Los abogados del Estado se sienten estos días más en el punto de mira que nunca y no están, precisamente, contentos con el motivo por el que esto ocurre. La investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, para la que necesita la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), depende del gesto de la Abogacía del Estado con el líder de dicho partido, Oriol Junqueras.

Condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación y ya en la cárcel en cumplimiento de la sentencia del procés, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le reconoció el pasado jueves la inmunidad como europarlamentario desde que resultó elegido en las elecciones de 26 de mayo.

ERC exigió a Sánchez para investirle que el Gobierno en funciones que encabeza presionara a la Abogacía del Estado, acusación en el procés, para pedir al Tribunal Supremo la libertad de Junqueras tras el fallo del tribunal de Luxemburgo. El Ejecutivo socialista no esconde que ha conversado estos días con los republicanos independentistas para llegar a un punto que les convenciera. Y, en esta situación, el revuelo fue inevitable en la Abogacía. Sus miembros son conscientes de que dependen en última instancia del Gobierno, pero consideran que la utilización política que se está haciendo de la institución no tiene precedentes, según fuentes consultadas por El Independiente.

Calvo como intermediaria

Fuentes próximas a la institución trasladan a este diario que este tipo de gestiones relacionadas con procesos judiciales se negocian directamente entre la Abogada General del Estado y la vicepresidencia del Gobierno, es decir, con Carmen Calvo.

Las mismas fuentes afirman que Consuelo Castro no es precisamente «rebelde» ni tampoco las abogadas del Estado que han asumido la representación de la acusación en el juicio del procés. Por eso, las tensiones en la Abogacía no habrían surgido de discusiones con el Gobierno, sino más bien por la imagen que se trasladaría de la institución y por la dificultad de «afinar» la manera de obedecer al Gobierno y por lo tanto contentar a Esquerra dentro de los márgenes de la lógica jurídica y la coherencia con anteriores posiciones en el caso.

La Abogacía del Estado ya informó a favor de que Oriol Junqueras saliera de la prisión preventiva y fuera a jurar la Constitución tras el resultado electoral del 26 de mayo y antes de la sentencia del procés. Sin embargo, los magistrados de la Sala Segunda decidieron finalmente no permitirle salir de la cárcel ante la «cercanía» de la sentencia y por el riesgo de fuga después de la experiencia de Puigdemont.