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Iglesias defiende desde Moncloa la desmilitarización de la Guardia Civil

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Iglesias defiende desde Moncloa la desmilitarización de la Guardia Civil

Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

Resumen:

Las consecuencias del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos siguen alcanzando al Gobierno. En este caso se le ha preguntado al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si sigue defendiendo la desmilitarización de la Guardia Civil. Y la respuesta ha sido positiva. «Si respondiera como líder de mi partido me gustaría que se puedan reunir, manifestarse y sindicarse como, de hecho reivindican muchas asociaciones. Me parecería muy bien. Pero como vicepresidente, soy prudente porque competencialmente no me corresponde».

Respecto a si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son plenamente democráticas -algo que ha cuestionado, por ejemplo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón- ha considerado que «en democracia no hay ninguna institución que pudiera permitirse un compromiso que no fuera democrático. Forman parte de la administración del Estado, sujeta a principios de jerarquía. Tengo plena confianza en que trabajan para proteger y servir y si en algún caso se produjera un ilícito el peso de la ley caerá sobre él independientemente de quién sea», ha agregado quizá con la mente puesta, no tanto en las FSE, como en el Rey Emérito.

Defiende Iglesias que él cumplió «modestamente» con sus competencias respecto a las residencias de ancianos

En la misma rueda de prensa, ha reiterado sus acusaciones respecto a lo que considera actuación «inmoral e ilegal» de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pidiendo no derivar ancianos de las residencias a centros hospitalarios. «Ciertamente puede tener consecuencias legales. De hecho son las familias de muchos ancianos los que ya están emprendiendo acciones legales», ha animado el vicepresidente para insistir en que las residencias son de competencia autonómica. Su labor fue dotar de medios económicos a estos centros, que se declarara a sus trabajadores como esenciales y tramitar la intervención de la UME. «Modestamente cumplimos con el marco de nuestras competencias», se ha justificado.

Por su parte, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha señalado que «la Fiscalía es un órgano que actúa con autonomía e independencia y no tengo duda que el conjunto de personas de este órgano desarrollan su talento y capacidad en defensa de la ley y del interés general. Es lo que hay que poner en valor cuando las actuaciones de la Fiscalía le parecen mejor o peor. No se puede cuestionar su independencia». Así respondía respecto a la «desescalada» del órgano que encabeza la ex ministra de Justicia Dolores Delgado y las dudas sobre la apariencia de imparcialidad que suscita su figura después de las decisiones tomadas en torno a Don Juan Carlos, José Luis Trapero o la manifestación del 8-M.

Como era de esperar, Montero ha atribuido al «ruido de la derecha», las críticas en torno a los últimos movimientos de la Fiscalía, por entender que su intención es «no hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos y de los que el Gobierno se ocupa las 24 horas al día». En este sentido, ha afeado al líder del PP, Pablo Casado, que se quiera «aprovechar de la pandemia» en lugar de «arrimar el hombro».

En la presentación de la ley de protección a la infancia y a la adolescencia, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, Iglesias ha confesado que en su momento «me revolvió las tripas» la película de Achero Mañas «El bola», que hablaba de la violencia contra los niños y «puso sobre la mesa una gran tarea pendiente de nuestras sociedades. Las democracias avanzadas deben dotarse de instrumentos para protegerlos», ha defendido. Esta Ley, que quedó orillada con la pandemia y por eso ha sido una de las primeras en retomarse, afecta también a los ministerios de Justicia, Interior y Educación. En definitiva, supone «un nuevo paradigma» que intenta, sobre todo, poder el énfasis en la prevención.

«Se trata de implicar a toda la sociedad», de modo que cualquier ciudadano está obligado a trasladar cualquier sospecha de abuso. Para ello se establece, por ejemplo, la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, recintos deportivos y de ocio. La ley también llega al ciberacoso con la creación de nuevos tipos punitivos contra determinados contenidos que promueven, por ejemplo, como el suicidio, y será delito de odio aquellos que se comenten por la edad, lo que afecta también a los ancianios. Habrá unidades especializadas en las FSE e instrucciones para jueces y fiscales.

Las principales novedades residen en el tiempo de prescripción del delito sexuales, que no comenzará a contar hasta los 30 años de la víctima, y la imposibilidad de que los condenados por violencia de género mantengan la patria potestad de sus hijos.

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