Abogados ven "inevitable" la imputación de Carmen Calvo por el préstamo por el que ya investigan a Chaves

Abogados consideran "inevitable" la imputación de Carmen Calvo en la causa en la que se investigan posibles irregularidades en la concesión por parte de la Junta de Andalucía de un préstamo-puente de 5,8 millones de euros a una empresa cárnica de Jaén en diciembre de 1999, al formar parte del órgano colegiado que acordó dicha operación. La actual vicepresidenta del Gobierno en funciones goza de fuero y sería el Tribunal Supremo el único órgano competente para dirigir una eventual actuación penal contra ella.

Se trata del procedimiento en el que el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha imputado ya al ex presidente andaluz Manuel Chaves y a cuatro ex consejeros (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo) -junto a diez personas más- por la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El instructor sospecha que a través de este crédito "podría haberse simulado una ayuda pública directa" al margen de los "principios y procedimiento" legalmente establecidos, "con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos".

Como ha desvelado El Independiente, Calvo participó en la reunión del Consejo de Gobierno andaluz en la que se acordó otorgar un crédito de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA como anticipo a cuenta de las subvenciones que la empresa recibiría por las inversiones y la creación de empleo tras comprar los activos de Hijos de Andrés Molina. La sesión tuvo lugar concretamente el 9 de noviembre de 1999 y el acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) justo un mes después.

En el auto de imputación de Chaves y Zarrías, el juez no pasa por alto el hecho de que la aprobación de aquel crédito se incluyó "por vía de urgencia" en el orden del día de la citada reunión y que no fue analizada previamente en la reunión semanal de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como consejillos.

El acuerdo publicado en el BOJA lleva las firmas de Chaves como presidente de la Junta de Andalucía y de Guillermo Gutiérrez, el consejero que elevó la propuesta en su calidad de titular de Trabajo e Industria. El Ejecutivo ratificaba así la resolución que había adoptado el 29 de octubre de 1999 el consejo rector del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo público que utilizó durante una década la Administración autonómica para pagar las ayudas a prejubilados y empresas que concedía previamente la Consejería de Empleo con cargo al fondo de reptiles.

Carmen Calvo, Magdalena Álvarez...

Carmen Calvo asistió a aquella reunión en su calidad de consejera de Cultura, responsabilidad que comenzó a desempeñar en abril de 1996 y que ostentó hasta que en febrero de 2004 se incorporó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como ministra de Cultura.

Completaban aquel gobierno bipartito (PSOE-PA)en Andalucía los socialistas Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda), también inhabilitada ahora por la Audiencia de Sevilla en la pieza política del caso ERE; Carmen Hermosín (Gobernación); Paulino Plata (Agricultura y Pesca); José Luis García de Arboleya (Salud); Manuel Pezzi (Educación); José Luis Blanco (Medio Ambiente); Isaías Pérez Saldaña (Asuntos Sociales) y los andalucistas Antonio Ortega (Relaciones con el Parlamento) y José Núñez (Turismo y Deportes).

Fuentes jurídicas consultadas por este diario no tienen dudas de que la investigación alcanzará a todos los integrantes del gabinete de Chaves que facilitaron con su aprobación la concesión de dicho préstamo a Campocarne, que dejó de devolver 3,75 millones de euros. Ése sería el menoscabo causado presuntamente al erario.

La hoy vicepresidenta participó en la aprobación del préstamo bajo sospecha, que ha podido ocasionar un menoscabo al erario de 3,7 millones de euros

Existen precedentes de cierta analogía. En julio de 2018, en el marco de la instrucción del caso Lezo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó a todo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón por la aprobación de la compra de la compañía colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) por parte de la empresa de aguas Canal de Isabel II a un precio inflado. El magistrado terminó archivando las actuaciones para gran parte de los integrantes del gabinete cuando dio por termina la instrucción, entre ellos el ex presidente madrileño.

Cuando el Ministerio Público ha pedido al juez que abriera una causa para investigar las circunstancias de este préstamo tan sólo señalaba a tres consejeros de aquel Ejecutivo (Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez y Francisco Vallejo). La duda es si ahora, conocido quién asistió a la sesión en la que se dio luz verde a la operación crediticia, pedirá que se amplíe la investigación a todos los integrantes del gabinete o es la acusación popular que ejerce el PP andaluz la que lo solicita.

En el caso de que apreciara que de la conducta de Carmen Calvo se puede derivar una posible responsabilidad penal, el juez tendrá que comunicar a la actual vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad la existencia del procedimiento para que pueda conocer las actuaciones y ejercer su derecho de defensa, según establece el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Salvo que la imputada lo pidiera formalmente, el magistrado no podría tomarle declaración como imputada, dado que los miembros del Gobierno gozan de fuero ante el Supremo. El magistrado tendría que elevar una exposición razonada al Alto Tribunal para que acordara su competencia y si debe investigarla, como hizo Mercedes Alaya durante la instrucción del caso ERE respecto a nueve diputados (nacionales y autonómicos) y senadores: Manuel Chaves, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y María del Mar Moreno.

El papel de Zarrías

Chaves y Gutiérrez son dos de los altos cargos imputados ahora por el juez Vilaplana a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. También otros tres consejeros que asistieron a aquella reunión: Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia en aquellas fechas; Guillermo Gutiérrez (Trabajo e Industria) y Francisco Vallejo, entonces al frente de Obras Públicas y Transportes.

El jiennense Zarrías tuvo un papel relevante en la respuesta que ofreció la Junta de Andalucía a la crisis laboral derivada de la insolvencia de Hijos de Andrés Molina, una empresa señera en esta provincia que generaba centenares de empleos. Las ayudas para pagar las prejubilaciones de estos trabajadores se encuentra en el origen del caso ERE.

El 2 de diciembre de 1999, semanas después de que el Consejo de Gobierno ratificara la concesión del préstamo-puente, Zarrías firmó un convenio con el entonces presidente de Campocarne Andalucía SA -Miguel Ángel Ortega Bernal, ahora imputado- por el que la Junta se comprometía a otorgar ayudas por hasta 471 millones de euros (2,83 millones de euros) por la creación de empleo. Éste es uno de los hechos que relata Anticorrupción en el escrito con el que pedía al juez que investigara a la antigua mano derecha de Manuel Chaves.

La Administración autonómica se comprometía a desembolsar ese montante antes de que terminara el mes de marzo del año 2000, estando previsto que esa subvención se destinara a la amortización parcial del préstamo-puente.

Cuando Primayor Foods SL adquirió Campocarne en abril de 2004, el comprador cifró en 637 millones de pesetas (3,83 millones de pesetas) la cantidad que quedaba por devolver del citado préstamo -la amortización pendiente, por tanto, era aún del 67,7 % del dinero concedido (940 millones de euros)- y pidió a la Junta de Andalucía una "condonación total" para poder llevarlo al patrimonio neto de la empresa.

Condonación

En su escrito, los fiscales explican que no consta en las actas del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -sucesora del IFA- ninguna mención a la condonación, que el préstamo hubiera sido fallido o que se hubiera convertido en un crédito participativo la deuda pendiente.

"Podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación", defiende Anticorrupción.

Compartiendo el criterio del Ministerio Público, el juez Vilaplana considera que los presuntos delitos no han prescrito y accede a solicitar a la Junta de Andalucía diversa documentación sobre el préstamo bajo sospecha para el esclarecimiento de los hechos. El instructor, de momento, pospone citar a los imputados a tomarles declaración en dicha condición procesal a la espera de que el expediente se incorpore a las actuaciones y los investigados puedan analizarla a fin de respetar su derecho de defensa.