Política

La Corona, única ocupación de ERC en las Cortes desde que estalló la crisis del Covid19

Miembros de Alerta Solidaria queman fotos del Rey en Girona.

Miembros de Alerta Solidaria queman fotos del Rey en Girona. EFE

La Monarquía y la crisis que azota a la institución tras las nuevas relevaciones sobre la fortuna del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza, se han convertido en el único objeto de preguntas e iniciativas presentadas en las Cortes por Esquerra, en compañía de otros grupos independentistas, en las últimas dos semanas. Un periodo que coincide con la fase más virulenta de la crisis del coronavirus en España hasta ahora, desde que los contagios se empezaron a disparar en varias comunidades a partir del 10 de marzo. Esta cuestión, sin embargo, no ha merecido ninguna iniciativa de los independentistas en la Cámara.

El 5 de marzo Esquerra lidera la primera petición de creación de una comisión de investigación sobre las presuntas ilegalidades cometidas por Juan Carlos I. La iniciativa, presentada junto a Compromís, aludía entonces a las informaciones publicadas por el rotativo suizo Tribune de Genève, que hacía pública la investigación de la Fiscalía de este país sobre una donación de 100 millones de dólares recibida en 2008 procedente del entorno del entonces Rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud.

La petición fue inadmitida a trámite por la Mesa del Congreso. Ambos partidos presentaron además una batería de cuestiones al Gobierno sobre la investigación de la Fiscalía helvética.

Faltaban todavía unos días para que la crisis estallara definitivamente en la Casa Real. Fue diez días después cuando la Zarzuela hacía público un comunicado en el que Felipe VI anunciaba su renuncia a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de su padre, al que retiraba la asignación fijada en los presupuestos de la Casa Real. Felipe VI renunciaba a “cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad y los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada”. Una afirmación que, al menos, admite la posibilidad de que el Rey Juan Carlos haya manejado fondos opacos.

El comunicado respondía a las declaraciones de la ex amante del Rey, Corinna Larssen, investigada por una donación de 65 millones de dólares, que había asegurado ante la prensa británica que Felipe VI sabía de la existencia de la fundación porque ella misma se lo había hecho saber. Algunos vieron en el anuncio hecho el mismo fin de semana en que Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma un intento de «voladura controlada» mientras la opinión pública estaba centrada en la crisis del coronavirus.

Pero la crisis sanitaria no distrajo a los republicanos. «El anuncio de Felipe de Borbón es una confesión en toda regla y una total enmienda a la Corona» declaró ese lunes Gabriel Rufián tras ser informado por Pedro Sánchez de la aplicación del estado de alarma acordado por el Gobierno dos días antes, que Rufián consideró insuficiente.

Frente común republicano

«No basta con la renuncia individual a la herencia. Hay que investigar el origen del dinero, los negocios y obviamente depurar la responsabilidad hasta las últimas consecuencias» añadía el dirigente republicano, para quien «nunca antes se había presentado una oportunidad para que el autollamado constitucionalismo demuestre lo de que ‘todos somos iguales ante la ley'». En conclusión, ERC junto a JxC, CUP, Bildu, Más País, BNG, Ps y PNV empezaron a analizar vías de investigación efectivas entorno a las informaciones publicadas de la casa real.

Tres días después se concretaba ese frente republicano en una nueva petición de Comisión de Investigación relativa a la «trama vinculada a las presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí». Entre los objetos de la comisión, los partidos independentistas señalaban la existencia de estructuras opacas, con la participación del ex Jefe de Estado, para la adjudicación de contratos comerciales.

Apuntaban además al presunto blanqueo de capitales del ex Jefe del Estado, las posibles cuentas irregulares de miembros de la Familia Real en paraísos fiscales, los mecanismos utilizados para ello y el origen de los fondos de las mismas, o los beneficiarios de las actividades ilícitas o ilegales del ex Jefe de Estado, «y especialmente si entre estos beneficiarios está el actual Jefe de Estado». Esquerra, además, exigió a Agencia Tributaria que actuara de oficio para investigar el patrimonio de la familia real, a raíz de las publicaciones de The Sunday Telegraph y Tribune de Genève.

Finalmente esta semana, los republicanos, de la mano de Bildu, han cerrado el círculo con una proposición de ley para retirar del Código Penal el delito de calumnias o injurias a la Corona. Un delito por el que han sido condenados activistas tanto del movimiento independentista catalán como del vasco por la quema de imágenes del Rey.

Guardia Civil en catalán

En estas dos semanas, sólo una cuestión ha distrañido a los republicanos de su objetivo, en el momento de mayor debilidad de la Casa Real desde la abdicación: el incidente denunciado por un vecino de Manresa, según el cual la Guardia Civil lo habría acusado de desacato por negarse a hablar en castellano. Una denuncia que motivó una batería de preguntas de ERC y Bildu al Gobierno, esta vez en el Senado.

Entre la batería de preguntas, cuestionan la presencia de la Guardia Civil patrullando por las calles de Manresa y acusan a los agentes de haberse negado a entregar la denuncia amparándose en el estado de alarma «pese a que el conflicto lingüístico, nada tiene que ver con el estado de alarma».

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