El jefe de Estado, Felipe VI, fue informado hace un año, en marzo de 2019, de que su padre Juan Carlos I le designó beneficiario de una fundación offshore de Panamá, Lucum, a través de la que el emérito habría recibido 100 millones del rey de Arabia Saudí, Adbul Aziz Al Saud, en una cuenta suiza del banco Mirabaud. Después, la mayor parte de esos fondos habrían pasado a una cuenta de la ex pareja sentimental de don Juan Carlos, Corinna Zu Saynn-Wittgenstein.
La Casa del Rey comunicó este domingo que Felipe VI renuncia a la herencia de su padre «que personalmente le pudiera corresponder» y que Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey después de que el diario británico The Telegraph adelantara el sábado que Felipe VI figuró como beneficiario de la fundación Lucum.
Renunció con una carta a su padre ante Notario
En el comunicado oficial se reconoce que "su Majestad el Rey tuvo conocimiento -sin ninguna justificación documental- de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos" y que "compareció ante Notario, el 12 de abril de 2019, para manifestar que ha dirigido una carta a su padre, el Rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum".
No descarta que sea ilegal
En el comunicado, la Casa del Rey no descarta que la constitución de dicha fundación -de cuya existencia Felipe VI fue informado por el despacho de abogados británico que defendió a Corinna Larsen, Kobre&Kim- estuviera al margen de la ley y por tanto el Rey emérito pudiera incurrir en una ilegalidad.
"En el mismo acto notarial, y además de lo anterior, manifestó (Felipe VI) no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada", recoge el escrito de la Casa del Rey.
"Y en la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario en relación con cualesquiera activos inversiones o estructuras, manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro", continúa el documento.
Investigaciones fiscales en curso
El fiscal suizo Yves Bertossa investiga desde el verano de 2018 la donación millonaria del rey saudí a Juan Carlos I en una cuenta suiza a través de la Fundación Lucum por si responde a una comisión por mediar para que empresas españolas fueran las beneficiarias del contrato de construcción del AVE a La Meca.
Lo hace desde que El Español y Okdiario publicaran las ya conocidas como 'cintas de Corinna': una conversación grabada por el comisario en prisión preventiva José Manuel Villarejo a Corinna Zu Saynn-Wittgenstein en un hotel de Londres y en presencia del empresario Juan Villalonga. Durante ésta, la ex amante del rey afirmó que éste la había utilizado como testaferro para esconder la presunta comisión millonaria saudí y que lo habría hecho a través de la fundación en la que figuran también el abogado Dante Canonica y el gestor de fondos suizo Arturo Fasana.
La Fiscalía Anticorrupción española y la Audiencia Nacional han solicitado al fiscal suizo que comparta con ellos la información obtenida en la investigación. Si encuentran indicios delictivos, podrán presentarlos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, que sería la competente para investigar al rey emérito como aforado, puesto que perdió su inviolabilidad al abdicar en su hijo en 2014.
Tras hallar los audios en manos de Villarejo, el juez Diego de Egea de la Audiencia Nacional abrió una pieza de investigación denominada Carol que pronto archivó de manera provisional al entender que no había indicios suficientes contra Don Juan Carlos por haber cobrado presuntas comisiones ilegales y recordó también su inviolabilidad en el momento de los hechos como jefe de Estado. La Fiscalía informó a favor de tal archivo.
Sin embargo, Anticorrupción abrió una investigación paralela alrededor de la construcción del AVE a La Meca por si personas no aforadas (empresarios) sí pudieron incurrir en alguna ilegalidad. Por otro lado, Corinna Larsen ha anunciado que se querellará contra el rey emérito ante la Justicia británica por amenazas, donde podría ser investigado como un ciudadano extranjero más. El rey emérito ya ha designado a un abogado, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Javier Sánchez-Junco, "en el ejercicio del derecho a la defensa", se informó también en el comunicado oficial de la Casa del Rey.
En éste también se indicó que será a partir de este momento el abogado "quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes".
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