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El PNV 'aguanta la respiración' ante la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi

Tras un año de juicio y otro de deliberación, la Justicia dará a conocer hoy la sentencia del 'caso De Miguel' de cobro ilegal de comisiones y adjudicación de contratos que implica a 26 acusados, entre ellos ex altos cargos del PNV y el Gobierno vasco.

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El PNV 'aguanta la respiración' ante la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi
Alfredo De Miguel, junto a su abogado, a la salida de la Audiencia Provincial de Alava.

Alfredo De Miguel, junto a su abogado, a la salida de la Audiencia Provincial de Alava. Mikel Segovia

Resumen:

En el PNV aguantan la respiración. Esta mañana podría diluirse para siempre el mensaje que ha promulgado con profusión y según el cual ellos no son como el resto, que el PNV es un partido conformado por personas honradas, honestas y alejadas de la corrupción. El histórico ‘oasis vasco’ al que los nacionalistas han hecho referencia, más antes que ahora, podría hoy demostrarse que es un espejismo. La Audiencia de Álava celebra hoy la sesión más incómoda en la historia de la formación y que en Sabin Etxea seguirán con detenimiento. En ella se leerá la sentencia del llamado ‘caso De Miguel’, el más grave proceso de corrupción jamás juzgado en el País Vasco. Durante casi un año se ha juzgado a 26 acusados, muchos de ellos ex miembros de la Ejecutiva del PNV en Álava, altos cargos del Gobierno vasco en tiempos de Ibarretxe y empresarios afines a la formación.

La petición de pena y la lista de delitos que pesa sobre los principales acusados de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y adjudicación irregular de contratos públicos a través de un entramado de empresas es importante. El principal acusado, Alfredo De Miguel, fue el número dos del PNV en Álava  diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial en la Diputación alavesa, está acusado de ser en principal cabecilla de un entramado que exigía comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones o acceso a contratos de la Administración.

La Fiscalía pide contra De Miguel 29 años y 7 meses de prisión (Inicialmente llegó a reclamar 54 años de cárcel) y una multa de 1,2 millones de euros por una lista casi interminable de delitos. Se trata de una veintena de delitos que van desde asociación ilícita, blanqueo de capitales y cohecho, hasta malversación, tráfico de influencias y coacciones.

Pese a que este caso, iniciado hace una década, se intentó vincular con algún tipo de financiación irregular del partido que hoy dirige Andoni Ortuzar, a lo largo de la instrucción y durante la vista oral no se pudo acreditar ninguna acusación en este sentido. Una circunstancia que siempre ha llevado al PNV a desligarse del caso y marcar un cortafuegos asegurando que todas las acusaciones corresponder a actitudes y comportamientos personales de los imputados. En muchos casos los procedimientos investigados los llevaron a cabo valiéndose de sus cargos, incluso desde sus propios despachos y cuentas oficiales, en instituciones y organismos gobernadas o controladas por el PNV, o valiéndose de sus contactos por su condición de altos cargos.

Expulsados del PNV

Las acusaciones ya han sido reconocidas en una buena parte de los casos. Nueve de los 26 acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de una rebaja de su petición. Todos ellos reconocieron que existía “una trama criminal organizada destinada al cobro de comisiones ilegales”. Incluso el propio De Miguel llegó a barajar la posibilidad de reconocer su participación si bien finalmente rechazó el pacto con el Ministerio Fiscal.

Cuando la Ertzaintza irrumpió el 17 de marzo de 2010 en casa de De Miguel se activó un caso que hizo temblar los cimientos de Sabin Etxea, no sólo por la relevancia del arrestado, sino por la implicación de otros muchos cargos del partido en Álava. Entre ellos también figuraban los miembros de la Ejecutiva alavesa del PNV, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano. Para ambos la Fiscalía pide una condenad de 13 años y siete meses de prisión y 606.000 euros de mula.

