Trabajadoras ataviadas con mascarillas en el geriátrico de Grado, en Asturias
La Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector público, ha anunciado que incluirá "el alarmante incremento de contagios entre el personal de la sanidad" en una querella contra el Ministerio de Sanidad que presentará ante el Tribunal Supremo, y en la que también pedirá que se investigue el reparto de mascarillas defectuosas entre los sanitarios por si esta gestión pudo ser constitutiva de delito.
El pasado 23 de abril, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) anunció una querella criminal también ante la Sala Penal del Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y cuantos "corresponsables" de la Administración corresponda por la distribución de mascarillas defectuosas y otro material de protección no homologado a centros sanitarios de toda España.
El sindicato consideró que con el reparto de "una gran partida de mascarillas FPP2 de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos servicios de Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud", hubo una "presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario" que podría ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal.
"Enfermedad profesional"
CSIF, que en febrero ya había presentado una denuncia ante el Supremo porque "Sanidad no atendió los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud para hacer acopio de material (mascarillas, EPIs test)", anunció el 23 de abril que ampliaría dicha denuncia tras conocer el reparto de las mascarillas defectuosas. Ahora, el sindicato confirma que "los servicios jurídicos están ampliando esta acción judicial con una querella, recabando testimonios de personal que se ha visto afectado y la constante información que se sigue produciendo sobre la gestión de la crisis, como las mascarillas fake", informan en una nota remitida a los medios este martes.
CSIF también ha reclamado que se declare "enfermedad profesional a todos los efectos el contagio por Covid" y avanza que ha presentado diferentes denuncias en tribunales de las comunidades autónomas, así como ante Inspección de Trabajo. "A estas medidas se sumarán miles de reclamaciones a la Seguridad Social para que se incremente entre un 30 y un 50 por ciento las diferentes prestaciones para haberse contraído la infección por falta de material preventivo", trasladan.
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