El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias dependiente de la ONU ha vuelto a emitir un informe en el que critica la prisión preventiva dictada por el Tribunal Supremo para los líderes del 1-O y reclama la excarcelación de los detenidos no incluidos en la anterior queja: Raül Romeva, Joaquim Forn Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa. Así lo ha hecho público hoy JxCat y ERC, en base al informe remitido por el Grupo al abogado Ben Emmerson, defensor de los líderes independentistas en esta instancia.

Pese a la polémica provocada por su último informe, calificado por el Gobierno de poco riguroso, el Grupo de Trabajo vuelve a asumir como propios todos los argumentos de Emmerson y a considerar que la detención de Forn, Romeva, Rull, Turull y Bassa «es arbitraria» por lo que reclama su puesta en libertad, la concesión de indemnizaciones y una investigación del Gobierno sobre el Tribunal Supremo como «responsable de la violación de sus derechos». Y, de nuevo, da seis meses al Gobierno para poner en práctica estas recomendaciones e informar al Grupo sobre el grado de cumplimiento de las mismas.

El informe del Grupo de Detenciones Arbitrarias vuelve a llegar en un momento especialmente delicado para el independentismo en términos judiciales. Durante la última semana, la constitución del Parlamento Europeo, que debía servir al independentismo como palanca de denuncia de su causa a nivel europeo, ha comportado especialmente para Carles Puigdemont dos severas derrotas. La primera, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó el lunes las medidas cautelares solicitadas por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, para que éste pudiera participar en la constitución de la Eurocámara en Estrasburgo.

Siguiendo la tesis de la Junta Electoral, el ya ex presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, evitó considerar acreditados a Puigdemont y Antoni Comín como eurodiputados, y el TJUE le dio la razón. Dos días después, la Comisión Europea rechazó la iniciativa ciudadana abanderada por Puigdemont para que Bruselas tomara medidas contra España por presuntas vulneraciones del Estado de Derecho en relación con el conflicto independentista.

La iniciativa de Puigdemont pretendía hacer que la Comisión Europea tomara medidas contra España a la luz del artículo 7 del Tratado de la UE, que puede llevar a sanciones como suspender el derecho de voto del país en el Consejo si se confirma una infracción sistémica. La Comisión, sin embargo, consideró inadmisible la iniciativa por estar «manifiestamente fuera de sus competencias».

El anterior informe del Grupo de Trabajo de la ONU también se hizo público después de un sonoro revés judicial del independentismo a nivel internacional: la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que rechazó la denuncia presentada contra el Tribunal Constitucional por la suspensión del Pleno del Parlament en el que Puigdemont quería proclamar la independencia. Una decisión en la que el Alto Tribunal dejó claro además que el TC debía actuar como lo hizo para proteger a los no independentistas ante los abusos de la mayoría parlamentaria.

Si ese informe se hizo público el 29 de mayo, pese a haberse aprobado el 25 de abril, la opinión hecha pública hoy fue adoptada sólo un día después, el 26 de abril. Sin margen, por tanto, para recoger las quejas expresadas por el Gobierno tras el primer informe.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez cargó entonces duramente contra la credibilidad y honestidad del grupo de trabajo, presidido por el mexicano José Guevara, que en anteriores ocasiones ya se ha alineado públicamente con las tesis del independentismo. En cualquier caso, este grupo es externo a la ONU aunque trabaja bajo su manto. El informe no es vinculante y sólo será leído ante el Consejo en una de sus reuniones en 2020.

Según Moncloa, los redactores del informe demostraron entonces “no saber de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia”, en referencia a Junqueras, Sánchez y Cuixart. Además, el Gobierno prácticamente hace burla de uno de los pasajes más sorprendentes del texto: “Consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española”. Un argumento que vuelve a recoger el Grupo de Trabajo en su informe referido ahora a Forn, Romeva, Rull, Turull y Bassa.