El Gobierno intenta quitar hierro a los efectos de su acuerdo con Esquerra

La alianza de PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña se abre camino para formar Gobierno y sus consecuencias resultan inquietantes en ámbitos del país como el económico y en el político, dentro del propio partido de Pedro Sánchez, aunque ningún dirigente se atreva a constestar en público a esa estrategia. Sólo voces históricas como la de Alfonso Guerra muestran esa preocupación: "Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", aseguró ayer por la mañana en Herrera en Cope, antes de que -ironías del destino- los Tedax desactivaran una granada en un centro de menores inmigrantes en Madrid.  

"Es escalofriante que un 35% del Congreso no acate la Constitución", advirtió, mientras reprochaba que el PP "mime a Vox" y el PSOE a "independentistas y populistas". "Todavía hay tiempo de hablar", aseguró, con el objetivo de "evitar que la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene responsabilidad".

Tras estas críticas, Moncloa lanzó una operación de control de daños de su decisión de apostar por el acuerdo con ERC en vez de intentar negociar la investidura con el PP y con Ciudadanos. Desde Londres, Pedro Sánchez intentó minimizar los efectos de su acuerdo con los separatistas asegurando que será público y que se enmarcará dentro de la legalidad.

Paralelamente, dirigentes socialistas como José Luis Ábalos justificaron las cesiones a las exigencias de ERC en la necesidad de encontrar un "cauce de expresión" que no obligue a delinquir a los independentistas. El ministro de Fomento en funciones defendió la necesidad de "encarar un conflicto que trasciende a la propia Cataluña y que afecta a la propia institucionalidad del Estado", después de que Pedro Sánchez insistiera hasta la saciedad en la campaña electoral en que en Cataluña "no hay un problema de independencia, sino de convivencia" que deberían afrontar los catalanes hablando entre sí.

"Es evidente que hay un conflicto político", sentenció ayer el ministro de Fomento en funciones, que abogó por "buscar, desde la asunción de ese problema que no afecta sólo a Cataluña, sino al conjunto de España, un cauce de expresión en el que no sea necesario ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico".

Para contribuir a ese relato que normaliza unos acuerdos que el propio PSOE rechazaba de plano hace un mes, los socialistas y sus socios están utilizando especialmente a Vox. El partido de Santiago Abascal lo justifica todo. "Frenar a la ultraderecha" se ha convertido en el mantra que aglutina a la alianza de PSOE y Unidas Podemos con partidos independentistas con líderes encarcelados o fugados por incumplir la ley, o que directamente justifican el terrorismo, como ERC, JxCat o Bildu. Para que el foco no se ponga sobre lo que Alfredo Pérez Rubalcaba denominó como Gobierno Frankenstein, el PSOE y Podemos intentan llevar la atención pública hacia Vox.

Ocurrió el martes durante la sesión constitutiva de las Cortes, cuando el PSOE defendía la necesidad de establecer un cordón sanitario al partido de Santiago Abascal mientras los votos socialistas votos le facilitaba una vicepresidencia del Congreso.

La estrategia se completó con gran ruido en las redes sociales ayer, cuando desde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta Alberto Garzón y Gabriel Rufián, señalaron directamente al PP, a Cs y a Vox por la colocación de una granada en un centro de menores extranjeros en Madrid.

Durante su visita a la Cumbre del Clima contra el Cambio Climático (COP25), Grande-Marlaska se ha referido al incidente en el centro de menores extranjeros de Hortaleza para confirmar que el artefacto desactivado por los Tédax dentro de una bolsa de plástico es una granada de entrenamiento que «no tiene ningún poder lesivo».

Grande-Marlaska explicó que desconoce quién ha arrojado esta granada para acto seguido señalar a Vox. «Este acto videncia lo preocupante que son los discursos de odio», aseguró. En su opinión, esos discursos «llamando a la xenofobia o a la discriminación muchas veces son la antesala de hechos más graves». «Tenemos que ser muy vigilantes con los discursos de odio que tienen una gravedad por afectar a la diversidad, a la tolerancia», añadió.

Este guión lo siguieron en redes sociales dirigentes de ERC como Gabriel Rufián y de Podemos como Alberto Garzón e Isabel Serra, que culpó directamente a Rocío Monasterio (Vox), que en campaña electoral visitó varios de esos centros en Madrid y en Sevilla. "Qué asco y qué impotencia. Monasterio, la que les señala, es responsable", aseguró Serra, extendiendo esa culpabilidad al PP y a Ciudadanos "por tener un gobierno gracias a la ultraderecha, que les da voz y por llevar años sabiendo que la situación era cada vez peor, con más violencia, y no haber puesto plazas ni políticas para acabar con el maltrato institucional que sufren estos niños".

Preguntado por esas acusaciones, el  vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro condenó este miércoles el lanzamiento de una granada al interior del centro de primera acogida de menores extranjeros del distrito madrileño de Hortaleza.

"Eso está en el frontispicio de la declaración política y de principios de Vox, condenar siempre y cualquier tipo de violencia producida sobre cualquier persona institución o bienes», insistió, mientras fuentes del partido de Santiago Abascal lamentaron que algunas formaciones «utilicen unos hechos tan graves» para atacar a Vox. «Es vergonzoso que se use la violencia, injustificable en cualquier caso, con fines políticos. Estamos a la espera de las conclusiones de la investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», explicaron.