Política Crisis del coronavirus

El Gobierno, desbordado por las autonomías y por su propia parálisis

Expertos consideran que las autonomías tomaron decisiones inconstitucionales por la tardanza de Sánchez en decretar el Estado de Alarma

Pedro Sánchez, en Moncloa. EFE

Solo han trascurrido cinco días desde que el Gobierno llamara a las movilizaciones reivindicativas del 8-M a anunciar el estado de alarma en todo el país. A falta de saber cuáles serán las medidas concretas que este sábado pasarán por la mesa del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha dado muestras de verse sobrepasado por la actuación de unos ejecutivos autonómicos que decidieron comenzar a tomar decisiones por su cuenta ante la parálisis gubernamental.

A Pedro Sánchez le han traído hasta este punto la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, principalmente. La primera, implementando día a día medidas que intentaban parar la expansión del coronavirus incluso con resistencias indisimuladas del ministerio de Sanidad; la segunda, confinando a 70.000 ciudadanos en Igualada y alrededores en una decisión sin precedentes en España; la tercera, decretando el estado de emergencia con el que poder, llegado el caso, suspender la consulta electoral del 5 de abril.

Los presidentes autonómicos de estos tres territorios decidieron que no podían esperar más ante la inacción gubernamental, bien por falta de luces largas ante una crisis que tenía el antecedente italiano o, tampoco es descartable, con el objetivo de dejar que fueran Isabel Díaz Ayuso, Quim Torra e Íñigo Urkullu los que corrieran con el desgaste de las medidas más impopulares. A fin de cuentas el Gobierno también dejó que el socialista valenciano Ximo Puig se comiera solo el sapo de suspender Las Fallas sin que Sanidad le diera indicaciones al respecto, al menos públicamente. Y para cuando el Ministerio de Salvador Illa decidió, por ejemplo, que se cerraran los centros educativos, eso ya lo había hecho Madrid y el País Vasco, por poner tan solo un ejemplo.

Sánchez esperó más de un mes en hablar de la crisis del coronavirus

Sánchez esperó más de un mes en hablar de la crisis del coronavirus en España. Se mantuvo silente desde el 31 de enero, que se confirmó el primer caso de contagio en La Gomera, hasta el 9 de marzo. Cinco semanas en darse por aludido. Ese día Moncloa despertó. El jefe del Ejecutivo presidió por vez primera una reunión de la comisión de seguimiento de Sanidad e indicó a su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que convocara la interministerial. Además, aprovechó su presencia en un acto de la organización que defiende los intereses de los autónomos, ATA, para referirse, por vez primera a un asunto que ya tenía a Madrid desbordada.

Desde entonces ha emprendido una carrera contra sí mismo trufada de comparecencias que los acontecimientos desbordaban apenas unas horas después. Es poco creíble que este jueves Sanidad no hubiera previsto los escalofriantes datos del viernes: 2.000 afectados más y 133 fallecidos en total. El inquilino de la Moncloa compareció el jueves, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, para dar a conocer medidas de índole económica y de inyección de liquidez al sistema para afrontar la epidemia, que, con ser importantísimas, no solucionaban la cuestión principal, esto es, cómo impedir la propagación del contagio.

Galicia y País Vasco están pendientes de la suspensión de sus elecciones el 5-A

Nada dijo de cuestiones tan esenciales como decretar el estado de alarma, suspender las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco del 5 de abril o de dar cobertura legal al confinamiento de miles de ciudadanos y ampliar el aislamiento a territorios como la Comunidad de Madrid. Y este viernes, en una declaración institucional, anunciaba un estado de alarma en diferido, para el sábado, en otra reunión extraordinaria del Consejo donde quizá revelen o, no, esa suspensión electoral o el aislamiento de todo o parte del país, como ha hecho Italia.

En la Puerta del Sol creen que las aguas bajan revueltas para Sánchez. Se malician que los socios de Podemos no quieren el estado de alarma y que a Torra se le atraviesa eso de que es factible movilizar al Ejército para controlar la propagación del virus. Al menos, el inquilino de la Moncloa ha conseguido que Torra se olvide de la «mesa de partidos» y se sume al resto de los presidentes autonómicos para hacer frente común al coronavirus.

