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La década que engulló el falso 'oasis vasco' de corrupción en el PNV

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La década que engulló el falso 'oasis vasco' de corrupción en el PNV
Ofrenda floral a Sabino Arana ante la escultura instalada cerca de la sede del PNV donde estaba su casa natal.

Ofrenda floral a Sabino Arana ante la escultura instalada cerca de la sede del PNV donde estaba su casa natal.

Resumen:

Ha sido la década ‘horríbilis’ para la reputación del PNV, el decenio en el que su autoproclamado ‘oasis vasco’ se ha diluido en un mar de corrupción política en España. Hasta no hace mucho tiempo los nacionalistas proclamaban los menores niveles de corrupción y la mayor transparencia en la política vasca como una suerte de singularidad más del autogobierno. El PNV aseguraba incluso que ese tipo de comportamientos irregulares no engarzaban con “los valores” del partido ni con la cultura política en Euskadi.

En realidad, nunca hubo manantiales de agua fresca ni vegetación frondosa. Esa autoproclamada limpieza ética convertida en un argumento para establecer el ‘ellos y nosotros’, el Euskadi versus España, nunca lo fue. La historia de los últimos años lo demuestra. Simplemente, la corrupción campó por las instituciones vascas con una intensidad menor de lo que lo hizo fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero la suerte jeltzale comenzó a cambiar en 2009 y terminó por enterrarse ayer. Fue aquel año cuando todo empezó a torcerse, cuando a la pérdida del Gobierno vasco en Sabin Etxea –Patxi López llegó a Ajuria Enea gracia al apoyo del PP- tuvieron que sumar el adiós a su supuesto currículum de corrupción ‘seminmaculado’.

El ‘caso De Miguel’ que ayer sentenció la Audiencia Provincial de Álava ha sido un misil a la línea de flotación a la reputación del nacionalismo institucional. El impacto ha llevado al PNV a pedir perdón, a agachar la cabeza de modo conjunto en Lehendakaritza y en la sede del partido, en boca del lehendakari y ex presidente del partido, Iñigo Urkullu, y del líder del EBB, Andoni Ortuzar. Fue la ocasión en la que con mayor contundencia marcaron distancias con los condenados en los diez años que se ha prolongado esta larga instrucción. Un caso que condenó a una trama de políticos y empresarios que se valieron de una red de sociedades para el cobro de comisiones ilegales y la adjudicación de contratos públicos. Todos ellos, de uno u otro modo, estaban vinculados al PNV.

El PNV lo intentó hasta el último minuto. El partido de Ortuzar insistió en mostrar dos caras, la pública y la judicial. La de los mítines y la de los juzgados. En la primera, los mensajes eran de condena de la corrupción, de desmarque de los comportamientos irregulares en política y de apuntalamiento de un cortafuego que permitiera no dañar al partido: “Son comportamientos individuales”, han insistido, “no se juzga al partido”. Pero a lo largo del proceso judicial la contundencia no ha sido tal. Como en otros casos de corrupción que han salpicado al PNV a lo largo de esta década, los servicios jurídicos de las instituciones controladas por el partido de Ortuzar han evitado hacer sangre contra los suyos. Perfil bajo, mano blanda. En sus personaciones judiciales no ha habido peticiones penales para sus excargos, sólo reclamación civil. Y sus representantes han ejercido unas acusaciones prácticamente mudas a lo largo de los procesos orales.

«No hay preguntas, señoría»

Lo mismo sucedió en otro caso que también se inició en el fatídico 2009, el ‘caso Margüello’, una trama de empresas vinculadas a ex cargos del Gobierno y que actuaron de modo coordinado para beneficiarse de contratos públicos en la sanidad pública. También aquí en público se condenó la corrupción y en sala de Justicia se evitó la reclamación penal. Se rebajó la presión y se actuó con el consabido “no hay preguntas, señoría”, como norma habitual. Como en el ‘caso De Miguel’, sólo importó resarcir el posible perjuicio económico para las arcas públicas, pero no se buscó la sanción penal. Tres de los cuatro acusados fueron condenados a penas de inhabilitación de hasta 9 años.

En esta década oscura para el PNV, otro caso reveló el actuar del PNV. En 2012 la Justicia condenó al fiscal jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, a 4,5 años de cárcel por simular inspecciones a empresas que luego no llevaba a cabo. La administración vizcaína se retiró de la acusación sólo unos días antes de que el juicio quedara visto para sentencia. Ibarra ingresó en prisión pero por poco tiempo. A los dos meses recuperó la libertad y poco después se reincorporó a la Hacienda foral.

