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Sánchez da otro tajo al Ministerio de Trabajo en manos de Podemos

Entrega a Educación (Celáa) competencias de formación que estaban en las políticas activas de empleo

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Sánchez da otro tajo al Ministerio de Trabajo en manos de Podemos

Yolanda Díaz recibe la cartera de Trabajo de su antecesora, Magdalena Valerio, y junto al nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá Belmonte. EP

Resumen:

El decreto de estructura del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que se está elaborando sigue quitando competencias al Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz (IU). Materias sobre formación, que se integran dentro de las políticas activas de empleo, pasarán al Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ostenta Isabel Celáa (PSOE).

Fuentes de la Presidencia del Gobierno y de Educación confirman el traspaso de esas competencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), contempladas en varios apartados del Real Decreto 1383/2008, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal. Por su parte, un portavoz del Ministerio de Trabajo asegura que esos cambios «no están cerrados del todo», por lo que evita pronunciarse al respecto.

Con seguridad, y a la espera de que se termine de redactar el decreto, el Ministerio de Educación absorbe las competencias de Trabajo en materia de elaboración de las normas e informes sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; la elaboración y actualización de los Certificados de Profesionalidad y las pruebas de evaluación y, por último, la incorporación de la red de Centros de Referencia Nacional a la red de centros de Formación Profesional.

El acuerdo de gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace hincapié en la necesidad de reformar el Catálogo de Cualificaciones Profesionales «para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI».

«Actualizaremos, en coordinación con los agentes sociales y colaboración con el sector privado, los contenidos de los títulos actuales (ciberseguridad, robótica colaborativa y avanzada, Big Data y análisis de datos, Fabricación 2D y 3D, realidad ampliada y realidad virtual y conectividad, entre otros), sin olvidar oficios tradicionales de alta cualificación», reza el acuerdo. «Agilizaremos los procesos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral para darles un reconocimiento más ágil, mejorar la competitividad, las oportunidades de los trabajadores y las trabajadoras e incentivar la formación continua», explica el documento.

En su toma de posesión como ministra de Educación y Formación Profesional, Celáa hizo suyo ese compromiso. «Aspiro a tener un gran acuerdo de país de Formación Profesional. La FP en España no puede ser vía de segunda categoría, la FP ha de ser fuerte. Tenemos que conseguir que nuestros conciudadanos y conciudadanas tengan una titulación, una capacitación profesional que les permita sortear estos cambios disruptivos que estamos viviendo en nuestra sociedad globalizada», aseguró el lunes.

«Vamos a unificar las competencias de FP del sistema educativo y para el empleo bajo el pabellón del Ministerio de Educación y Formación Profesional”, ha explicado la ministra, que trata de impulsar un sistema unificado de Formación Profesional.

Al reclamar el Ministerio de Trabajo, la aspiración de Podemos era controlar la gestión de 25.415,9 millones de euros, la cantidad contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 para la Secretaría de Estado de Empleo. De esta cantidad, 5.985 millones de euros se destinarían directamente a las políticas activas de empleo, bajo el manto del SEPE.

Esas políticas se dividen entre los incentivos al empleo, como reducciones en la cotización a la Seguridad Social por la contratación de parados, los planes de formación para los parados y los programas de orientación para la búsqueda de empleo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) estableció que los incentivos a la contratación suponen el 40% de la inversión, frente al 25% de los cursos de formación y el 15% destinado a los planes de orientación.

Esos programas se coordinan desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyos fondos están transferidos en parte a las comunidades autónomas. El propio proyecto de políticas activas de empleo para 2019 detalla que, de los casi 6.000 millones de presupuestos, «se podrán distribuir entre las Comunidades Autónomas un total de 2.126,109,73 millones de euros».

«Las políticas activas de empleo garantizarán que las ofertas de colocación sean adecuadas a las aptitudes y perfiles formativos de las personas desempleadas», asegura el programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.»Garantizaremos una atención individualizada, profesional e integral a los desempleados y desempleadas, dirigida a su rápida reincorporación al mercado de trabajo, prestando especial atención a los jóvenes, parados de larga duración y a los supuestos de exclusión social», reza el documento.

El control del SEPE fue la última petición que le hizo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez durante su debate de investidura fallido de julio. El líder de Podemos pidió desde la tribuna del Congreso el control de las políticas activas de empleo a cambio de apoyar su investidura.

«Le hago una nueva propuesta. Alguien muy relevante de su partido, con mucha autoridad moral en el PSOE, me acaba de poner un mensaje: pídele que os ceda las políticas activas de empleo. Pues bien, renunciamos al ministerio de Trabajo a cambio de las políticas activas de empleo», ofreció a Sánchez, que se negó a ese mercadeo de última hora.

Tras la repetición electoral del 10 de noviembre, Sánchez levantó el veto a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros y le cedió el Ministerio de Trabajo, que vació de competencias al crear otra cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, en manos de un economista independiente que trabajó para el BBVA y la AIREF, José Luis Escrivá Belmonte.

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