Política

Interior ignora al Defensor del Pueblo y se niega a darle datos sobre la equiparación salarial

El departamento que dirige Grande-Marlaska se resiste a dar la información al Defensor del Pueblo, a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y tras un dictamen estimatorio del Consejo de Transparencia

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Interior ignora al Defensor del Pueblo y se niega a darle datos sobre la equiparación salarial
Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad, en un acto oficial.

Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad, en un acto oficial. EP

Resumen:

El Ministerio del Interior ha eludido en dos ocasiones atender el requerimiento de información que le ha hecho la Oficina del Defensor del Pueblo en relación con el acuerdo de equiparación salarial en los Cuerpos policiales, lo que le ha obligado a recordarle al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que tiene un «inexcusable deber de colaboración» y a solicitarle nuevamente la documentación.

El Defensor del Pueblo tramita desde principios de agosto una queja formulada por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que llamaron a su puerta ante los «incumplimientos» en la ejecución del acuerdo con el que Interior se comprometía a igualar las nóminas de policías nacionales y guardias civiles con las de los Mossos d’Esquadra.

En concreto, las dos organizaciones se quejaban de que cuando presentaron el escrito -finales de junio- el Gobierno no les había informado aún sobre el contenido del informe comparativo encargado a la consultora Ernst&Young sobre las retribuciones y los puestos de trabajo en los tres cuerpos policiales, así como que no se hubiera contado con ningún representante de los sindicatos y asociaciones profesionales en el proceso de elaboración.

En un escrito fechado el pasado 12 de noviembre, la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer, se excusa ante la CEP y la AEGC por el «retraso» en el esclarecimiento de los hechos denunciados y achaca la demora al hecho de que la Secretaría de Estado de Seguridad no le había enviado la «información solicitada».

A la vista de que Interior no le había proporcionado la documentación requerida, el Defensor del Pueblo volvió a pedírsela el pasado 3 de octubre. Más de un mes después seguía sin llegar, circunstancia que el organismo ha puesto en conocimiento de los denunciantes para justificar por qué no ha resuelto aún su queja.

«Ante esa falta de respuesta, el Defensor del Pueblo se ve obligado a recordar por segunda vez a la Administración su inexcusable deber de colaboración», escribe Ferrer, que recuerda que esa obligación está recogida de forma expresa en el artículo 19 de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo: «Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones».

El departamento que dirige Grande-Marlaska se resiste a dar la información al Defensor del Pueblo, a un juez y por Transparencia

La Secretaría de Estado de Seguridad está haciendo gala de su opacidad en los procedimientos abiertos en diversas vías con los que se trata de esclarecer si obligó a la consultora a que circunscribiese las conclusiones de su informe a los 807 millones de euros ya comprometidos para el trienio 2018-2020, atándole así las manos para determinar si se requiere una cantidad mayor para que la equiparación sea total.

En un documento que tuvo entrada en el área de relaciones con tribunales del Ministerio del Interior el pasado 24 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid daba al departamento que dirige Grande-Marlaska un plazo de diez días para que le enviara de una vez el expediente completo, tras no atender su requerimiento inicial. Este órgano tramita una demanda que la CEP interpuso el pasado 10 de mayo, sin que disponga aún de toda la documentación para poder entrar en el fondo.

Interior tampoco ha atendido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la que le instó el pasado 13 de agosto a entregar a este periódico los «entregables» que, según el pliego de prescripciones técnicas que reguló el concurso público, la consultora le fue aportando antes de presentar el informe final.

El Gobierno ni ha facilitado la documentación en el plazo de 10 días hábiles que le había dado el organismo independiente encargado de promover la transparencia ni ha presentado recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, para lo que disponía hasta mediados de septiembre.

Pago del tercer tramo

La ejecución del acuerdo de equiparación salarial está pendiente de que se abonen los 247 millones de euros correspondientes al tercer tramo, previsto para 2020. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha mostrado su disposición a pagar este importe, pero no se ha precisado cuándo.

En 2019, el departamento que dirige Grande-Marlaska acordó que el 57,28 % de los 250 millones del segundo tramo sería para la Guardia Civil y el 42,72 % para la Policía Nacional. Ello suponía una ligera modificación respecto al criterio aplicado en 2018, cuando la distribución fue del 59-41 %. En cifras absolutas, la variación ascendió a 4,3 millones.

La consultora que ha elaborado el informe de equiparación salarial corrige el criterio aplicado por Interior este año y aboga por que los agentes del Instituto Armado reciban el próximo año el 59 % del dinero y los policías nacionales el 41 %, lo que supondría volver a la proporción acordada para el primer tramo. De atenderse esta conclusión, 145,7 de los 247 millones comprometidos corresponderían a los guardias civiles.