Política

La jueza progresista Ana Ferrer inclinó la balanza a favor de la inhabilitación de Torra

EFE

La Junta Electoral Central (JEC) tomó este viernes una decisión sin precedentes en la historia de España al concluir que un presidente autonómico debía ser inhabilitado por una condena que no es firme.

Después de una deliberación de más de cuatro horas, los miembros de la JEC hicieron público un acuerdo a favor de apartar del Parlament a Quim Torra a tenor de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo condenaba a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Según las normas del Estatut catalán, Torra quedaría, además, fuera de la presidencia del Govern.

La cascada de reacciones y consecuencias no se hizo esperar, especialmente de la clase política. Los comentarios del ala independentista -JxCat, CUP, ERC- eran previsibles: calificaban de «aberrante» la sentencia y tachaban la decisión de «una venganza del Estado». Se llegó a temer incluso porque la investidura de Pedro Sánchez saliese adelante a tenor de las presiones recibidas en el seno de los republicanos, que, finalmente, decidieron no cambiar el sentido de su voto.

Pero sí hubo un argumento común entre los que se manifestaron en contra de la sentencia de la Junta Electoral: el de apuntar a los partidos de derecha como responsables de la situación. «Es la última bala que le queda a la derecha y a la extrema derecha», declaraba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en una entrevista para la Cadena Ser el pasado sábado. El diputado señaló la tendencia ideológica conservadora de los jueces que forman parte de la autoridad electoral, asegurando que «está muy claro quién es el responsable de esta situación» y «no es la primera vez que actúan contra el Gobierno y el PSOE».

El guante de Rufián fue recogido por los líderes de la izquierda. Si bien Adriana Lastra se mostró más cauta respecto a la decisión de la JEC -aunque llegó a poner en duda las competencias del órgano para tomar ese tipo de decisiones-, dirigentes como el próximo ministro de Consumo, Alberto Garzón, atacó a «la derecha española» como responsable de atentar contra la autoridad de Quim Torra. «A través de su reaccionario brazo judicial, inhabilita a Torra», escribía en Twitter.

No fue el único. También el líder de Podemos y próximo vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aprovechó el debate de investidura para criticar a los «jueces de ideología reaccionaria» que han fallado a favor de la inhabilitación del presidente de la Generalitat y de Oriol Junqueras como eurodiputado. «Es una absoluta barbaridad que acabará como todas las anteriores», escribía también el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Pero la realidad es diferente. No fue la «derecha» la que inclinó la balanza a favor de la inhabilitación. En el marco de una ajustada decisión -siete votos frente a seis- y tal y como publica El Español, fue una magistrada de ideología progresista la que emitió el voto determinante que derivó en el cese de Quim Torra.

En concreto, se trata de la magistrada de la Sala Penal, Ana Ferrer, miembro de la asociación judicial Jueces para la Democracia (alineada ideológicamente con el PSOE). No sólo demuestra su voto que la decisión de la JEC no respondió a motivos ideológicos como defienden los dirigentes citados anteriormente: otro magistrado de tendencia conservadora votó en contra del cese de Quim Torra.

La tendencia mezclada en el sentido de los votos se manifestó también a la hroa de pronunciarse sobre la retirada de la credencial de europarlamentario a Oriol Junqueras: una magistrada progresista, según publica el medio citado, votó a favor de la inhabilitación mientras que otro compañero de ideología opuesta se pronunció en contra.

La JEC está compuesta por ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos de Derecho, Sociología o Ciencias Políticas propuestos por los partidos con representación en el Congreso de los Diputados.

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