Quien entonces ocupaba la presidencia de la institución foral, José Luis Bilbao, es hoy nada menos que el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El ex diputado general vizcaíno es el encargado de liderar la institución que a su vez tiene que velar por la transparencia de las cuentas y gestión de las instituciones vascas. Días antes de abandonar el cargo, en septiembre de 2014, en su último pleno, Bilbao aseguró que jamás escribiría sus memorias. Lo anunció para tranquilizar, dijo, a muchos de los “personajes” que había visto a lo largo de los 12 años al frente de la Diputación que, entre otras funciones, recauda los impuestos en Vizcaya: “Hombres con fajos de billetes sin demostrar su origen”, aseguró, “he visto grandezas y miserias”.

Desde 2009 el PNV ha afrontado casos de corrupción sanitaria, institucional y de una OPE que salpica a sus cargos

El terremoto que supuso el inicio de la década con los casos ‘Margüello’ y ‘De Miguel’, que siguió con las condenas de la hacienda vizcaína, se completó a lo largo de los años con casos menores como las condenas a alcalde de pequeños municipios -Karrantza, Bakio, Orozko, Alonsotegi…- y siempre con el PNV como partido de referencia. En ningún caso las condenas o las acusaciones se dirigieron a cuestionar a la formación, lo que siempre ha permitido al partido de Ortuzar escudarse en el argumento de los comportamientos particulares y por intereses propios de sus cargos.  

Un ‘padrino’ siciliano

Sin duda, el procedimiento que ayer sentenció en primera instancia la Justicia es el que más daño ha hecho a la formación. En ella se han visto implicados nombres relevantes del partido en Álava. Quien fuera número dos del PNV, Alfredo De Miguel, ha sido considerado el cabecilla de la trama. El Fiscal aseguró que ideó una estructura similar a la que operaba en la ‘mafia siciliana’ dijo, en la que el actuaba como ‘padrino’. Una estructura en la que dos condenados más, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, formaron parte de la Ejecutiva del partido, al ABB.

El cuarto condenado con mayor castigo, Xabier Sánchez Robles, es marido de la diputada en Cortes del PNV, Josune Gorospe, y hermano de una ex dirigente del PNV, Isabel Sánchez Robles, además de familia de un ex alcalde de Bilbao. Quien fuera director de Juventud del Gobierno vasco en tiempos de Ibarretxe ha sido condenado por prevaricación, malversación y falsedad documental.

Entre el resto de los otros nueve condenados, los vínculos de militancia, familiares o de simple ‘proveedor’ afín al partido aparecen detallados a lo largo de toda la sentencia. Los magistrados dejan por escrito que el verdadero nexo de unión entre los condenados fue el PNV. El partido insiste en que todos actuaron de forma personal, que buscaron su propio lucro personal y que ello nada tiene que implicar al PNV como estructura. Tampoco la sentencia afirma nada distinto. Pero por si acaso, pese a asegurar que ellos nada tuvieron que ver, los líderes de la formación entonces –Iñigo Urkullu- y ahora –Andoni Ortuzar- se han apresurado a pedir perdón a la ciudadanía.

Quien aún no se ha pronunciado es Joseba Egibar, el presidente del partido en Guipúzcoa, quien en todo este tiempo no ha ocultado su amistad con De Miguel y con otros de los acusados. La imagen de su abrazo recibiéndole cuando acudió a comparecer en la Comisión de Investigación Parlamentaria pesa ahora más que nunca. Egibar siempre aseguró que en este caso no existió enriquecimiento ilícito.

Corrupción sanitaria

En los próximos años otro caso amenaza con azuzar aún más la credibilidad y la devaluada honestidad del PNV. El llamado ‘caso Osakidetza’, de presuntos amaños de procesos de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) salpica a trece especialidades médicas de la convocatoria que se llevó a cabo en el curso 2016-17. El caso de posibles irregularidades ya ha supuesto la dimisión de un consejero de Salud, Jon Darpón, y la dirección del Servicio Vasco de Salud. Este caso que la Justicia investiga intenta determinar hasta dónde llega lo que podría ser un sistema clientelar para beneficiar a candidatos de OPE determinados y la implicación que en ella pudieran tener distintos niveles de la administración pública.

El PNV ha recurrido al menor índice de corrupción en Euskadi como una suerte de elemento ‘de identidad’ de la política vasca

El PNV ha sufrido un desgaste indudable del ‘oasis vasco’ que en ocasiones aún proclama. Hace apenas tres años, el día que se conmemora el nacimiento del partido, Ortuzar apelaba a esa singularidad de la formación: “No sé si somos un oasis o un paraíso, pero se parece mucho”, aseguró para subrayar el modo diferenciado de hacer política en el País Vasco y la estabilidad que ello aportaba en comparación con el resto del Estado. Ahora el terremoto de las condenas ha vuelto a sacudir a la formación. Lo ha hecho con la mayor sentencia condenatoria en la historia de la corrupción en Euskadi: 15 condenados, 54 años de prisión y un sumario de casi 1.200 folios en los que el detallado relato de los magistrados demuestra que el PNV no se benefició pero fue la plataforma desde la que se cometieron los delitos y el nexo de unión de todos los condenados.  

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