Política

El Gobierno descalifica el ‘informe de la ONU’ y cuestiona su imparcialidad

El Govern exigirá formalmente la retirada de todos los cargos y la excarcelación de los procesados por el 1-O en base al "dictamen de la ONU"

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El Gobierno descalifica el ‘informe de la ONU’ y cuestiona su imparcialidad
Inicio del informe del grupo de trabajo adscrito a las Naciones Unidas.

Inicio del informe del grupo de trabajo adscrito a las Naciones Unidas.

Resumen:

El Gobierno español ha reaccionado esta tarde al informe hecho público hoy por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que pide la liberación de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de pedir al Ejecutivo que libere a los tres presos preventivos y proceda a indemnizarles.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cargado duramente contra la credibilidad y honestidad del grupo de trabajo, presidido por el mexicano José Guevara, que en anteriores ocasiones ya se ha alineado públicamente con las tesis del independentismo. En cualquier caso, este grupo es externo a la ONU aunque trabaja bajo su manto. El informe no es vinculante y sólo será leído ante el Consejo en una de sus reuniones en 2020.

Moncloa desprecia los argumentos del informe del grupo de trabajo y habla de una ‘lamentable’ interferencia en el desarrollo del juicio

El Gobierno, en un comunicado, ha glosado lo que consideran falsedades contenidas en el documento, presentado a bombo y platillo por el independentismo para tratar de contrarrestar el mazazo recibido ayer por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es casualidad la fecha: se hace público 24 horas después de la decisión del TEDH, a 29 de mayo, pese a que lleva listo y aprobado desde el 25 de abril.

Según Moncloa, los redactores del informe demuestran “no saber de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia”, en referencia a Junqueras, Sánchez y Cuixart. Además, el Gobierno prácticamente hace burla de uno de los pasajes más sorprendentes del texto: “Consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española”.

Moncloa considera “especialmente grave” que el grupo de trabajo haya emitido su informe “poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes”, y lo interpreta como una “lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha”.

‘Dudas sobre su independencia’

En un duro comunicado, el gobierno de Sánchez asegura que el grupo de trabajo “plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios”.

“Nuestro país hace un llamamiento a sus responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante los intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos”, pide Moncloa, ante la publicación de un informe que asume un relato claramente de parte y pone sobre el denunciado la presunción de culpabilidad, sin dudar en ningún momento del relato de los líderes independentistas.

Eso, hasta el punto de que el informe “da por hecho que las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales”.

Además, el Gobierno recuerda que no es competencia suya la liberación de ningún preso y subraya que los miembros del cuestionado grupo de trabajo “no tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial”. También “dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia”.

Torra esgrime a la ONU para atacar a Fiscalía

Por contra, el dictamen ha sido esgrimido por el indepentismo como una gran victoria internacional, que debería llevar a la Justicia a la excarcelación inmediata de los procesados. El presidente de la Generalitat, Quim Torra ha anunciado en una declaración institucional desde el Salón Torres García del Palau de la Generalitat que exigirá a la Fiscalía y al Gobierno la retirada de todos los cargos contra los líderes independentistas procesados por la organización del referéndum ilegal del 1-O y ha exigido su inmediata puesta en libertad.

Torra ha anunciado que “el Govern se dirigirá formalmente a la fiscal general del Estado, a través del fiscal superior de Cataluña, para que a la vista de la decisión del Grupo de Trabajo promueva en el Tribunal Supremo y el resto de los órganos judiciales que persiguen la organización del 1-O la retirada de todas las acusaciones y pida la libertad inmediata de todos los presos políticos”.

El Govern celebrará una reunión extraordinaria este viernes para aprobar esta comunicación a la Fiscalía, que Torra sustenta en la Ley del estatuto del Ministerio Fiscal. “Cada hora de prisión es un paso más en la vulneración de los derechos humanos en España” ha añadido Torra, “una razón más que fortalece la determinación de construir una Cataluña libre y republicana”.

Este informe del Grupo de Trabajo, sin potestad para imponer su criterio jurídico sobre los países miembros de la ONU, ha sido presentada por el independentismo como un “dictamen de Naciones Unidas” que España no puede obviar. Así se ha expresado el abogado impulsor de la reclamación, Ben Emmerson, uno de los letrados del equipo internacional de Carles Puigdemont.

España debe sacarse de encima los instintos autoritarios heredados de la dictadura” asegura Emmerson, impulsor del dictamen

Emmerson ha advertido además al Gobierno que “si pretende demostrar que España es una democracia no tiene otra alternativa que liberar a los prisioneros políticos”. “Si no los liberan”, ha añadido, “España será condenada como un Estado pirata que está actuando en el centro de la Unión Europea”. Por ello, ha reclamado la amnistía para todos los procesados y el inicio de una “negociación internacional” que conduzca a la celebración de un referéndum de autodeterminación.

“La decisión de hoy debería marcar un punto de inflexión” ha concluido el abogado, quien ha conminado a España a “sacarse de encima los instintos autoritarios que ha heredado de la dictadura, las democracias no encarcelan a políticos democráticamente elegidos”.