Política POR EL CORONAVIRUS

Suspenden la declaración de los testigos dispuestos a cercar a Aguirre en Púnica

La investigación de la presunta financiación irregular de las campañas de la ex presidenta madrileña en la Audiencia Nacional debería concluir el 6 de junio

Francisco Granados y Esperanza Aguirre.

Francisco Granados y Esperanza Aguirre. PP

Los tres testigos propuestos por las fiscales del caso Púnica para aportar luz sobre la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid en 2007 y 2011 no declararán este martes y miércoles, como estaba previsto. Es otra de las citas judiciales suspendida por la pandemia del coronavirus.

El juez Manuel García-Castellón citó a declarar este martes, como pidieron las fiscales Teresa Gálvez y Carmen Cerdá, a Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda condenado a 38 años de prisión en la sentencia de Gürtel Época I y a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla procesado también por recibir presuntamente más de 600.000 euros en regalos de Francisco Correa a cambio de adjudicaciones a su trama empresarial y para el que Anticorrupción pide 40 años de cárcel.

El miércoles estaba previsto también que compareciera Isabel Jordán, ex administradora de las empresas de Correa y condenada a más de 20 años de prisión por delitos de corrupción entre las sentencias de la primera época de Gürtel y Fitur.

Falta de indicios

Esperanza Aguirre, igual que los expresidentes madrileños Ignacio González y Cristina Cifuentes, está investigada en dicha pieza del caso Púnica desde el 2 de septiembre de 2019. En el auto de imputación, el instructor expuso que Aguirre «ideó» la financiación irregular del PP de Madrid para «fortalecer su figura política».

Esa financiación, con la que se habría superado en más de un 50% el gasto permitido por ley para las campañas según el auto del juez y los informes de las fiscales, se habría conseguido por dos vías: con pagos de empresarios a los que después se habría beneficiado con adjudicaciones públicas, y a través de la denominada cláusula del 1%. Ésta última habría consistido en reservar dicho porcentaje de publicidad en los contratos de organismos de la Comunidad de Madrid que supuestamente se asignaron una y otra vez a las mismas empresas elegidas por el PP madrileño para desviar fondos públicos.

Precisamente las fiscales buscan que los tres testigos se refieran a facturas con dichas empresas o detalles que conozcan de la financiación del PP en la Comunidad madrileña relacionados también con el exgerente de la formación, Beltrán Gutiérrez.

A lo largo de la instrucción en la Audiencia Nacional, las investigadoras han encontrado indicios del presunto sobrecoste de las campañas a través de fondos públicos y de amaños con empresarios, pero pocos que involucren directamente a la ex presidenta madrileña, más allá de su presencia en una reunión en la sede de la Comunidad de Madrid en 2004 de la que no hay registro documental. En ésta se habría acordado beneficiar con contratos periódicos a las empresas publicitarias de Daniel Horacio Mercado, investigado también en la trama de corrupción del PP en Baleares durante el Gobierno de Jaume Matas.

Dispuestos a tirar de la manta

Los tres testigos propuestos son favorables a tirar de la manta para mejorar su compleja situación procesal, por lo que también se esperaba que no hubieran tenido reparos en transmitir toda la información que conocieran de las presuntas irregularidades del PP de Aguirre este martes y miércoles. Sin embargo, la paralización de los juzgados por la pandemia del coronavirus lo ha impedido.

González Panero ya implicó al expresidente Mariano Rajoy y al presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla cuando declaró ante el juez José De la Mata en la instrucción de la caja B del PP o Papeles de Bárcenas. Afirmó que informó a Bonilla de las presiones del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para que contratara a las empresas que él dijera por indicación de Rajoy.

El alcalde de Boadilla, además, presentó una denuncia ante Anticorrupción a la que se refieren las fiscales para pedir su declaración. En ésta, se refirió al posible amaño de la adjudicación del contrato para la construcción del metro ligero a Boadilla (investigado en la pieza Prisma de Púnica). «En la denuncia aportada a la Fiscalía relata de nuevo la reunión del investigado Francisco Granados (exconsejero de Transportes muy próximo a Aguirre) con 20 alcaldes a los efectos de que recaudasen fondos para el partido y la posible participación del investigado Beltrán Gutiérrez», se puede leer en el escrito de las fiscales donde pidieron su declaración.

En cuanto a Jordán, las representantes del Ministerio fiscal solicitaron su comparecencia para que aclare la adjudicación de un contrato público en 2006 desde el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) a la empresa de Gürtel Marketing Quality Management (MQM) a la que estuvo vinculada.

La investigación alrededor de la presunta Caja B del PP madrileño concluye el próximo 6 de junio. Es muy posible que las fiscales del caso soliciten prolongarla por el parón que ha supuesto la pandemia del coronavirus en la investigación, que se encontraba en una fase crucial para solicitar las últimas diligencias y reunir indicios.

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