El independentismo catalán vivió ayer el que probablemente será el día más dulce de la campaña gracias sobre todo a Pedro Sánchez y su empeño en colocar la extradición de Carles Puigdemont como argumento electoral. Primero, con el sonoro patinazo del propio Sánchez cuando aseguró, ante los micrófonos de RNE, que la Fiscalía depende del Gobierno para «colgarse» la medalla de haber activado la petición de euroorden contra el ex presidente catalán.

Y horas después, la administración británica completaba el desconcierto haciendo pública una nota en la que anunciaba el rechazo por parte de la policía de la petición de extradición de Clara Ponsatí -ex consellera de Educación cuando se llevó a cabo el referéndum ilegal del 1-O- tachando la petición de «desproporcionada» pese a que Ponsatí está acusada de sedición. Una calificación que la administración británica retiró después, aunque sigue reclamando «más información» a la justicia española para dar curso a la extradición de Ponsatí.

Revés europeo

El nuevo revés exterior de la justicia española, y más concretamente del juez Pablo Llarena, ha sido lo que más ha animado a las bases secesionistas, que siguen poniendo en el «frente exterior» todas sus esperanzas de seguir adelante con el proceso independentista. La reclamación de más información, que cuestiona aparentemente la euroorden cursada por Llarena, da alas a las esperanzas de que la justicia belga, más impermeable que ninguna otra justicia europea a las peticiones españolas, rechace entregar a España no solo a Comín y Puig, que siguen en este país, sino también a Carles Puigdemont.

La entrega del ex president sería un golpe tremendo para el discurso independentista, que basa ahora su argumentario en que la justicia europea no avalará la «sentencia injusta y desproporcionada» del Tribunal Supremo. Y, al contrario, su victoria en los tribunales belgas frente a España dará alas a ese discurso no solo en Cataluña, sino también ante una opinión pública europea que el independentismo lleva años cultivando cuidadosamente.

De ahí que sea especialmente inoportuno el «desliz» del presidente en funciones sobre la independencia de la Fiscalía en esta cuestión. Pedro Sánchez ya generó una fuerte polémica en Cataluña al asegurar el lunes, en el debate a cinco de TVE, que «traería» a España a Carles Puigdemont para que rinda cuentas ante la Justicia española. Una afirmación que ha llevado al mencionado ex president y a su partido a acusar a Sánchez de «volver a los tiempos oscuros del Gal», remitiéndose al secuestro de Segundo Marey en Francia.

Pero lejos de rectificar, el candidato socialista insistió ayer, recalcando en RNE que el Gobierno español está haciendo lo posible para que así sea y está suministrando a la justicia belga toda la información necesaria para que sea efectiva la euroorden contra Puigdemont.

Sánchez apuntó que fue la Fiscalía la que pidió la activación de la euroorden y lo ha puesto como prueba de que el Gobierno está actuando, al hacer una pregunta retórica: «¿De quién depende la Fiscalía?». Ante la respuesta del periodista de que «del Gobierno», Sánchez ha rematado: «Pues ya está».

La afirmación ha llevado a las asociaciones de fiscales a salir en tromba en defensa de la independencia del Ministerio Fiscal, pero esas quejas no han frenado a Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, que rápidamente ironizaba afirmando que «hemos contratado» a Sánchez para la defensa, consciente del roto que esta afirmación le hace a la imagen de la Justicia española en Europa.