El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a «la derecha» de generar un conflicto político con el denominado ‘pin parental’, con el que Vox reclama una autorización parental para que los alumnos puedan acudir a actividades extraescolares como talleres sobre la violencia o identidad de género.

En su primera entrevista tras su toma de posesión, este lunes por la noche en TVE, Sánchez ha asegurado que el pin parental «es un problema inventado» por «la ultraderecha» que «arrastra» a partidos como PP y Ciudadanos «a posturas radicales», por lo que ha pedido al líder de los populares, Pablo Casado, que vuelva al consenso educativo.

El presidente ha continuado con su estrategia de demonización de la oposición para justificar su Gobierno Frankenstein con Unidas Podemos y los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Con ese guión, Sánchez ha reivindicado la «política útil» frente a la que propugna «la ultraderecha», al plantear cuestiones como el pin parental, que supone «la ruptura de consensos» en favor de «posturas extremistas».

El jefe del Ejecutivo ha argumentado Sánchez que la propia Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha indicado que no ha recibido quejas oficiales por escrito por charlas extracurriculares que se imparten en los centros educativos de la región, y sólo tiene constancia de alguna queja informal en las redes sociales.

Sánchez ha criticado que en la Comunidad de Murcia haya gobernado» el PP durante 20 años y jamás se haya «oído» un asunto como el del veto a las actividades extracurriculares, pero que si se plantee ahora porque «gobierna el PSOE en España». En esa línea, ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de generar crispación política cada vez que un socialista llega a la Moncloa.

Reunión con Torra

El presidente del Gobierno se reunirá con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, la primera semana de febrero en Barcelona. Sánchez ha anunciado que acudirá a las sedes de las distintas comunidades autónomas para reunirse con los presidentes regionales, con el objetivo de camuflar su encuentro con Torra, una de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña para facilitar su investidura.

El presidente ha justificado su cambio de actitud hacia Torra -al que se negaba a coger el teléfono antes de las elecciones hasta que condenara la violencia en Cataluña por la sentencia del procès- en que la situación en Cataluña «está más calmada» que cuando hizo esas declaraciones criticando al president.

Según Sánchez, el independentismo «tiene que hacer un examen de autocrítica» por todo lo ocurrido desde el año 2017, punto álgido del desafío separatista. En esa línea, ha citado al ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, que durante su juicio este lunes en la Audiencia Nacional ha considerado que lo ocurrido entorno a septiembre y octubre de ese año fue un «ejercicio de irresponsabilidad del Govern de entonces».

En su primera rueda de prensa tras tomar posesión, el martes pasado, Sánchez se mostró «encantado» de reunirse «cuanto antes» con el presidente de la Generalitat, una de las exigencias del independentismo catalán para apoyar parlamentariamente al Gobierno.

«No tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la Generalitat, porque sigue siendo el presidente de la Generalitat», ha asegurado, en referencia a la situación de inhabilitación inminente de Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar unas pancartas durante la campaña electoral. «Sigue siendo el presidente de la Generalitat», explicó Sánchez.

El presidente abogó también por poner en marcha lo antes posible la mesa de negociación entre el Gobierno de España y el Govern catalán, tal y como ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de su investidura. Sánchez pretende así «dejar atrás la vía judicial y penal que desgraciadamente ha dominado la crisis catalana durante demasiado tiempo», una idea en la que ha abundado este lunes.

Subida del sueldo de los funcionarios

El Consejo de Ministros aprobará este martes una subida del 2 por ciento del salario de los funcionarios, medida que afectará a 2,5 millones de empleados públicos, según ha anunciado el presidente.

Pedro Sánchez, ha destacado que esta subida cumple con el compromiso alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos y la ha defendido por ser «de justicia» tras los recortes acometidos durante la crisis .

La semana pasada, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ya comunicó a los sindicatos representativos de la función pública la intención del Gobierno de incrementar un 2 por ciento el sueldo de los funcionarios a la mayor brevedad posible.