Las informaciones en torno a las supuestas actividades económicas y fiscales del Rey emérito van camino de convertirse en una bomba de relojería que ponen a prueba el cortafuegos que Zarzuela diseñó en marzo, retirándole la asignación de fondos públicos y rechazando Felipe VI cualquier herencia de origen dudoso. Pero conforme se conocen nuevos datos, fuentes de Moncloa creen que «no hay que demorarse» en la toma de nuevas medidas por parte de la Casa del Rey sin necesidad de esperar a la decisión del Tribunal Supremo y, sobre todo, «ante la preocupación ciudadana».

Si hace una semana Pedro Sánchez calificó esas informaciones de «inquietantes» y «perturbadoras», este martes, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha admitido que «celebran» «todas las medidas pasadas y futuras que se puedan tomar para incrementar la transparencia y ejemplaridad» de la jefatura del Estado.

Montero insiste en que todos los ciudadanos «tienen que responder ante la ley» en alusión a Juan Carlos I

Sin embargo, se ha mostrado en todo momento muy cauta respecto a si ha llegado el momento de permitir la constitución de una comisión de investigación en el Congreso, tal y como pide Unidas Podemos. Se ha limitado a comentar que todos los ciudadanos «tienen que responder ante la ley y la justicia debe ser igual para todos». En este sentido, ha recordado las palabras de Sánchez agradeciendo a Felipe VI las medidas que había tomado a modo de cortafuegos, sin querer ir más allá sobre una cuestión especialmente delicada, esto es, si el emérito debe seguir residiendo en Zarzuela.

Montero ha ido con pies de plomo y subrayado que la situación judicial del anterior jefe del Estado no ha formado parte del debate en el seno del Consejo de Ministros a sabiendas de las discrepancias que mantienen en este punto con su socio de Gobiermo, partidario de debatir sobre la «utilidad» de la Monarquía. Lo más lejos que ha llegado ha sido a felicitarse por el esfuerzo de transparencia de la Casa del Rey.