Han transcurrido casi dos años desde que el independentismo logró celebrar el referéndum de autodeterminación el 1-O y casi ninguno de los que eran protagonistas en aquellas fechas por la responsabilidad que ostentaban permanecen en esos puestos.

  • Mariano Rajoy. Era el presidente del Gobierno cuando tuvo lugar el desafío independentista, pasando a la historia como el primer jefe del Ejecutivo que aplicó el artículo 155 de la Constitución. Hoy está alejado de la escena política y ha vuelto a ejercer como registrador. El 2 de junio de 2018, ocho meses después del referéndum de autodeterminación, Pedro Sánchez prometió el cargo de presidente del Gobierno ante el Rey tras sacar adelante la moción de censura promovida contra Rajoy. El líder socialista contó con los apoyos de Unidas Podemos, PNV, Compromís, EH-Bildu, Nueva Canarias y dos grupos que defienden ardientemente la independencia de Cataluña: Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT. El sucesor de Aznar en la dirección del PP no sólo perdió el Gobierno. Dimitió como presidente del partido y dejó la política, reincorporándose a su plaza de registrador de la Propiedad en Santa Pola (Alicante). El 14 de septiembre de 2018, la Dirección General de los Registros y el Notariado anunció la asignación a Rajoy de la plaza en el Registro Mercantil 5 de Madrid. Desde que cedió el testigo a Pablo Casado, sus apariciones públicas han sido escasas.
  • Carles Puigdemont. Tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, Puigdemont no volvió a pisar nunca más su despacho de la Generalitat sino que optó por fugarse días antes de que la Fiscalía General del Estado interpusiera sendas querellas contra los integrantes del Govern y de la Mesa del Parlament. El president huyó a Bélgica, donde permanece desde entonces. A finales de marzo de 2018 fue detenido en Alemania tras la euroorden que el magistrado del Tribunal Supremo había dictado contra él por considerarlo autor de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Tras permanecer 12 días en prisión, quedó en libertad tras depositar una fianza de 75.000 euros después de que la Audiencia territorial de Schlewsig Holstein concluyera que no concurrían los requisitos que prevé la ley alemana para el delito de rebelión. En julio de 2018, el magistrado que instruyó la causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, retiró las euroórdenes contra todos los huidos. Instalado en Waterloo (Bélgica), Carles Puigdemont no ha podido tomar posesión de su escaño como eurodiputado al no haber acatado presencialmente la Constitución en la Junta Electoral Central (JEC).
  • Oriol Junqueras. El líder de ERC y número dos de la Generalitat cuando tuvo lugar el 1-O acumula ya casi 700 días en prisión preventiva. Junqueras es uno de los 12 ex altos cargos que han sido enjuiciados por el Alto Tribunal por su responsabilidad en el desafío independentista, pidiendo la Fiscalía para él una pena de 25 años de cárcel como autor de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. El Supremo ha impedido al ex conseller de Economía y Hacienda acreditarse como eurodiputado.
  • Carme Forcadell. La filóloga tarraconense era la presidenta del Parlament cuando se aprobaron las leyes de desconexión y, según el juez Llarena, tuvo una «participación medular» en el proceso independentista desde su etapa como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). «Puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república», mantuvo el instructor. Forcadell, juzgada también como posible autora de un delito de rebelión, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2018.
  • Josep Lluís Trapero. Era el máximo responsable de los Mossos cuando tuvo lugar la consulta ilegal y es considerado una «pieza clave» en el desafío separatista, motivo por el que la Fiscalía pide para él una pena de 11 años como autor de un delito de rebelión. «Cumplimos [el 1-O] todo lo que pudimos», defendió cuando testificó el pasado 14 de marzo en el juicio del procés. Trapero fue destituido como mayor de la Policía Autonómica cuando el Senado autorizó al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, habiéndose centrado en este tiempo en preparar su defensa. El tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzgará ha señalado el inicio de la vista oral para el próximo 20 de enero.
  • Juan Ignacio Zoido. Estaba al frente del Ministerio del Interior cuando se hubo de planificar la respuesta policial al referéndum del 1-O, lo que conllevó la movilización de miles de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir las instrucciones judiciales ante la ilegalidad de la convocatoria. Miembro del comité ejecutivo y de la junta directiva del PP, el político andaluz sacó acta en las últimas elecciones europeas, encargándose de cuestiones relacionadas con la agricultura. El que era número dos de Zoido en el Ministerio, José Antonio Nieto, es hoy el portavoz del PP en el Parlamento andaluz
  • Diego Pérez de los Cobos. Coronel de la Guardia Civil, fue el coordinador del dispositivo policial que se puso en marcha el 1-O y con el que la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos tenían que impedir que se desarrollara la votación, suspendida por el Tribunal Constitucional. Durante el juicio, Pérez de los Cobos mantuvo que el operativo de la Policía de la Generalitat para la jornada del referéndum fue una «estafa» y que estaba orientado a «facilitar» el desarrollo de la consulta en vez de a impedirlo. En abril de 2018 dejó el gabinete de estudios y coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad para asumir la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, puesto en el que continúa.
  • Félix Sanz Roldán. El general conquense dejó a principios del pasado mes de julio la dirección del Centro Nacional de Inteligencia CNI) tras agotar el mandato de 10 años. Llegó al puesto en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, se mantuvo con Mariano Rajoy y se ha jubilado con Pedro Sánchez. Los servicios secretos tenían como misión averiguar dónde guardaba el independentismo las urnas que se utilizarían el día de la votación, pero los contenedores en los que se depositaron los votos llegaron a los colegios electorales. El hecho de que no se haya podido formar gobierno tras las elecciones del 28 de abril ha impedido nombrar al sucesor de Sanz Roldán. De momento, la directora provisional es Paz Esteban, hasta ahora número dos del CNI.
  • José Manuel Maza. Fue el fiscal general que interpuso las querellas contra el Gobierno de Puigdemont y los integrantes de la Mesa del Parlament que dio pie al procedimiento instruido por el Tribunal Supremo, que ya ha juzgado los hechos y está a un paso de dictar la sentencia contra 12 dirigentes catalanes por su responsabilidad en el desafío independentista. Maza falleció en una clínica de Buenos Aires 19 días después de presentar las acciones penales.