Política

Piden al juez que investigue la venta de Metrovacesa tras los hallazgos del ‘caso Villarejo’

El antiguo abogado de un socio minoritario de la promotora reclama que se reabra un caso contra los Sanahuja tras conocerse que el BBVA contrató al comisario para investigar a los accionistas de la inmobiliaria y así “facilitar la adquisición” por el banco

Sede de Metrovacesa.

Sede de la promotora inmobiliaria Metrovacesa. EFE

El abogado de un antiguo accionista minoritario de Metrovacesa ha pedido al juez que instruye el caso Villarejo que reabra la causa por las presuntas irregularidades cometidas por los administradores de la promotora antes de que tomara el control de la compañía un grupo de entidades financieras entre las que se incluía el BBVA, al entender que el banco que presidía Francisco González pudo servirse de los métodos ilegales del comisario hoy en prisión preventiva para adquirir la inmobiliaria «en las mejores condiciones» y en perjuicio de los pequeños socios.

José Luis Abascal dirigió la querella que el accionista minoritario Javier Tostado (ya fallecido) interpuso en 2009 por delitos societarios y de estafa contra una decena de miembros del consejo de administración de Metrovacesa, entre ellos cuatro miembros de la familia Sanahuja. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que se hizo cargo del procedimiento tras presentarse inicialmente ante un juzgado de Plaza de Castilla, sobreseyó provisionalmente el caso el 19 de mayo de 2016 al no apreciar ningún indicio delictivo. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ratificó esta decisión el 12 de septiembre de aquel año.

Desde finales del pasado mes de enero, Abascal intenta que el juez Manuel García-Castellón acuerde la reapertura de las actuaciones y que lo admita como parte perjudicada en el procedimiento, alegando como perjuicios que ni cobró su minuta de honorarios ni pudo desarrollar su trabajo «con las mismas armas» que el resto de las partes. El abogado está a la espera de que se resuelva el recurso de reforma que, firmado por el letrado José Luis Laso D’lom, presentó el pasado 24 de febrero y que no se ha resuelto aún debido a la incidencia del coronavirus en la actividad judicial.

El recurrente basa su petición en los indicios que apuntan a que el BBVA habría encargado al controvertido policía hoy preso que investigara a los antiguos accionistas de Metrovacesa para «facilitar la adquisición» de la compañía por parte del BBVA, según el forensic encargado por el banco y que se ha incorporado a las actuaciones que dirige el juez García-Castellón en una de las piezas separadas del caso Tándem.

«El encargo de BBVA a Villarejo en relación a Metrovacesa forma parte de los hechos delictivos investigados en la causa Tándem relativos a BBVA y a José Manuel Villarejo, el denominado ‘Proyecto Doctor’. Y esa investigación, detallada judicialmente en diversas resoluciones con pruebas válidas aportadas y contrastadas, es la prueba nueva y eficaz que presenta esta representación para la reapertura de esta causa», razona Abascal en su recurso, al que ha tenido acceso este diario.

A finales de 2008, la banca acreedora se hizo con el control de Metrovacesa después de que la familia Sanahuja -entonces accionista mayoritaria con el 80,6 % de las acciones- entregara casi el 55 % del capital como pago por la deuda que mantenía con seis entidades financieras. Entre éstas se encontraban el BBVA y el Santander.

El antiguo abogado de un socio minoritario dice que hay indicios de que Villarejo investigó a accionistas de Metrovacesa para «facilitar la adquisición» por parte del BBVA

En 2009, el accionista minoritario Javier Tostado interpuso una querella contra los antiguos consejeros de Metrovacesa, al entender que pudieron cometer delitos en varias operaciones: la salida de 170 millones de euros en el primer trimestre de 2008 y la posterior cancelación de deudas del grupo Sanahuja con la promotora por importe de 233,6 millones de euros; la adquisición de los derechos de arrendamiento de los terrenos de Walbrook en Londres y un pago de honorarios presuntamente indebidos.

Ese procedimiento está sobreseído provisionalmente desde septiembre de 2016, pero el avance de la investigación en torno a la macrocausa Tándem -dirigida por el mismo juzgado que instruyó aquellas diligencias previas- ha llevado al antiguo abogado del citado socio minoritario de Metrovacesa a pedir al juez que retome la investigación a la luz de los nuevos hechos conocidos en la pieza en la que se analizan los encargos del banco al comisario ya retirado.

El símil del «arma de fuego»

El recurrente considera que si el instructor considera «acertada, legal y adecuada la investigación de los encargos del BBVA a Villarejo» y ve probadas «conductas delictivas continuadas» en el tiempo, «no puede entenderse lógica ni jurídicamente que no admita (…) sus propias investigaciones sobre idénticos hechos y personajes que pueden confirmar la comisión de los delitos denunciados en esta causa».

Abascal considera que el denominado ‘Proyecto Doctor’ demostraría que el banco encargó a Villarejo que investigara a los antiguos accionistas de Metrovacesa -accediendo presuntamente a información a la que tenía acceso por su condición de funcionario policial, como en otros trabajos- y «facilitar la adquisición de la compañía», cometiéndose «diversos delitos» y dañando supuestamente los intereses de los minoritarios.

«Las mismas pruebas sobre idéntico asunto no pueden generar una investigación en una causa y no ser útiles para hacerlo en otra causa sobre exactamente los mismos hechos», expone el letrado en su recurso. Y añade gráficamente: «Un arma de fuego puede causar muchas víctimas de asesinatos y estos asesinatos abrir distintos procedimientos, pero siempre podrá ser utilizada como prueba el arma de fuego en los distintos procedimientos, la prueba será igual de válida y eficaz».

Siguiendo ese ejemplo, considera que ha encontrado «el arma de fuego en otro procedimiento» y pide que se incorpore a otras diligencias porque «fue la misma que se utilizó» contra él. «De lo contrario, se produciría un claro ejemplo de arbitrariedad que resulta inadmisible en Derecho», sostiene.

«Desviación del procedimiento penal»

El pasado 20 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional respaldó la posición defendida por la Fiscalía Anticorrupción y rechazó la pretensión de Abascal, al considerar que las alegaciones presentadas «no aportan argumentos» que justifique la reapertura de las diligencias y representan una «continuidad en la línea de utilización desviada del procedimiento penal». Esa providencia es la que está pendiente ahora de resolución.

El recurrente sostiene que el Ministerio Público mantiene un «prejuicio negativo» hacia él y censura la «animadversión» y el «tono mostrado» por el fiscal José M. Alonso en el informe con el que se oponía a la reapertura de las diligencias por acusarle de hacer una «utilización desviada del procedimiento penal».

José Luis Abascal recuerda que fueron los fiscales asignados al caso Tándem -Miguel Serrano e Ignacio Stampa- los que pidieron la imputación del BBVA como persona jurídica por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los «pagos ilícitos que hizo al ex comisario Villarejo», entre los que se encontraría el ‘Proyecto Doctor’.

«No cabe que el sr. Fiscal desautorice aquella investigación diciendo que ‘las alegaciones por esta parte en su escrito no aportan argumentos que deban ser tenidos en cuenta para la reapertura’ porque los argumentos que presenta esta representación son el concienzudo trabajo realizado por sus compañeros fiscales y por el sr. instructor», apostilla.

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