Una abogada y empresaria destapó el caso tras exigirle los principales acusados una comisión de 10.000 euros

A ellos el entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu les reclamó que abandonaran el partido y entregaran los carnet. No fue hasta tres meses más tarde cuando De Miguel, Telleria y Otxandiano formalizaron su renuncia y abandonaron el partido.

En la trama sobre cuya veracidad, implicación y condena hoy se pronunciará el tribunal, también están acusadas las mujeres de todos ellos, así como la hermana de De Miguel. Contra las tres primeras, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia, la fiscalía pide cinco años de prisión por su condición de socias en una de las empresas clave de la trama, Kataia Consulting. Para Aintzane De Miguel, responsable de la contabilidad de alguna de las sociedades investigadas, se piden 3 años y 6 meses de prisión.

Todo comenzó con la denuncia de Ainhoa Alberdi, abogada y empresaria de la sociedad Urbanorma Consulting. Alberdi acudió a la Ertzaintza cargada de grabaciones en las que se escuchaba a De Miguel y otros implicados reclamándole, según relató en la vista oral, una comisión de 100.000 euros por mediar en la obtención de un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Alava en la localidad de Zambrana. Durante el juicio detalló cómo tras las presiones que venía recibiendo para ceder al pago, optó por comprar una grabadora y grabar los encuentros.

9 acusados reconocen los hechos

Además de De Miguel, Otxandiano, Tellería y sus familiares, en la causa cuyo juicio se extendió un año y las deliberaciones casi otro año más, están acusados ex altos cargos con el Gobierno vasco y empresarios. Entre los primeros figuran representantes de la red de parques tecnológicos, uno de los focos sobre los que más sospechas de ilegalidades han existido. El gerente del Parque de Álava, Alfredo Arriola, se enfrenta a una petición de cinco años de condena. Junto a él está acusado el presidente de la red de parques tecnológicos vascos, Julián Sánches Alegría, acusado de la adjudicación irregular de un contrato para la ampliación del parque alavés. El Fiscal reclama un año y 9 meses de cárcel para él. La directora técnica del mismo, Miren Lourdes Bilbao, se enfrenta a 4 años de prisión.

La alcaldesa de la localidad de Zambrana entre 1995 y 2007, donde se ideó un plan de recalificación de suelos para la ampliación del parque, Justina Angulo, del PNV, también está sentada en el banquillo y se enfrenta a 10 años de inhabilitación.  

Nueve acusados han reconocido formar parte de una trama criminal destinada al cobro ilegal de comisiones»

Desde el Gobierno vasco la trama, según el relato de hechos del Ministerio público, habría beneficiado a la red de empresas que lideraba De Miguel. Se habría hecho a través de la dirección de Juventud y Acción Comunitaria de la Consejería de Cultura en tiempos de Juan José Ibarretxe. Entre 2003 y 2009 el director de esta área fue Javier Sánchez Robles, quien se enfrenta a 8 años de prisión. Por falta de control sobre la actividad de éste ha tenido que responder en el banquillo quien entonces era viceconsejero de Cultura y Juventud, Gurutz Larrañaga, que se enfrenta a diez años de inhabilitación.

El tercer bloque lo conforma una docena de empresarios y administradores de las empresas investigadas en la trama. Los casos más graves son los de Iñaki San Juan, administrador de la empresa Ortzi Muga, que se enfrenta a 7 años de cárcel, y los de Josu Montes, administrador en la misma empresa y en una segunda, Errexal, contra el que se piden 6 años de cárcel. A uno de los empresarios, Jon Iñaki Echaburu, se le acusa de beneficiarse de la trama en su empresa constructora, Loizate, y del pago de comisiones del 4%. Otro constructor, Prudencio del Hierro, reconoció haber pagado una obra en la casa de De Miguel en su casa de Gorliz (Vizcaya).

Otro de los empresarios, Josu Arruti, de la mercantil Sidepur, reconoció durante el juicio que, junto a De Miguel, llegó a acordar exigir a una empresa una comisión de 116.000 euros para cada uno por su intervención en una operación relacionada con la ampliación del parque tecnológico den Zambrana. Contra él se piden un año 9 meses.  

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