Policías nacionales y guardias civiles alertan de que se produciría una "desbandada" en el País Vasco si el Ministerio del Interior atiende la recomendación formulada por la auditora externa de la equiparación salarial y elimina el complemento retributivo que se abona a los agentes destinados en esta comunidad. Ese plus de territorialidad se instauró hace casi 40 años debido al mayor riesgo que suponía servir en este punto del país por la amenaza de ETA.
Como ha informado El Independiente, Ernst&Young aboga en su informe por la revisión de la retribución complementaria de carácter especial que perciben los funcionarios de ambos Cuerpos en el País Vasco y Navarra en atención a la peligrosidad de sus puestos de trabajo. La consultora plantea esta "medida de eficiencia" habida cuenta la "nueva realidad" que se vive en la comunidad tras la disolución de la banda terrorista.
"Para nada compartimos esa opinión. Se sigue viviendo una fractura social y una problemática en el País Vasco que no se registra en otras zonas de España. Han sido mucho los agentes que han fallecido por defender el estado de paz que tenemos hoy y todavía hoy los compañeros tienen que llevar una especial precaución", opina Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Fernández considera que sin el abono de ese complemento dejaría de ser un destino demandado y reclama que se eleve el complemento de territorialidad para los funcionarios destinados en Cataluña. "Hacer una vida normal en esa comunidad no es posible si tu profesión es la de guardia civil", destaca.
Policías y guardias civiles sostienen que los agentes destinados en el País Vasco no pueden hacer "una vida normal" pese al fin de ETA
En el informe encargado por la Secretaría de Estado de Interior para determinar cómo deberían repartirse los 807 millones comprometidos para la equiparación salarial entre 2018 y 2020, pese a que la filosofía del acuerdo firmado en marzo de 2018 era que una firma independiente calculara si dicha cantidad era suficiente para alcanzar una igualdad retributiva con los Mossos "total y absoluta", la auditora también sugiere que se ofrezca un mayor incentivo económico por ejercer en Cataluña para paliar así el problema de plazas sin cubrir que se registra en esta comunidad por la carestía de vida y la presión independentista.
Según las retribuciones vigentes en el Cuerpo Nacional de Policía, los agentes que sirven en en el País Vasco y Navarra cobran un complemento de territorialidad de 678,61 euros al mes, cifra ligeramente inferior a la que perciben los guardias civiles que tienen plaza en estas comunidades: 680,32 euros.
Junto a este incentivo económico, los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en el País Vasco y Navarra gozan de más días de vacaciones y de asuntos propios, tienen garantizada una medalla al mérito policial (no pensionada) cuando cumplen cuatro años de servicio y gozan de derecho preferente para ocupar destino por antigüedad.
"No es una vida fácil"
"Es obvio que el peligro de ETA ya no existe, pero las condiciones sociales para vivir y trabajar no son las mejores. Los niños lo viven en el colegio, el ocio es nulo y tienes que recluirte en la casa-cuartel. No es una vida fácil y muchos compañeros se marcharían, convirtiéndose el País Vasco en un destino al que iría la gente de forma forzosa", señala José Francisco Silva Nieto, presidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).
Silva Nieto recuerda la agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en la noche del 15 de octubre de 2016 en un bar de Alsasua (Navarra), hechos por los que la Audiencia Nacional condenó en junio de 2018 a los ocho agresores a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión. "En cualquier pueblo del País Vasco o Navarra puede pasar lo mismo", advierte este suboficial.
Desde los sindicatos de la Policía Nacional también se defiende el mantenimiento del complemento de 'zona conflictiva' en el País Vasco y Navarra, aprobado por el Gobierno de Adolfo Suárez en agosto de 1980. "Resulta obsceno que se llegue a la conclusión de que hay que revisarlo con esa facilidad", critica el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío.
El funcionario lamenta que los consultores de Ernst&Young Abogados se hayan reunido con mandos durante el trabajo de campo previo a la redacción del informe de equiparación y "no con los agentes que están en la calle y que les habrían transmitido otra visión diferente". "No se puede obviar que han matado a más de 500 personas y que mucha gente condicionó la vida de sus familias durante años por estar allí trabajando para que ahora vengan unos técnicos con una goma de borrar y un lápiz y quieran cambiarlo absolutamente todo", critica.
Cataluña, Ibiza, Ceuta, Melilla...
Cosío considera "fundamental" que en plazas como el País Vasco, Navarra, Ibiza, Cataluña, Ceuta o Melilla -en el caso de las ciudades autónomas por la presión migratoria- "se incentiven" las plantillas policiales "si no queremos que pase lo que ocurrió en Cataluña ante el 1-O, cuando se vio la presencia tan débil que tenía el Estado".
El portavoz del SUP pronostica que, si se elimina dicha gratificación económica por 'zona conflictiva', un número importante de los policías nacionales que sirven en las provincias vascas se marchará y la comunidad se convertirá en un destino forzoso para los agentes que salgan de la Academia. "Es fundamental que las plantillas sean estables en estas comunidades para que el policía conozca la ciudad, la tipología delincuencial, las particularidades del paisaje y del paisanaje… De lo contrario, cuando el agente toma conciencia de ello se está marchando y el que viene tiene que empezar de nuevo", apostilla.
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