Política

Madrid no usó "por prudencia" los test que luego resultaron fallidos

En la Comunidad de Madrid defienden que Sanidad dio por válidos los test defectuosos y no hicieron las comprobaciones previas a su distribución

El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE

La nueva polémica en la gestión del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria ha terminado por romper la leve tregua entre oposición y Ejecutivo en la lucha común contra el Covid-19. ¿El motivo? La compra de parte del Ministerio de Sanidad de un lote de los esperados test rápidos que han resultado defectuosos y, según informó la Embajada China en España, fueron adquiridos a una empresa sin licencia del gigante asiático.

En concreto, se trata de un lote de 9.000 pruebas -según ha adelantado la Cadena Ser, la cifra de test defectuosos se eleva a más de 50.000 si bien no fueron distribuidos en su totalidad- de un paquete de 640.000 kits rápidos, teóricamente capaces de diagnosticar casos entre 10 y 15 minutos, que el Ejecutivo compró a la empresa Shenzen Bioeasy Biotechnology y envió en primera instancia únicamente a la Comunidad de Madrid. Una vez allí, se comprobó que las pruebas no funcionaban -según El País presentaban una sensibilidad del 30% cuando debería ser superior al 80%- y, conocido el error, Sanidad informó de haber devuelto los lotes y exigido al proveedor el envío de nuevos test rápidos.

En la Comunidad de Madrid lamentan que el Ejecutivo envió el lote para su distribución dándolo por válido, sin comprobar si era efectivo

Fuentes cercanas a la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se quejan, en conversación con El Independiente, de que el departamento que dirige Salvador Illa envió el lote a la región y «lo dieron por válido», pero que «por prudencia» realizaron en Madrid comprobaciones previas a la distribución masiva. Niegan, además, que se les notificase de parte del Ejecutivo la necesidad de validar los test antes de ponerlos en circulación.

«Estaban mal y no venían validados por el Gobierno. Ellos lo tendrían que haber hecho antes a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) -dependiente del Ministerio de Sanidad-» y notificar el error, «pero no lo hicieron, así que los comprobamos» y, como trascendió ayer, resultaron fallidos.

De acuerdo con la nota distribuida por Moncloa este jueves, en Sanidad se defienden asegurando que «las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII, y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada», versión que desmienten desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso, donde afirman que los resultados de los laboratorios madrileños, en los que instaban a seguir utilizando la prueba actual, la PCR, se trasladaron a la institución dependiente del Ministerio y esta, a su vez, notificó del error al Gobierno.

El caso cuenta con muchas aristas. Desde el Ejecutivo se defienden argumentando que las especificaciones del test que adquirieron «no se correspondían con lo que exigían los certificados de calidad con marcado CE» para comercializar y comprar en el espacio comunitario.

Al contar con la homologación europea, Sanidad adquirió una partida a un proveedor nacional «de confianza» y con sede en Bélgica que importaba los test de China, si bien no ha desvelado el nombre del mencionado proveedor ni tampoco las fechas en que se realizó el pedido o el coste del paquete de los 640.000 kits, que nada tienen que ver con los 5,5 millones de test rápidos que encargó el Ejecutivo el pasado miércoles. Tan sólo han argumentado que la fraudulenta empresa era la primera que había podido enviar el material, y se fiaron al no haber «ninguna alerta» sobre ella. «En un mercado loco hay que ir con mucho cuidado», zanjaba Illa.

Sanidad «sí hizo comprobaciones sobre la fiabilidad del proveedor nacional», argumentaba Illa y, si bien reconocía que Bioeasy no estaba dentro del listado de recomendaciones de proveedores clasificados y con licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China, facilitado a España por la Embajada del gigante asiático, justificaba el erros asegurando que el envío del listado fue posterior al encargo de los test.

En la declaración de conformidad que ha publicado Moncloa, adjuntan un certificado de calidad del fabricante con fecha de validez entre julio de 2019 y julio de 2022, muy anterior, por tanto a la aparición del coronavirus, y los estándares que el producto se suponía que cumplía.

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