El pacto del PSOE y UP con Bildu para derogar la reforma laboral ha sido un punto de no retorno en las inestables relaciones del Gobierno con los grandes empresarios que forman el núcleo duro del Ibex.

El terremoto que se produjo el pasado miércoles recorrió de abajo arriba la estructura del empresariado español, ya suficientemente cabreado por decisiones tan incomprensibles como la cuarentena para turistas, las trabas para abrir los grandes centros comerciales, o las dificultades para conseguir financiación justo cuando nos adentramos en la mayor recesión de la historia de España desde la guerra civil.

Hasta ahora, los grandes empresarios habían delegado las relaciones con el Gobierno en el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha firmado, entre otros, la elevación del salario mínimo interprofesional o, más recientemente, el acuerdo para prorrogar los ERTE más allá del estado de alarma.

Garamendi, a quien la ministra portavoz, María Jesús Montero, no ha tenido empacho en calificar esta semana de "patriota de verdad", es considerado por muchos asociados a la CEOE y a la CEPYME como "un pastelero", siempre dispuesto a agradar al poder. Sea o no así, el caso es que cumplía puntualmente la función que encargaron los mandamases del Ibex: "Mantener el diálogo y evitar la confrontación".

Pero fueron esos mismos líderes los que le empujaron el miércoles por la noche a dar la cara contra el pacto que dinamita de facto el diálogo social.

La presidenta del Banco de Santander, Ana Botín; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y bien conectado con el PNV, dijeron ¡basta ya!

Los grandes empresarios pulsaron el botón de alarma para que Garamendi diera por roto el diálogo social

Todos ellos y alguno más, bien conectados con la ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, no se recataron en la tensa noche del miércoles en pedirle explicaciones vía telefónica. Calviño, habitualmente moderada y cauta en sus manifestaciones públicas, reaccionó escandalizada ante tamaña barbaridad, de la que Sánchez no le había dicho ni palabra. No sólo le paró los pies al presidente del Gobierno, obligando al PSOE a emitir una vergonzosa nota de rectificación poco antes de las doce de la noche, sino que el jueves, aprovechando una intervención en el Circulo de Economía, con presencia telemática del vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, se despachó a gusto contra la abolición de la reforma laboral mediante un pacto que genera "inseguridad jurídica", la peor receta en un momento como este.

Ni la decisión de Garamendi de dar por rota la mesa de diálogo social, ni el editorial de El País del pasado jueves -al que ya hice referencia en estas páginas- son fruto de la casualidad. Forman parte de un mensaje inequívoco y contundente. "Los empresarios le queremos transmitir al Gobierno: ¡hasta aquí hemos llegado!", afirma el dueño de un importante grupo.

Lo que preocupa a los empresarios no es tanto la abolición de la reforma laboral de 2012, para lo que es dudoso que cuente con mayoría parlamentaria suficiente, sino lo que significa ese pacto. "Cada día es más evidente que Pablo Iglesias va ganando poder en el Gobierno", confiesa un ejecutivo de una entidad financiera.

Tras la firma del pacto hemos visto a dos hombres muy contentos, Iglesias y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi; y a uno apurado, intentando apagar el fuego como puede, Sánchez. No es difícil de adivinar por qué.

El presidente ha puesto en riesgo su relación con Ciudadanos, con ERC (que se pregunta por qué el Gobierno se negó a poner sobre la mesa de negociación sobre Cataluña como contraprestación de su voto mientras pactaba el derribo de la reforma laboral con Bildu), y con el PNV, que pasaba por ser un socio estratégico para el Gobierno de coalición.

Los miembros del EBB (Euskadi Buru Batzar) no se resisten a buscarle una explicación más política a ese "error" del Gobierno al darle un insólito premio a los filoetarras que no se compadece con los cinco votos innecesarios que le otorgaron a Sánchez en la votación de la prórroga del estado de alarma.

El Ibex confía en que el presupuesto y la solicitud de ayudas a Bruselas haga saltar por los aires la coalición PSOE/UP

El pacto con Bildu, además de dinamitar los puentes con los grandes empresarios y haber puesto en guardia a sus posibles aliados parlamentarios, ha generado malestar y división en el Gobierno. Además del enfado de Calviño, es fácil de adivinar la opinión de una ministra como Margarita Robles. Hasta es lógico un cierto enfado de Yolanda Díaz, que se enteró por la prensa de un acuerdo que afecta de lleno a sus competencias.

Por no hablar del cabreo en el seno del partido, que, de momento, se mantiene en sordina, a excepción del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que se ha posicionado sin ambages con la postura de Calviño en contra del pacto. ¿Pero cómo van a defender García Page o Ferández Vara un acuerdo con Bildu? ¡Como si no conocieran lo que piensan sus votantes!

El toque de atención de los empresarios va, por supuesto, mucho más allá de la puntilla a una reforma que sirvió para crear empleo a partir de 2012. La falta de un horizonte claro en política económica está provocando ya dos efectos indeseables: por un lado, la salida de inversión extranjera a largo plazo; por otro, la atracción del capital especulativo (los hedge funds están moviendo unos 30.000 millones en Bolsa), siempre en busca de gangas.

"Esperamos, confiamos, en que los presupuestos y la posible solicitud de ayudas a Bruselas hagan volver a la sensatez a este Gobierno", dice un ex ministro.

Sin embargo, esa esperanza es incompatible con el mantenimiento de la coalición en el Gobierno. En el otoño se verá si la alianza entre Sánchez e Iglesias es capaz de resistir la tormenta perfecta: caída del PIB, destrucción de empleo y problemas de financiación exterior.