El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha comparecido este lunes por primera vez en el Congreso de los Diputados, ha reconocido que en un Gobierno de coalición como el del PSOE y Unidas Podemos del que forma parte «hay y habrá discrepancias y hasta equivocaciones».

En contraposición, Campo también ha afirmado que en dicho gobierno, «el consenso flota en el ambiente, aprovechémoslo y dejemos a un lado los conflictos ficticios o impostados». En este sentido, ha pedido a los partidos de la oposición, respetando su derecho de control al Gobierno, que «seamos serios y respetemos a nuestros electores y los impuestos que pagan. Deberíamos centrarnos en pensar y hacer porque así se produciría algún silencio que podemos aprovechar para trabajar” ha dicho parafraseando al presidente de la Segunda República, Manuel Azaña.

Acuerdo para esta legislatura

Campo ha reclamado a los partidos de la oposición que dejen a un lado «la cortedad de miras» para que «un mal entendido partidismo» no impida «que lleguemos a un acuerdo en esta legislatura para convertir la Justicia en un verdadero servicio público».

El ministro hace este llamamiento cuando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional está bloqueado por la falta de acuerdo entre el partido del Gobierno y el Partido Popular, cuya mayoría en Congreso y Senado permitiría proponer y elegir a los miembros del órgano de los jueces.

«Algo pasa con la Justicia»

El titular de Justicia ha reclamado una renovación profunda del sistema judicial español que «lleva décadas empantanado. Son más de 40 años de democracia, algo pasa con la Justicia», ha reflexionado Campo, que ha anunciado medidas para equiparar el avance de la Justicia a otros ámbitos como la Sanidad o la Educación.

Por un lado, ha explicado las líneas maestras de su programa Justicia 2030, que persigue una Justicia más «eficaz, rápida y cercana». Para ello, Campo ha anunciado que el Ministerio contará con tres secretarías generales del Estado con competencias «transversales».

Para ello, el ministro ha explicado que se implementará un plan de digitalización de todos los órganos jurisdiccionales para hacer más accesibles los tribunales a la ciudadanía, así como ha avanzado que se buscará modernizar el lenguaje jurídico para hacer las resoluciones «accesibles y comprensibles para el ciudadano» aterrizando al ministerio un plan en el que él mismo trabajó en la secretaría de Estado de Justicia.

Reforma de la Lecrim

Campo también ha anunciado que presentará un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales puedan instruir las causas penales en lugar de los jueces antes de que acabe 2020. Así pretende contar con un «proceso penal moderno y adecuado y dotarnos de una nueva regulación procesal-penal propia del tiempo y la sociedad que vivimos», ha dicho ante los representantes de los distintos partidos políticos.

El ministro ha calificado dicho proyecto de «reto nacional». «Tenemos que situar a las víctimas de nuestros delitos en el centro de nuestras preocupaciones, con especial atención a las víctimas de violencia de género», ha afirmado.