Catedráticos de Derecho Constitucional consideran que la decisión de Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma previsto en la norma suprema española llega tarde y que las comunidades autónomas pudieron incurrir en decisiones inconstitucionales los últimos días al tomar la iniciativa para contener el coronavirus con medidas que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos ante la tardanza del Gobierno.

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, vivió como un «escándalo constitucional» que la Generalitat de Cataluña privara de la libertad de circulación, recogida en el artículo 19 de la Constitución, a 70.000 personas en los municipios de Igualada (Barcelona) y adyacentes al cercar los Mossos d’Esquadra las carreteras o que la Comunidad de Madrid decidiera el cierre de bares y otros establecimientos, vulnerando el artículo 38 de libertad de empresa en la economía de mercado también fundamental, de la misma norma.

Considera el experto que los responsables de los gobiernos regionales aplicaron dichas medidas ante la inacción del Gobierno central, que ante tales decisiones se vio obligado a realizar un «anuncio de estado de alarma en lugar de un decreto de estado de alarma real» puesto que dejó para el sábado la concreción de las medidas. «¿El decreto es de urgencia extrema y sale a anunciar que aplaza a mañana la concreción de las medidas? Debería haber reunido la misma tarde al Consejo de Ministros para concretarlo», reflexiona Ruiz Miguel.

Las comunidades autónomas justificaron la aplicación de las medidas que vulneran derechos fundamentales de la Constitución -como el de reunión al sacar a las familias de los parques infantiles o el de educación al cerrar los colegios- en leyes autonómicas de Salud Pública o Protección Civil. Así justificó la consejería de Interior catalana, por ejemplo, la resolución bajo la que la Policía catalana cercó Igualada.

Sin embargo, una prueba más de que pudieron extralimitarse está en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampliaba el escenario (nivel 3) judicial ante la crisis del coronavirus y reforzaba juzgados para agilizar «las autorizaciones que demande la autoridad competente y que impliquen por ejemplo privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental» en aras de la salud pública.

«El estado de alarma se queda corto»

José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos va más allá. Considera que el estado de alarma decretado por Sánchez se queda corto puesto que «está previsto para crisis sanitarias pero no contempla la posibilidad de suspender derechos, solo de limitarlos», mientras que el estado de excepción se prevé «cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo», lo que permitiría al Gobierno tomar decisiones por encima de los derechos fundamentales de reunión o circulación, por ejemplo.

El experto considera además que esta crisis sanitaria «pone de manifiesto que hay competencias centrales concedidas a las comunidades autónomas que deberían devolverse al Gobierno central porque son vertebradoras de normas que afectan a la igualdad de los españoles».

«El coronavirus excede cualquier marco jurídico»

Por su parte, el catedrático emérito de Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, también considera que la crisis generada por la pandemia del coronavirus excede «cualquier marco jurídico, tanto el del estado de alarma como el de excepción» y, por lo tanto, considera que lo necesario es que el presidente del Gobierno se reúna con los presidentes de las comunidades autónomas para abordar las medidas necesarias ante tal eventualidad. En este marco, el bien común estaría por encima del respeto a los derechos fundamentales tal y como están recogidos en la Constitución.

Daniel Berzosa, doctor en Derecho y profesor de Constitucional en CUNEF, también se muestra «sorprendido» porque el Gobierno de Pedro Sánchez no haya tomado antes la decisión de decretar el estado de alarma.

Considera que la redacción de la Ley 4/1981 es tan amplia que el Gobierno, con el único requisito de la aprobación del Consejo de Ministros, ha tenido la oportunidad de tomar las decisiones necesarias para atajar el problema durante 15 días y más tarde con la aprobación del Congreso de los Diputados, por lo que no comprende por qué no lo ha hecho antes.

Eduardo Vírgala, catedrático de Constitucional en la Universidad de País Vasco jubilado, también achaca las decisiones de las comunidades autónomas los últimos días como una respuesta a la «inacción del Gobierno central». Aún así, él considera que la legislación autonómica de Protección Civil o Salud Pública justifica las decisiones tomadas. En todo caso, cree que un estado de alarma previo habría permitido unas «pautas nacionales para unificar criterio» que habrían evitado el contagio con movimientos de una región a otra, por ejemplo.

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