12 de junio de 1985. El entonces presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, Felipe González y Fernando Morán, firmaban la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE, hoy convertida en Unión Europea), en un solemne acto en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.

Fue una jornada histórica, compartida también por la incorporación de nuestros vecinos lusos, que recogía la satisfacción nacional por el reconocimiento internacional y el avance de España hacia la consolidación de su modelo democrático tras cuarenta años de amarga dictadura franquista.

Una jornada histórica, incluso y pese a verse empañada por la barbarie de la banda terrorista ETA, que ese mismo día perpetraba sendos asesinatos con una factura de cuatro víctimas mortales, tres en Madrid y una en Portugalete (Vizcaya).

Una jornada histórica que marca 35 años de una adhesión que ha sido beneficiosa, tanto para Europa como para España.

España solicitó por primera vez su adhesión en 1962, pero la CEE ya exigía que sus Estados miembros fueran democráticos, algo que nuestro país, en plena dictadura franquista, todavía no cumplía. Durante este período, el régimen lo volvería a intentar sin éxito otras veces.

La Comisión Europea no aceptaría iniciar negociaciones de adhesión hasta 1977. Un elemento que favoreció e impulsó la naciente democracia española y la progresiva modernización y transformación política, económica y social de nuestro país.

En 1986 se aprueba el Acta Única Europea. Con este tratado el Parlamento Europeo empieza el camino a convertirse en colegislador y se adoptan medidas para materializar la transición de un Mercado Común a un Mercado Interior sin fronteras ni barreras arancelarias, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estuviese garantizada.

Hoy en día más del 60% de las exportaciones españolas tienen como destino algún país miembro de la UE

Fue un hito determinante por las implicaciones económicas, empresariales y comerciales que comportaba, ya que hoy en día más del 60% de las exportaciones españolas tienen como destino algún país miembro de la Unión Europea y el relanzamiento de nuestro sector exterior ha sido determinante a lo largo de las últimas décadas, con una progresión de España del 15,2% en 1960 al 65,7% del PIB en materia de comercio internacional, según datos de la OMC y de la OCDE.

Asimismo, España ha experimentado una mayor cohesión económica, social y territorial a través de las reformas de modernización impulsadas gracias a los diferentes fondos comunitarios, como el Fondo Social Europeo o los Fondos FEDER. Estos fondos han sido beneficiosos para la transformación de nuestro motor productivo e infraestructuras y que favorecieron la instauración de la planificación estratégica en los diferentes niveles de gobierno de España. Mención especial merece la Política Agraria Común (PAC), determinante para la sostenibilidad y transformación de nuestro sector primario. 

A finales de la década de los 80 del pasado siglo, muchas monedas nacionales europeas estaban debilitadas frente a especulaciones bursátiles y algunos gobiernos se vieron obligadas a devaluarlas, lo que generó un encarecimiento de las importaciones. Esto facilitó que, en el Tratado de Maastricht, se establecieran los pasos para avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria. Algo que se materializó a comienzos del siglo XXI con la aparición del euro.

Con el Tratado de Maastricht (1992), la Unión Europea empieza a tomar forma y los ciudadanos de los Estados miembros somos jurídicamente también ciudadanos europeos. Con la ciudadanía europea se establecía el derecho a la libre circulación y residencia, pero también el derecho al sufragio, activo y pasivo, en las elecciones municipales y europeas en todos los Estados miembros.

Se crea la Política Exterior y de Seguridad Común de la que Javier Solana sería su primer responsable. Ahora ocupa esta cartera el ex ministro español de Exteriores, Josep Borrell, que también ha sido presidente del Parlamento Europeo.

Además, España se benefició de la obligación de la estabilidad presupuestaria, tan denostada en ocasiones, pero fundamental para encauzar nuestras finanzas en momentos muy críticos.

