Panamá ha suspendido dos de las empresas controladas por José Manuel Villarejo en el país centroamericano y que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García-Castellón en el marco del caso Tándem, lo que implica que los dueños no puedan disponer de los bienes que aquéllas tengan.

El Registro Público de Panamá ha inscrito en las últimas semanas las anotaciones de suspensión sobre Eucalyptus Forest SA y Microspermum SA, dos de las sociedades vinculadas al comisario ya retirado y en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Ello se produce al haber transcurrido más de tres meses desde que el agente residente renunció a seguir prestándole servicio y no haber nombrado a otro despacho de abogados para que le represente.

Desde la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas de 1927, los interesados en constituir una compañía en Panamá deben suscribir previamente un pacto social que contiene -junto al objeto y capital sociales, entre otros detalles- el nombre y el domicilio de su agente en el país centroamericano, ya sea una persona física o jurídica. Su función básicamente es la de ejercer de enlace entre el cliente y las autoridades y debe asegurarse de que la empresa mantiene en todo momento la información sobre actividades y accionistas que la ley exige.

El Ministerio de la Presidencia de Panamá ordenó crear el pasado 20 de septiembre en el sistema electrónico de inscripción registral el "estatus de suspendido" para aquellas personas jurídicas que no hayan pagado la tasa única -un tributo anual de 300 dólares- durante un periodo de tres años consecutivos, que tengan deudas por sanciones o multas o que no hayan designado a un agente residente.

Este último supuesto es el que concurre en el caso de las empresas panameñas de Villarejo, después de que el bufete local que les representaba -Ballard&Ballard- presentara su renuncia irrevocable el pasado mes de febrero. «Se ha perdido comunicación con nuestros clientes y/o accionistas y los directores de las sociedades han renunciado a sus cargos, [por lo que] estamos imposibilitados a obtener y mantener las informaciones y documentos que exige la ley a los agentes residentes», detalla la escritura pública.

Cobro de un millón de dólares

En el caso de Eucalyptus Forest, la anotación de la suspensión de los derechos corporativos está fechada el pasado 11 de octubre, según ha podido constatar este diario en el Registro Público de Panamá. Se trata de una sociedad inscrita el 26 de junio de de 2006 con el nombre de Valle Luna Consultores SA, adquiriendo la denominación actual el 18 de febrero de 2011. Con un capital social de 10.000 dólares estadounidenses, su objeto social es la "compraventa, permuta, arriendo, manejo, comercio, tenencia de, inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, mercancías, materias de consumo, efectos, productos y otros bienes de cualquier clase, naturaleza o descripción".

Eucalyptus Forest es la compañía panameña a la que Cenyt Consultoría Organizacional -una de las empresas españolas controladas por Villarejo e investigadas por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por ser una de las compañías con las que facturaba por sus servicios mientras ejercía como policía- le cedió en octubre de 2014 el cobro de 1.051.367 dólares a cuenta de la venta del hotel que el antiguo agente encubierto tenía en Punta del Este (Uruguay). El establecimiento, denominado Don Pepe, lo había adquirido en septiembre de 2013 el arquitecto argentino Adrián Beloso-Baker y su esposa, la madrileña Raquel Serna.

La suspensión de Eucalyptus Forest y Microspermum se produce al haber renunciado el bufete local a representarlas y no haber designado a un nuevo despacho

La suspensión de Microspermum, por su parte, tuvo lugar el pasado 10 de noviembre. Registrada en Ciudad de Panamá el 29 de junio de 2006 bajo el nombre de Participaciones Marvila SA, la compañía Microspermum está bajo la lupa de la investigación por ser una de las empresas que presuntamente utilizó el antiguo agente encubierto para cobrar al menos una parte del denominado ‘Informe King’, por el que percibió 5,3 millones de euros.

Como desveló El Independiente, Eucalyptus Forest y Microspermum son dos de las cuatro sociedades de Villarejo de las que ha reclamado información la Audiencia Nacional a las autoridades panameñas a través de la comisión rogatoria cursada a principios del pasado mes de julio. En concreto, el magistrado García-Castellón reclama escrituras de constitución, actas de cambio de denominación social, copia del registro de accionistas y la identidad de los beneficiarios de las sociedades, entre otros documentos.

Disolución de dos sociedades

Las otras dos sociedades son Dry Town SA y Stanstead Advisors Corp, ambas disueltas el 5 de diciembre de 2016. Cuando liquidó esas dos sociedades, José Manuel Villarejo hacía menos de seis meses que había pasado a la situación administrativa de jubilación voluntaria tras 34 años de servicio en la Policía Nacional (entre 1983 y 1993 permaneció de excedencia). Según informó El País, el comisario ya retirado desmanteló parte de su entramado societario en Panamá cuando ya se le investigaba por facturar servicios a través de su grupo empresarial valiéndose presuntamente de información que lograba por su condición policial.

La Audiencia Nacional ha pedido información de las dos compañías ahora suspendidas a las autoridades panameñas en la comisión rogatoria

El auxilio judicial solicitado a las autoridades de Panamá incluye también información sobre seis personas, entre ellas ‘Francisco Javier Hidalgo Estévez’ y ‘José Javier Esteban Alonso’. Se trata de dos de las identidades utilizadas por Villarejo -éste dispuso de DNI con esos nombres hasta que se jubiló- durante su etapa como agente operativo en la Policía Nacional.

Junto a los dos nombres falsos con los que operaba el policía cuando estaba en servicio, el requerimiento de información a Panamá alcanza al propio Villarejo; a su hijo José Manuel Villarejo Gil, administrador único y apoderado de sociedades creadas por el policía; a Rafael Redondo, socio del comisario ya retirado, y a Gemma Isabel Alcalá Garcés, mujer de Villarejo y quien también ha figurado en cargos societarios. Todos están imputados en la macrocausa que investiga la Audiencia Nacional en diversas piezas separadas.