La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en Cataluña, denuncia en un vídeo la campaña de "desprestigio y presión contra el Poder Judicial" por parte del independentismo iniciada, según resumen, tras el referéndum del 9-N del Gobierno de Artur Mas y recrudecida tras la investigación contra los miembros del procés a la que puso fin la sentencia del Tribunal Supremo.
La asociación de jueces alerta de la "desertización" en la comunidad a causa del desafío secesionista. Según los datos que ellos mismos proporcionaron recientemente, hasta 100 jueces se han ido de Cataluña en los últimos tres años: 21 en 2017, 48 en 2018 y 32 en 2019.
Ley de transitoriedad jurídica
En un didáctico vídeo de dos minutos, la asociación de jueces resume los motivos por los que se ha llegado a tal situación y culpa al independentismo del éxodo de profesionales. Según afirman, la campaña de "desprestigio y presión al poder judicial" se inició en 2015, al iniciarse una investigación contra el ex presidente catalán Artur Mas por la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014.
Según la APM, la presión contra los jueces aumentó con la presentación de la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por un posible delito de desobediencia ante el Tribunal Constitucional.
Los magistrados denuncian que en 2017 el Gobierno catalán trató de romper el sistema de separación de poderes y elegir a sus propios jueces. "En 2017, el Govern y el Parlament de Cataluña, obviando la separación de poderes y la independencia judicial, promulgaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República, que pretendía la designación de jueces por el Govern de la Generalitat".
La situación se recrudeció, según los jueces, durante el denominado "otoño caliente" de 2017, cuando fueron detenidos los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, condenados por el Supremo por el asedio a la consejería catalana de Economía mientras se practicó un registro judicial.
Acoso y ataques a sedes
"El 20 de septiembre se produjo un grave ataque a la Administración de Justicia al tratar de impedirse un registro judicial. Con el avance de los procedimientos judiciales contra líderes independentistas se intensificó la campaña de presión con acoso a jueces y ataques a sedes judiciales, lo que exigió la protección policial de los juzgados. A su vez, la Generalitat hizo dejación de sus funciones no invirtiendo en mantenimiento de edificios o no poniendo en marcha nuevos juzgados", denuncian. Una campaña de acoso que, según afirman, "se ha recrudecizo tras la sentencia del procés". De ahí que reclamen "medidas para proteger a los jueces y evitar la desertización del poder judicial".
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