La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por presunta prevaricación administrativa a raíz de una denuncia contra él por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras en Madrid rechaza incluir al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en dicha investigación.

Carmen Rodríguez-Medel ha rechazado la ampliación de denuncia presentada contra el epidemiólogo puesto que la investigación no se dirige contra él y hace saber al denunciante que «al menos otros dos juzgados diferentes (de Madrid) tienen asuntos ya registrados en trámite contra el Sr. Simón indiciariamente recogidos en la ampliación de la denuncia, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste».

Todavía no hay acusación popular

Según una providencia de este viernes, esa ampliación de denuncia la ha solicitado un denunciante además del abogado Víctor Valladares, que representa a la Asociación contra la Gestión del Coronavirus y que fue quien presentó la denuncia inicial contra el delegado del Gobierno de Madrid que dio inicio a la causa.

Sin embargo, Rodríguez Medel aclara en su providencia que, de momento, nadie ejerce como acusación popular en la causa porque no se han cumplido los requisitos exigidos. En este momento, tan sólo están personados la Fiscalía y la Abogacía del Estado como representante legal de José Manuel Franco, por lo que la juez ya ha devuelto distintos escritos «reiteradamente» a quienes los han presentado sin cumplir los requisitos, como el abogado Valladares.

La instructora ha admitido este viernes la petición de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena para personarse como acusación popular, aunque condicionado a que presente documentación y una fianza de 1.000 euros.

Testifical de manifestantes

Rodríguez-Medel cita a declarar para el próximo 11 de junio, un día después de la citación como investigado de José Manuel Franco, a siete testigos, entre ellos convocantes de manifestaciones a los que interrogó la Guardia Civil y cuyas declaraciones incluyó en el atestado que entregó el pasado jueves al juzgado sobre la manifestación del 8 de marzo y otras.

La jueza podrá confirmar en los interrogatorios si alguien desde la Delegación del Gobierno pidió por teléfono «en ocasiones con expresiones imperativas», como sostiene la Guardia Civil, que se desconvocaran manifestaciones para no dejar rastro por escrito puesto que se estaban anulando unas y permitiendo otras o lo hicieron por propia voluntad, por otros motivos que no fueran sanitarios ni relacionados con el peligro del contagio de Covid-19.

Algunos de estos testigos que comparecieron ante la Guardia Civil han matizado sus palabras recogidas por el atestado de la Guardia Civil y afirman que no recibieron ninguna presión para desconvocar, como publicó Eldiario.es.

Ahora, la jueza les cita el próximo día 11 de junio. Están llamados a declarar el secretario general del sindicato CGT de Madrid; el representante del sindicato CGT en Amazon; el representante del Colectivo de Afectados Forum Afinsa; el representante de la plataforma de pensionistas de Alcorcón; la representante de la plataforma en defensa del sistema público de pensiones de Getafe y el representante del sindicato de Oficios Varios del Sur CGT.