Quim Torra no ha tratado directamente con Pedro Sánchez sobre la modificación del delito de sedición para acortar las condenas de los responsables del 1-O, pero el Govern lo valora como una buena medida para avanzar en lo que los independentistas denominan "fin de la represión". Así lo ha señalado la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

Pedro Sánchez aseguró ayer en una entrevista a TVE que una de las propuestas de su gobierno para "desjudicializar" el conflicto catalán será la revisión del delito de sedición. "Cuando se aborde en las negociaciones entre gobiernos cómo se puede producir este fin de la represión que reclamamos, una de las opciones importantes será modificar el delito de sedición" ha respondido hoy la portavoz del Govern recogiendo el guante.

Los independentistas entiende que esa modificación debería tener carácter retroactivo y servir para aligerar las penas de los nueve condenados por el 1-O. Aún así, Budó ha aclarado que "no me consta que se haya profundizado tanto en las conversaciones" telefónicas mantenidos por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, "han sido conversaciones para emplazarse para el encuentro que se tiene que celebrar".

Budó ha advertido de que su objetivo es una ley de amnistía que permita salir de prisión a todos los condenados en al sentencia del procés, pero ha reconocido que la modificación del delito de sedición, una posibilidad que ya se planteó durante la campaña desde el entorno de Podemos y los comunes.

Encuentro el 6 o 7 de febrero

La consellera de Presidencia ha confirmado además que las últimas fechas sobre la mesa son el 6 o 7 de febrero. El gabinete de Torra habría propuesto también el 30 o 31 de enero, pero Moncloa habría desestimado esas fechas, ha explicado Budó.

La portavoz ha rechazado, eso sí, que la "mesa de diálogo" pactada por PSOE y ERC pueda circunscribirse a la Comisión Bilateral recogida por el Estatut, a la que ayer se refirió Pedro Sánchez asegurando que se trata de un espacio de diálogo de encaje "perfectamente constitucional".

"Esta mesa es para negociar cosas concretas", ha advertido Budó, dejando claro que la definición del marco de diálogo corresponde a los dos presidentes -para restar protagonismo a Esquerra-. "Solo vamos a hablar del conflicto político, que pasa porque Cataluña pueda decidir su futuro político en las urnas" ha insistido tras dejar claro que existen otros espacios para tratar cuestiones sectoriales, como la financiación o las infraestructuras.

Govern hasta abril

Budó ha insistido además en la "estabilidad" del ejecutivo catalán, pese a la previsión de elecciones anticipadas que barajan todas las fuerzas políticas a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique la inhabilitación de Quim Torra por desobediencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La portavoz ha hecho esta defensa tras el acuerdo cerrado ayer por el ejecutivo catalán con los comunes para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat, pactada en paralelo al apoyo de los independentistas a las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona.

El calendario previsto para la aprobación definitiva de los presupuestos es para principios de abril, ha explicado Budó. "No preveemos la inhabilitación de Torra antes de abril y por tanto no estamos en ese escenario" ha argumentado al ser preguntada sobre el riesgo de que unas elecciones anticipadas impidan la tramitación definitiva de las cuentas.

"La aprobación de estos presupuestos es una garantía de estabilidad del Govern" ha insistido en repetidas ocasiones. "Queremos agotar" la implementación de estas cuentas ha asegurado, aunque después ha reconocido que la legislatura está en manos del Supremo.