Cansados de reclamar medios de protección y no recibirlos, sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han dado un paso más este miércoles y han denunciado ante los tribunales y la Inspección de trabajo la carencia de equipos con la que están ejerciendo su labor en la lucha contra el coronavirus.

Los representantes policiales acusan al Ministerio del Interior de incumplir la orden que dictó el propio Grande-Marlaska el pasado 15 de marzo para coordinar la actuación de los diferentes Cuerpos a fin de que se cumplan las medidas restrictivas acordadas tras declararse el estado de alarma. Las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil quedaban emplazadas a adoptar "las medidas necesarias" para garantizar la seguridad y salud de los agentes en el desempeño de sus cometidos.

Jupol y Jucil, los brazos de la plataforma Jusapol en cada Cuerpo, han optado por poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo al entender que la Secretaría de Estado de Seguridad está cometiendo un "incumplimiento flagrante" de la Ley de prevención de riesgos laborales.

Representantes de los agentes dicen que aún hay funcionarios que salen a trabajar "sin las medidas de protección mínimas" para evitar el contagio

"Aún hoy hay muchos agentes que tienen que salir a trabajar sin las medidas de protección mínimas para evitar un contagio por coronavirus", han denunciado en un comunicado. Ambas organizaciones lamentan que las reivindicaciones que vienen haciendo desde "antes del inicio de la crisis sanitaria en España" para que se dote a los funcionarios de mascarillas, guantes de nitrilo y geles desinfectantes "no hayan sido escuchadas" por las jefaturas.

A la puerta de la Inspección de Trabajo han llamado también el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una denuncia conjunta formalizada este miércoles después de que no se haya proporcionado a los agentes "medios profilácticos suficientes" o que se les impida utilizar los equipos costeados por ellos mismos.

El SUP y la AUGC quieren que "un organismo oficial" como la Inspección "acredite esa exposición de alto riesgo, grave e inminente", y obligue a la Administración a tomar medidas para evitar la propagación del covid-19. Según sus cálculos, unos 9.000 profesionales -entre policías, guardias civiles y militares- están "contagiados".

Carencia "generalizada"

La denuncia con la que pretenden que inspectores de Trabajo comprueben que la ausencia de equipos es "generalizada" no es la única medida que han adoptado. También han iniciado los trámites para interponer una demanda ante los juzgados de lo Social para que se ordene la compra "efectiva y real" de equipos de protección que minimicen el riesgo de contagio tanto a los funcionarios como a sus familias. De no corregirse esta situación, el SUP y la AUGC advierten de que exigirán que se depuren responsabilidades sobre los mandos que "pongan a sus subordinados en riesgo por guardar equipamiento sin utilizarlo o evitar su uso".

Igualmente, ambas organizaciones insisten en la necesidad de que los cuerpos policiales sean considerados de alto riesgo, lo que les permitiría tener acceso al test que determine cuántos de los agentes que están ahora en cuarentena por presentar síntomas "padecen realmente el virus" y cuántos funcionarios están contagiados y siguen trabajando al no tener sintomatología.

La Unión Federal de Policía (UFP), por su parte, ha optado por la vía judicial. El sindicato ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que adopte "medidas cautelarísimas" para obligar a la Dirección General a dotar de equipos de protección individual a los agentes "ante la falta de sensibilidad y respuesta del Ministerio del Interior" a las solicitudes que le ha venido formulando por escrito.

"Ni atendidas ni contestadas"

La UFP ha reclamado que se tomen medidas contra la presencia de ciudadanos en sedes judiciales, que se establezca un protocolo de desinfección de instalaciones policiales y vehículos, que se refuercen los servicios de limpieza, que se supriman todos los desplazamientos de Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidades de Prevención y Reacción (UPR) que no sean "estrictamente necesarios" para evitar la propagación y que a los agentes con síntomas se les realicen las pruebas de confirmación de la enfermedad. "Todas estas peticiones realizadas por esta organización sindical, no han sido ni atendidas, ni contestadas, a excepción del cambio de turno en la cadencia en los servicios", censura.

Frente a estas reivindicaciones y las críticas unánimes de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, el ministro del Interior mantiene que los funcionarios policiales disponen de los medios «adecuados y necesarios» para prestar servicio.