Dos altos mandos de la Policía, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño investigados en el caso Villarejo, así como dos subordinados de este último, testigos de la causa, sitúan a Francisco Martínez, número dos del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, en el supuesto seguimiento y espionaje al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas desde el Gobierno para recuperar documentos sensibles contra miembros de dicho partido en su poder.

Se trata de la denominada operación Kitchen, en la que participaron los cuatro policías y que ahora investiga la Audiencia Nacional por si, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, se realizó al margen de la ley y en beneficio del PP poco después de salir a la luz la investigación del juez Pablo Ruz sobre la presunta financiación irregular de dicho partido.

Dos policías confirman la versión de García Castaño

Tanto Eugenio Pino, para el que la Fiscalía solicitó una fianza de 50.000 euros para eludir la prisión provisional, como Enrique García Castaño, se ratificaron este martes ante el juez en la versión de que Martínez autorizó los pagos con cargo a los fondos reservados para dicha operación.

En concreto, García Castaño volvió a afirmar que el ex secretario de Estado de Seguridad autorizó la compra de un equipo informático donde se volcó la información presuntamente robada a Bárcenas y que él mismo entregó al ex secretario de Estado de Seguridad en presencia de dos policías. El ex jefe de la UCAO ya aclaró al juez en declaraciones previas que dicha información, que consistía en el volcado de los teléfonos móviles de Bárcenas, fue entregado por el chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos, a García Castaño y a los dos policías de su equipo en un restaurante de la cadena Vips de Madrid.

Sergio Ríos, también imputado en la causa, recibió un sueldo de 2.000 euros durante dos años con cargo a los fondos reservados por colaborar en la operación presuntamente montada por el Gobierno del PP. La información entregada a Martínez nunca fue facilitada al juez Pablo Ruz por parte del Gobierno.

Antes de verano, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, tenía previsto tomar declaración a los dos policías que acompañaban a García Castaño cuando se produjo la entrega del dispositivo. El instructor supeditaba la decisión de imputar al ex político del PP a la declaración de estos dos polícias que confirmaron el relato de hechos del ex jefe de la UCAO ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

Según ha podido saber El Independiente, el instructor ya ha tomado declaración a ambos como testigos y éstos han confirmado su versión. Por lo tanto, ya son cuatro testimonios de policías los que sitúan a Francisco Martínez como responsable del Gobierno que autorizó dicha operación presuntamente al margen de la ley y le ponen al borde de la imputación en la causa. Sin embargo, el instructor aún no ha tomado la decisión de citarle como investigado, según ha podido conocer este periódico de fuentes jurídicas.

Papel de Gómez Gordo en el informe PISA

A preguntas de la acusación popular del caso, ejercida por Podemos, Enrique García Castaño también se ha referido a la autoría del denominado informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) que el Gobierno de Rajoy habría encargado realizar en la Policía y que se filtró a distintos medios de comunicación para dañar la imagen del líder del partido de izquierdas y evitar así su entrada en el Gobierno en 2016.

Según ha afirmado García Castaño en sede judicial, el encargado de realizar dicho informe fue Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal, mientras estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, como ya adelantó El Independiente en abril.

Gómez Gordo regresó a la Policía después de trabajar junto a la ex secretaria general del PP en el Gobierno de Castilla-La Mancha mientras lo presidió, concretamente como director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades. Sin embargo, su cargo efectivo era el de policía de confianza de la política del PP. También está investigado en la pieza Kitchen del caso Villarejo.