El PP está dispuesto a llevar a los tribunales cualquier decisión que surja de la nueva mesa bilateral entre el gobierno central y el catalán, que se debe constituir en quince días según el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido que "haremos todo lo posible y necesario para defender el Estado de Derecho". Y añadido que el objetivo es que esos futuros acuerdos "sediciosos y disolventes se conviertan en papel mojado".

Admitiendo las dificultades de recurrir la propia constitución de la mesa, al carecer de naturaleza institucional o jurídica, otra cosa son los acuerdos de que ella emanen, por ejemplo, la organización de una consulta sólo en el ámbito de la comunidad de Cataluña para refrendar, precisamente, los pactos que se acuerden. Consulta que sólo es posible si se modifica la Ley del Referéndum, que al ser orgánica necesita el apoyo del PP, o buscar una vía a través de las consultas refrendatarias donde no cabe el derecho de autodeterminación.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado muy claro que "si no hay mesa de diálogo, no ha legislatura. ERC ya lo ha hecho antes", cuando su negativa a votar los Presupuestos Generales del Estado forzó la convocatoria electoral del 28-A. Una vez comprometida abstención de los 13 diputados independentistas este martes para que la investidura salga en segunda vuelta, Rufián ha hecho alarde de que "dijimos que sentaríamos a España en una mesa de diálogo y es lo que hemos hecho».

El PP acusa a Sánchez de deslegitimar a la JEC, al Supremo y al Constitucional

Los populares creen además que Sánchez se ha "humillado" ante ERC y contribuido a los intentos de deslegitimación de tres instituciones fundamentales del Estado, esto es, la Junta Electoral Central, el Tribunal Supremo y el Constitucional. De la JEC ha dicho, según ha destacado Álvarez de Toledo, que responde a las "artimañas" de la ultraderecha. Ha deslegitimado al Supremo por insistir una y otra vez en abandonar la "vía judicial" en el "conflicto político catalán" y representarlo como un obstáculo y, por último por decir que el Constitucional se "sobrepasó" en su sentencia sobre el Estatuto catalán.

En definitiva, a juicio de los populares, se trata de un "ataque concertado al Estado de derecho liderado por el candidato a la presidencia del Gobierno", al que ha reprochado aceptar principios como el de la amnistía o la autodeterminación, que ERC pondrán sobre la mesa una vez que el PSOE ha aceptado un foro de diálogo abierto a cualquier cuestión que propongan sus componentes.