Cuando ya se visualiza la recta final de la investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol en la Audiencia Nacional, los miembros el clan han pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de dicho tribunal, el juez José de la Mata, que libre un oficio a la Agencia Tributaria para que certifique si en la actualidad poseen fondos o cuentas a sus nombres en algún paraíso fiscal.

Es el primer movimiento procesal llevado a cabo por la defensa del ex president Jordi Pujol i Soley, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos después de que el pasado mes de julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) entregase un extenso informe al magistrado donde cuantificaba en 290 millones la fortuna que llegaron a amasar procedente de la corrupción desarrollada durante cuatro décadas en Cataluña. Era la primera vez que los investigadores ponían cifra al botín de los Pujol.

En el nuevo escrito remitido al Juzgado, al que ha tenido acceso El Independiente, sus abogados solicitan a De la Mata que inste a Hacienda a certificarle si ha recibido alguna comunicación de más de cien jurisdicciones sobre la existencia de fondos depositados en dichos países a nombre de alguno de los miembros de la familia. Los letrados piden que la Agencia Tributaria les responda conforme al denominado ‘Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria’; un mecanismo que sirve para regular procedimientos sobre declaraciones tributarias en múltiples estados.

Según indican las fuentes consultadas, se trata de un instrumento puesto en marcha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que todos los años las jurisdicciones participantes intercambien de forma automática información de aquellos residentes fiscales que ostentan cuentas en terceros países.

El clan pretende refutar las afirmaciones realizadas por la UDEF que les atribuyó prácticas propias del “crimen organizado” y la “mafia”

Con esta medida, el clan pretende refutar las afirmaciones realizadas por la UDEF que les atribuyó prácticas propias del “crimen organizado” y la “mafia” para enriquecerse de forma ilícita durante décadas gracias a la corrupción. “La recurrente afirmación contenida en los informes de la UDEF de falta de colaboración de determinadas jurisdicciones, junto a la pretendida fijación de una foto patrimonial desorbitada y conformada a partir de singular sumandos respecto de un patrimonio que se intuye (…) no sitúa en la perplejidad”, asegura el letrado Cristóbal Martell, quien añade que no es el momento de “valorar la debilidades, gratuidades y lo inaprovechable” del citado documento policial.

222 folios contra los Pujol

A lo largo de 222 folios, la UDEF sostuvo que “la familia Pujol Ferrusola habría aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana en pro de acumular un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas”.

Estos movimientos procesales llegan cuando la instrucción de la causa llega prácticamente a su fin. Aunque el juez establecerá próximamente un plazo último para dar por terminada la investigación, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con un gran hándicap de cara a la vista oral: a lo largo de todos estos años no se ha podido acreditar la comisión del delito de cohecho cometido presuntamente por los miembros de la familia Pujol Ferrusola.

Sí consta a nivel indiciario el blanqueo de capitales (lavado de dinero en el extranjero) que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, exige de la comisión de un delito antecedente. Las distintas fuentes consultadas recalcan la dificultad con la que se encontrará Anticorrupción a la hora de formular en los próximos meses escrito de acusación contra el expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos debido a dicha circunstancia.