La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a través de su representante Miguel Ángel Carballo, solicitó este miércoles que los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR acusados de integración en grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos continúen en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Los abogados de los radicales independentistas recurrieron los autos de prisión y solicitaron su puesta en libertad alegando «continuas vulneraciones de derechos humanos» como el «derecho de defensa» por no poder acceder al sumario contra ellos al estar secreto, así como porque «no existen hechos concretos y directos que se les puedan imputar», según han alegado en las vistas de revisión de la prisión celebradas esta mañana a solicitud de los acusados. Sus letrados han pedido que se les traslade a prisiones catalanas.

Los cinco CDR sobre los que se han celebrado las vistas, a puerta cerrada, son Eduard Garzón, Xavier Buigas, Ferran Jolis, Alexis Codina y Guillem Xavier Duch. La Sala Segunda decidirá próximamente sobre las peticiones de libertad con la posición de la Fiscalía en contra.

El fiscal ha mantenido los argumentos por los que solicitó la prisión provisional al juez instructor Manuel García-Castellón. Considera que en todos los casos existe riesgo de reiteración delictiva e insiste en la gravedad de los delitos que se les imputan, según fuentes jurídicas.

Planearon asaltar el ‘Parlament’

Según el sumario de la causa, los CDR detenidos tenían planeado asaltar el Parlament entre el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la publicación de la sentencia del procés.

Los investigados, como reconocieron dos de ellos en sede judicial, se hicieron con materiales explosivos con los que «experimentaron» y buscaron atacar infraestructuras críticas, como el aeropuerto del Prat o torres de electricidad de cara a la publicación de la sentencia contra los líderes independentistas.

«Buscad un traductor»

Tras la celebración de las vistas, los abogados de los acusados, pertenecientes a la plataforma a favor del independentismo Alerta Solidària han rehusado atender a los medios de comunicación en castellano. Una de las abogadas, al solicitarle algunos periodistas que hiciera una comparecencia en castellano, ha contestado: «Buscad un traductor». Los letrados también han acusado a los periodistas que siguen la información de tribunales de «convertirse en altavoz de las decisiones judiciales».