En esta década, España contribuiría también de forma determinante a una mayor integración europea. Esto se materializó en el Tratado de Ámsterdam, que consagra un único espacio de libertad y justicia, una propuesta del gobierno de España. En esta misma década, se crea el programa Erasmus, del que los estudiantes universitarios españoles han sido de los más beneficiados. 

El Tratado de Lisboa amplió las competencias europeas en las que la Eurocámara es colegisladora. También permitió una participación más directa de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea. Se dio valor jurídico a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Si España alberga hoy alguna esperanza para ese relanzamiento que seguirá al horizonte postpandemia será, de nuevo bajo liderazgo, coordinación y cooperación de la UE, o no será

En suma, la adhesión constituyó para España una oportunidad histórica para avanzar y consolidar el proceso de democratización de nuestras instituciones, la adquisición de multitud de derechos y libertades y la modernización de nuestra estructura económica y social. Un faro de esperanza que pautó una trayectoria de crecimiento y progreso, pero también un manto de protección ante las diversas crisis y circunstancias sobrevenidas, especialmente en la última década. 

Treinta y cinco años después de aquella firma histórica, en tiempos de Covid-19, si España alberga hoy alguna esperanza para ese relanzamiento y transformación imponente que seguirá al horizonte postpandemia, será, de nuevo, bajo el liderazgo, coordinación y cooperación de la Unión Europea, o sencillamente no será.

La triple red de seguridad de las instituciones europeas para Estados, empresas y ciudadanos (MEDE, BEI, SURE), así como la inyección de liquidez y los planes de compra masiva de deuda del BCE, unidos al fondo europeo de reconstrucción de 750.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea, aún pendiente de aprobación por parte del Consejo Europeo, demuestran el punto de giro y avance en materia de integración y sensibilidad europea con relación a la gestión de anteriores crisis, tanto en términos de plazos como de recursos desplegados.

España, por la naturaleza de su tejido productivo, capeará con gran dificultad el temporal. Tanto es así que el FMI nos sitúa como una de las potencias de la zona euro más afectadas, junto con Grecia e Italia, con un hundimiento de nuestra economía del 8% del PIB, unido a unas cifras de desempleo históricas (por encima del 20%) y una deuda del 110%. Estimaciones avaladas al alza por la OCDE el Banco de España.

De hecho, ya sabemos que, descontado el efecto ERTE, España e Italia suman la mitad del empleo perdido en Europa como consecuencia de la crisis del coronavirus y el confinamiento posterior (desalentador, pero previsible).

España debe estar a la altura. La Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados debe ser un espacio de diálogo, entendimiento y consenso para la elaboración de un plan estratégico de unidad y de credibilidad frente a Europa. Este plan estratégico no puede pivotar en torno a una batería de ajustes, sino en torno a una agenda de reformas estructurales que, con vocación transformadora, adapten nuestra economía a una situación de menor vulnerabilidad y contribuyan a diversificar las fuentes de riqueza e inversión para un tiempo nuevo.

En palabras de Leopoldo Calvo-Sotelo, referenciadas por Soledad Becerril en un acto reciente del Consejo Federal del Movimiento Europeo en España: «Llevé a mis huestes españoles hasta los lindes de la tierra prometida».

Varias décadas después, España está de pleno integrada en esa tierra prometida. Debemos hacer alarde de la madurez política y democrática acumulada a lo largo de los últimos años, aparcando la crispación y los sectarismos ideológicos, para centrar, una vez más, un camino alentador de futuro.

Si Europa fue un espacio de encuentro y entendimiento entre la clase política de nuestro país hace treinta y cinco años, hoy debe seguir siéndolo. 


Alberto Cuena es periodista y analista de política nacional y asuntos europeos. Presidente de JEF Madrid. @Cuena_Vilches

Jorge Juan Morante es politólogo especializado en Comunicación Digital y Unión Europea. Doctorando en Comunicación Política. Presidente de UEF Madrid. @jjmorante