El documento de cincuenta folios con el que PSOE y Unidas Podemos sellan su acuerdo dedica dos líneas al desafío independentista de Cataluña. No es hasta el folio 41 donde afirman que «abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual». Aparte de asumir el marco del «conflicto político catalán» a lo que es un desafío independentista, no añaden nada más a este punto».

Hay que ir dos párrafos más abajo para poder leer que el autodenominado Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España dará «cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y traspasaremos a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional».

Aunque es ambiguo y no profundiza más, es destacable el apartado en políticas de empleo, que salvo la gestión de parte de las políticas activas, es competencia del Estado. Además, habrá que leer el documento que el PSOE firme con ERC para conocer cuáles son las condiciones a las que ha accedido el presidente del gobierno en funciones para poder superar el trámite de la investidura con el visto bueno de los separatistas catalanes.

«Perimetrar» las facultades competenciales

Por lo demás, y en lo que afecta al conjunto del país, el texto resulta farragoso e inconcreto. El nuevo gobierno, si hay investidura, se compromete a impulsar «la mejora y clarificación de la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para implementar un modelo de reparto más claro y preciso que perimetre las facultades competenciales concretas de cada entidad, y
reduzca al máximo las competencias compartidas a fin de evitar la ambigüedad actual, que a menudo acaba teniendo que ser dirimida por los tribunales, provocando fricciones judiciales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas».

Para acabar con esa litigiosidad, «resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respecto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general. Se creará un Comité de expertos que asistirá y dará soporte al Gobierno en esta
medida».