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El PSOE sepultará el "impuesto a los ricos" de Iglesias en la comisión de reconstrucción

Pablo Iglesias este jueves en el Congreso Europa Press

El llamado "impuesto a los ricos" que defendió recientemente el sector morado del Gobierno con un entusiasmo perfectamente descriptible por parte de buena parte de los ministros socialistas, quedará residenciado en el debate de la comisión de reconstrucción social y económica como una propuesta del Grupo de Unidas Podemos, y no tanto como una medida del Ejecutivo. De este modo, el PSOE evita asumirla como propia y la traslada a un foro mucho más amplio donde le puede resultar más fácil dejarla sepultada.

El acuerdo entre los socios de Gobierno fue debatir tan espinoso asunto en la misma comisión a la que ayer acudió el vicepresidente segundo, aunque con intenciones distintas. Iglesias acabó dinamitando su propia comparecencia al buscar el enfrentamiento abierto, primero con los representantes del PP, y luego con Vox. En la sesión de tarde, fue el diputado de Unidas Podemos y miembro de la mesa de la comisión, Enrique Santiago, el que acabaría poco menos que a gritos con el presidente de la misma, el socialista Patxi López.

Si bien de la presencia de Iglesias en el Congreso lo que ha quedado es su choque con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, poco antes había defendido que "si queremos ser patriotas de verdad y no patriotas de pulseras, debemos mostrar nuestra solidaridad con la patria y acercarnos a la doctrina de los países nórdicos en materia de justicia fiscal", aunque se cuidó muy mucho de volver a explicitar las medidas que defiende su formación.

Montero y el Banco de España rechazaron el modelo fiscal de Pablo Iglesias

En el PSOE insisten en que "no es necesario crear nuevas figuras fiscales", aunque asumen que la vía de interlocución directa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se impone muchas veces por encima del criterio del resto de los ministros. Pero en este caso, el presidente del Gobierno orilló el asunto desplazándolo a la comisión que, habida cuenta cómo ha arrancado, milagro será que sea capaz de llegar a cualquier tipo de acuerdo antes del próximo julio.

Según el modelo del sector morado y dejando exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros, se comenzarían a gravar los patrimonios netos a partir del millón de euros: un 2 por ciento hasta los 10 millones; un 2,5 hasta 50 millones; el 3 hasta 100 millones y el 3,5 por ciento a partir de esa cantidad. Estiman que es posible recaudar hasta 11.000 millones, esto es, un 1 por ciento del PIB, datos que parecen distar mucho de ser reales.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado siempre reacia a la creación de un nuevo modelo impositivo, tesis a la que se sumó recientemente el Banco de España. Y con el objeto de evitar un nuevo cisma interno se decidió llevarlo a una comisión de resultado más que incierto.

En apenas un mes debería haber una propuesta consensuada en materias tan sensibles como la sanidad o la recuperación económica. Sin embargo, la sesión de mañana y de tarde de este jueves da idea del grado de crispación al que juegan algunos grupos en la Cámara, incluido el propio vicepresidente del área social, y todo ello el mismo día en que se anunciaba el cierre traumático de la planta de Nissan en Barcelona y de Alcoa en Lugo.

El vicepresidente sugirió la nacionalización de Nissan y Alcoa

Iglesias se refirió ayer a ambas cuestiones muy tangencialmente y, en ambos casos, para decir que la nacionalización de empresas "es perfectamente posible en la Constitución española", aunque en este caso se trata de dos de nacionalidad extranjera con lo que, muy difícilmente, podrían pasar a manos del Estado en España. En todo caso, unas afirmaciones poco tranquilizadoras para atraer inversiones extranjeras en un momento de fuerte crisis económica y de empleo en nuestro país.

Por lo menos, este viernes acaba el largo culebrón del Ingreso Mínimo Vital, que aprobará el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. Lejos quedan ya las controversias entre Iglesias y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre los plazos y la cuantía del mismo, que obligó, incluso, a la intervención de Sánchez para aproximar posiciones.

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