Las distintas familias políticas del independentismo catalán llevan meses calentando motores para el ya denominado «otoño caliente» por la confluencia de la Diada, el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la sentencia del procés, que el Tribunal Supremo podría dictar a finales de la próxima semana.

Torra y los miembros de su Gobierno han vuelto a llamar a la «desobediencia civil» y a que los catalanes salgan a la calle «de manera masiva desde la lucha no violenta» como respuesta a la sentencia del procés, que se espera sea condenatoria para el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, los líderes de Òmnium Cultural y ANC y el resto de juzgados en el Tribunal Supremo por diseñar la ruta hacia la independencia de Cataluña.

Lo han hecho en un simbólico acto celebrado este martes en los jardines de la Sedeta de Barcelona que ha reunido a los líderes de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP y representantes de las dos principales asociaciones independentistas.

Pero, frente a esta demostración de unidad de las fuerzas independentistas, que piden a los catalanes «avanzar sin excusas hacia la república catalana», la Justicia va dando golpes de realidad al Gobierno de Torra. El presidente catalán afirma que «respetará aquello que quiera hacer la sociedad civil organizada». Sin embargo, cuanto más llama a la desobediencia, más crece la sombra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en su comunidad.

Segunda aplicación del 155

Precisamente este martes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser que ha estudiado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que dicho artículo de la Constitución se puede aplicar como lo hizo el Gobierno de Rajoy, con todas sus consecuencias, «aunque esté en funciones».

Sánchez también ha avanzado que de aquí al 10 de noviembre, cuando se celebrarán las elecciones generales, el Gobierno recurrirá ante el Constitucional todas las decisiones del Parlamento de Cataluña que considere inconstitucionales. Por otro lado, enviarán un requerimiento a la Mesa del Parlament sobre las últimas resoluciones independentistas, como la petición de que la Guardia Civil abandone la región.

Golpe a los CDR

Mientras el Ejecutivo amenaza con bloquear al independentismo en sus intentos por volver a los pasos marcados por Puidgemont con las leyes del Estado, la Justicia hace lo propio desde la Audiencia Nacional.

La entrada en prisión de los miembros de los Comités en Defensa de la República CDR), a los que el Juzgado Central de Instrucción número 6 sigue la pista desde hace más de un año, también ha supuesto un duro golpe para el independentismo catalán. La filtración de los autos de prisión y parte del sumario secreto por procedimiento reforzado ha sacado a la luz sus preparativos violentos. Una facción radical de los CDR se habría organizado como un grupo terrorista y habría almacenado explosivos que podría haber detonado en espacios públicos, según el juez Manuel García-Castellón. También habrían creado un «canal de enlace seguro» entre Torra y Puigdemont a través de la hermana de éste, que se habría reunido con los radicales, según informó en primicia Cadena Ser.

Los abogados de los CDR detenidos ya han pedido al juez que investigue las filtraciones que afectan a su derecho de defensa, así como que obligue a los medios a retirar las informaciones publicadas. Pero ya es tarde: la Opinión Pública conoce el alcance de las intenciones de los CDR.

Juicio a Torra

El próximo juicio por desobediencia al que deberá someterse el presidente catalán Quim Torra tampoco allana el camino al independentismo. Está previsto que se siente en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el próximo 23 de noviembre, 13 días después de la celebración de las elecciones. La Fiscalía solicita para él una multa de 30.000 euros y un año y ocho meses de inhabilitación. Una condena que le pondría en una situación difícil para continuar con su labor de seguidor del expresidente Puigdemont en el camino hacia una república independiente.

Los lazos amarillos

Para completar el círculo que ahoga cada vez más al independentismo, la Junta Electoral Central ha ordenado a Torra que retire los lazos amarillos en homenaje a los presos independentistas de todos los edificios de la Generalitat. Precisamente el incumplimiento de una obligación de las mismas características lleva al expresidente catalán al banquillo, por lo que no cumplir la orden supondría una reincidencia.

La sentencia del procés

Pero si hay una resolución que puede hundir la moral independentista y dejar a sus líderes sin ganas de seguir por el mismo camino, esa es la sentencia del procés por las altas penas de prisión -hasta 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- que se solicitan para los acusados.

El precedente de la condena a Artur Mas y su equipo de Gobierno por desobediencia en el 9-N, con inhabilitación por parte del Supremo y multas millonarias por parte del Tribunal de Cuentas, no es comparable a las consecuencias penales que puede tener la sentencia del denominado procés. Que la Fiscalía se haya mantenido firme en su acusación por rebelión aboca a los juzgados a un futuro negro, el de los principales líderes independentistas en prisión durante años.