferta económica en la elección final del contratista para el 26-M / La UTE Scytl-Factor pujó con el precio más bajo pero con la peor oferta desde el punto de vista técnico

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Interior varió el criterio que permitió ganar a la empresa que ha fallado en el recuento
Urnas colocadas en un colegio electoral el pasado domingo.

Urnas colocadas en un colegio electoral el pasado domingo. EFE

Resumen:

El Ministerio del Interior facilitó la adjudicación del escrutinio provisional de las elecciones municipales del 26-M a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Scytl Secure Electronic Voting SA y Vector Software Factory SL al modificar los criterios y elevar el peso que tenía el precio en la decisión final. El contratista se impuso con el mérito de presentar la oferta más ecónomica pero peor valorada desde el punto de vista técnico.

Las incidencias en la transmisión de datos desde los colegios electorales y la no difusión en la web de los votos que no daban derecho a la obtención de concejales están poniendo en cuestión el trabajo realizado por la UTE, que por primera vez se encargaba de la captación y transmisión de los datos en unos comicios locales. Interior siempre había confiado este servicio a Indra, desplazada en esta convocatoria al haber presentado una oferta más cara para la Administración.

Según se detalla en el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas que reguló el concurso convocado meses antes de las elecciones municipales de 2015, el precio propuesto por los licitadores podía aportar como máximo 55 de los 100 puntos en liza.

Extracto del pliego de condiciones para las elecciones locales de 2015.

En cambio, las condiciones establecidas para adjudicar el encargo con motivo de la cita electoral del pasado domingo -redactadas durante la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como ministro del Interior, dado que el visto bueno de la Abogacía del Estado está fechado el 30 de mayo de 2018- elevaban la aportación del factor económico en la decisión final hasta los 70 puntos. Y ello fue determinante para que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska terminara otorgando el contrato a Scytl-Vector, claramente cuestionada por los múltiples fallos que están aflorando y que ha llevado al ministro en funciones a llamar a sus representantes a una reunión este miércoles en Madrid para exigirle que solucionen cuanto antes los numerosos problemas detectados.

Extracto del pliego de condiciones para las elecciones locales de 2019.

La adjudicataria pujó por el encargo ofertando 8.767.249,16 euros (IVA incluido), frente a la propuesta de 10.889.385,32 euros firmada por Indra Soluciones Tecnologías de la Información SLU. El precio incluía el trabajo a desarrollar tanto para los comicios locales como por las europeas, coincidentes cada 20 años.

Al ofrecerse a desarrollar el trabajo por un 19,5 % menos que su competidor, la UTE se garantizaba el contrato aunque su propuesta técnica fuera menos puntuada que la otra presentada. Fue lo que sucedió: la valoración de la oferta de Indra desde el punto de vista técnico fue reconocida con 29,8 puntos de los 30 posibles, casi seis más que su rival (23,9).

Valoración técnica de las dos ofertas presentadas.

En concreto, Indra obtuvo el doble de puntos que su rival -cuatro frente a dos- tanto en el capítulo de difusión de resultados como en el plan de comunicaciones según los requerimientos previstos en el pliego de prescripciones técnicas. También fue mejor en la presentación de la oferta técnica (tres puntos frente a uno y medio de Scytl-Vector) y en el diseño tanto del plan de formación de los representantes de la Administración, delegados y subdelegados del Gobierno y juntas electorales como en los manuales de usuario de los dispositivos móviles con los que se transmitirá la constitución de las mesas, los avances de participación y el escrutinio provisional de resultados.

Zoido elevó el peso del ‘factor precio’ en la valoración de las ofertas para el escrutinio provisional del 26-M de 55 a 70 puntos

De haber pesado lo mismo el precio y la valoración técnica, Scytl no habría conseguido este contrato. En el concurso convocado por la Comunidad de Madrid para la elección del proveedor de la infraestructura y sistemas con vistas a las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo, Indra Soluciones Tecnología de la Información SLU se impuso a la misma UTE al ser puntuada su oferta de forma más elevada. En este caso, los dos criterios de selección tenían exactamente el mismo valor (50 % cada uno).

En concreto, Indra obtuvo 41,5 de los 43,5 puntos posibles en el apartado técnico, mientras que Scytl-Vector sólo sumó 23,5. Así, mientras que la multinacional española logró una calificación de excelente o buena en los siete criterios técnicos analizados, Scytl no llegó al suficiente en dos parámetros y no pasó de suficiente en tres más.

Menos diferencia hubo en el capítulo económico, dado que Indra pujó con una oferta de 1,42 millones de euros (más IVA) y la UTE se comprometía a hacer el trabajo por 1,6 millones (más IVA). Cuando la Comunidad de Madrid resolvió este contrato, Indra ya había perdido el convocado por el Ministerio del Interior con vistas a las elecciones locales y europeas, circunstancia que quizá explique que afinara más el precio.

Auditoría del CNI

En el caso de la doble cita electoral del pasado domingo, Scytl-Vector había superado también la auditoría inicial encaminada a la certificación del sistema electoral ofertado de acuerdo con las exigencias requeridas a los sistemas clasificados como de nivel alto por el Esquema Nacional de Seguridad y fue realizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según las condiciones que reguló el concurso, la empresa estaba obligada a tener previstos los mecanismos de detección de incidencias «en toda la cadena de recogida, transmisión, recepción, tratamiento y difusión de los datos» y las «herramientas necesarias para resolverlas».

A preguntas de El Independiente, fuentes del Gobierno han considerado que aún no se ha tomado la decisión de si se va a aplicar alguna penalidad a la adjudicataria por prestación defectuosa del servicio, posibilidad que prevé el pliego de cláusulas administrativas. «Lo razonable es esperar a que terminen el trabajo y luego se hará balance», han zanjado.

De momento, la empresa ha debido de cobrar tan sólo la mitad de la cantidad por la que se firmó el contrato, concretamente tras la conclusión de la segunda prueba general. Un 25 % lo percibirá un mes después de que termine el escrutinio definitivo y la cuarta parte restante, una vez entregado y recepcionada la totalidad del servicio.

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