El PP vasco presentará hoy en el Parlamento Europeo un informe sobre el fenómeno de la “radicalización” que asegura se está produciendo en el País Vasco por la falta de deslegitimación social e institucional de algunas manifestaciones de apoyo al entorno de ETA. El citado documento detalla cuál es la situación que se vive actualmente en Euskadi y Navarra por acción de la izquierda abertzale y su imposición de una “visión justificadora del terrorismo como herramienta política”. Para ello, el PP detalla en el informe que hoy presentará en la Cámara Europea algunos de los homenajes y actos públicos que convierten en “héroes” a los miembros del a banda terrorista que abandonan la cárcel sin haber rechazado el uso de la violencia.

La secretaria general del PP en el País Vasco, Amaya Fernández y el europarlamentario popular, Javier Zarzalejos, serán los encargados de presentar el informe con el que confían en que se pueda “internacionalizar” su denuncia sobre la situación en la que se encuentra Euskadi tras la disolución de ETA. El documento apunta que si hasta mayo de 2018, cuando se disolvió formalmente ETA, era la acción de la banda la mayor amenaza para la convivencia en Euskadi, ahora lo es “la radicalidad y la falta de deslegitimación del terrorismo”: “Se constata el mantenimiento de una cultura del odio como caldo de cultivo y expresión más patente que se proyecta hacia España y hacia las instituciones del Estado”, apuntan.

Recuerdan que el entorno que durante décadas apoyó a la banda criminal intenta ahora “legitimar” a la organización criminal y “construir un relato” ante las nuevas generaciones en las que se presenta a los militantes de ETA como “héroes” orgullosos de su compromiso. Una justificación de su pasado construida en un relato que apunta hacia que los terroristas se vieron obligados al empleo de la violencia contra “un villano”, el Estado español y el francés, contra una “víctima”, el Pueblo vasco, que debían salvar de su opresión.

"Culto al terrorista"

A lo largo del documento se recuerdan episodios como las manifestaciones del secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, cuando en octubre pasado afirmó que los miembros de ETA no fueron “meros delincuentes y terroristas” o cuando aseguró que dirigentes de la banda como Josu Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, no está “tan claro de que hubiesen sido un peligro para la democracia”.

Para el PP, el fondo ideológico que sustentó a ETA durante décadas “sigue estando en desarrollo en diferentes colectivos. Subrayan de modo especial el empleo de niños y menores de edad en muchos de los actos de homenaje a los miembros de la banda que se celebran en el País Vasco. Sólo en 2018, según el ‘Observatorio contra la Radicalización’, elaborado por Covite, se celebraron al menos 192 actos de “culto al terrorismo y homenajes alentados por la izquierda abertzale desde instituciones y tribunal públicas”. A ellos se sumarían alrededor de 70 en lo que va de 2019.

Tras detallar cuál es la escenificación habitual en este tipo de homenajes y reconocimientos a los presos de ETA a su salida de prisión -tras cumplir largas condenas-, se insiste en que no se trata de bienvenidas de amigos y vecinos, como asegura la izquierda abertzale. Los populares vascos señalan que detrás existe “una estrategia de comunicación destinada a generar una verdad pública que convierta a asesinos en héroes y a los poderes públicos en villanos”. Añaden que ese relato e intento por fabricar una verdad falsa debería ser “confrontada con la crítica sistemática” de los actos de “culto al terrorismo” y con un “aislamiento político” de quienes los respaldan. Sin embargo, concluyen, “eso es algo que no ocurre en el País Vasco.

En la radiografía que se hace de la actual situación en Euskadi se destaca que el País Vasco es hoy un lugar donde la segunda fuerza política, EH Bildu, “justifica y disculpa el asesinato selectivo de hombres, mujeres y niños llevada a cabo por ETA durante cuatro décadas. Añade que ello persiste sin que “el resto de formaciones, a excepción del PP vasco, exijan de forma real a esa fuerza política la condena del terrorismo como condición imprescindible para que sea tratada como un agente público legítimo”.