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Guardias civiles piden a Urkullu ser indemnizados como víctimas de "motivación política"

Apelan a acogerse a la llamada 'ley vasca de abusos policiales' al considerar que ellos fueron los que mayores vulneraciones de derechos humanos por razones políticas sufrieron

Acceso al cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil en San Sebastián.

Acceso al cuartel de Intxaurrondo de la Guardia Civil en San Sebastián. Mikel Segovia

La ley se aprobó para reconocer y reparar a presuntas víctimas de excesos policiales, torturas o vejaciones cometidas por “funcionarios públicos”. El enunciado de la norma habla de vulneraciones de derechos humanos cometidas por “motivación política” entre el periodo 1978 y 1999 y establece indemnizaciones de hasta 350.000 euros. Lo que el Gobierno de Iñigo Urkullu no imaginaba era que también colectivos de la Guardia Civil se acogerían a demandar estas reparaciones por considerarse las principales víctimas de vulneraciones de derechos esenciales cometidos por razones políticas.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha activado una campaña para movilizar a sus afiliados y a otras organizaciones del Cuerpo para que formalicen las peticiones para ser reconocidas como víctimas según la ‘Ley 12/2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999’.

APROGC asegura que si a alguien va dirigida esta ley es a los agentes que estuvieron destinados en Euskadi y a sus familias, “hemos sido las víctimas más numerosas”. Afirman que nunca el Ejecutivo vasco “ni tampoco la sociedad vasca” han reconocido la condición de víctimas , “ni mucho menos han reparado todos los daños que allí sufrimos”. Añaden que esa indiferencia es incomprensible pese a que “nos tienen muchos que agradecer”: “Entre otras cosas, algo tan importante como la libertad de la que hoy en día allí se disfruta”.

Un «contexto compartido»

La asociación incluso ha elaborado un informe técnico remitido a sus afiliados en los que detalla razones que justificarían poder acogerse a la ley de reparación. Subraya, por ejemplo, que se hacer referencia a víctimas que tenían como “contexto compartido la existen de ETA”, y que entre todas ellas se pueden incluir sin duda alguna los guardias civiles destinados en Euskadi. Añaden que es “un hecho objetivo” que la existencia de la banda terrorista ha causado “innumerables y graves lesiones y secuelas a los agentes y sus familias: “Ya es hora de ponerlas encima de la mesa y de que nos las reconozcan”.

Entre la documentación que aconsejan presentar citan informes de posibles secuelas de estrés postraumático o documentación acreditativa de las secuelas de un atentado, de un ataque a una casa cuartel o cualquier otra incidencia padecida por estar destinado en el País Vasco.

Un portavoz de APROGC señala que todos los agentes que estuvieron destinados en Euskadi vieron de alguna manera vulnerados sus derechos: “Yo estuve destinado en 1987, conozco bien cómo se vivió”, asegura Fernando. Considera que tras analizar la ley “vemos que es viable nuestra reclamación, entra dentro de la vulneración de derechos humanos que recoge”.

Para esta asociación que agrupa a cerca de 800 agentes, es claro que ellos también pueden reclamar una reparación a la situación que vivieron en el periodo de eños que establece la ley. “De alguna manera sintieron que tenían que esconderse, que no podían salir a pasear, que tenían que mirar debajo del coche” así como los que tuvieron que “llorar poe algún compañero caído en atentado” inicien los trámites para que se les reconozca como víctima a la que se le ha vulnerado sus derechos humanos por parte de ETA.

Ley recurrida al TC

En la nota emitida incluso invitan a otros colectivos que no han sido directamente recogidos en la ley a solicitar su reconocimiento como víctimas. En particular, citan los casos de otras policías, militares, funcionarios de prisiones, periodistas, trabajadores de obras públicas amenazadas por ETA y otros colectivos que fueron coaccionados por la banda.

Sin embargo, la ley que fue aprobada en primera instancia en julio de 2016, nació con el objetivo de reparar a posibles víctimas de abusos policiales o torturas. La norma, que fue recurrida por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional fue parcialmente modificada en abril pasado. El Gobierno vasco y el Ejecutivo de Pedro Sánchez pactaron la modificación de los artículos más polémicos para paralizar el recurso ante el TC. Pese a ello, tanto el PP como Ciudadanos han recurrido la norma ante el Alto Tribunal.

En ellos, se consideraba que existía una apropiación de competencias propias del poder judicial por parte de la Comisión de Valoración que prevé la ley vasca y que ya está constituida. También se apuntó a que se incurría en una posible vulneración de la presunción de inocencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La ley prevé que tendrán derecho a reconocimiento e indemnización aquellas personas que hayan sufrido una vulneración de derechos humanos por razones de carácter político a cargo de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas. También contempla indemnizaciones para quienes hubieran padecido ese ataque a sus derechos esenciales a manos de “particulares” que actuaban “en grupo o de forma aislada, individual o incontrolada”. Se reconocerán efectos de carácter físico como psicológico “moral o sexual” .

Hasta 390.000 euros

Las indemnizaciones van desde los 135.000 euros por casos de fallecimiento hasta los 390.000 para casos en los que los abusos hubieran provocado una gran invalidez. Las discapacidades parciales, totales y absolutas se compensarán con entre 35.000 y 95.000 euros.

Informes del Gobierno vasco han cifrado en 4.113 posibles casos de abusos policiales los cometidos entre 1978 y 1999 en el País Vasco. Casos que afectarían a un total de 3.417 personas.

Además, entre 1960 y 1978 se analizaron 239 posibles casos de torturas o excesos cometidos por funcionarios policiales, de los que solo en 187 casos se pudo acreditar un posible caso de vulneración de los derechos esenciales de las víctimas.

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