La FEMP se rompe: sale el plan de Hacienda sólo con el voto del PSOE

La FEMP ha roto su tradicional unanimidad para sacar adelante el plan de Hacienda con el que hacerse con 14.000 millones del superávit de los ayuntamientos a cambio de darles una ayuda directa condicionada de 5.000 con cargo a los presupuestos. La votación ha salido adelante con el único respaldo del PSOE y gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero. La abstención del representante de Unidas Podemos y alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha permitido esta salida de compromiso contra la que han votado los representantes del PP, Ciudadanos y del PdeCat.

Con la abstención de UP se ha producido un empate a 12 votos entre los miembros del PSOE y los de PP, Ciudadanos y PdeCAt. Pero el mecanismo de voto de calidad le ha servido a Caballero para solventar una votación en la que no todos sus alcaldes están satisfechos y han aceptado el acuerdo por disciplina de partido.

En todo caso, la batalla no ha terminado. El segundo asalto se dirime en el Congreso de los Diputados a la vuelta del verano y habrá que ver qué hacen en ese momento los 35 diputados de Pablo Iglesias, y, para empezar, él mismo, después de que desde su Grupo Parlamentario se haya criticado la propuesta de la ministra María Jesús Montero. En la Cámara Baja no hay voto de calidad, pero a Montero le bastan más votos a favor que en contra para sacarlo adelante. Sin embargo, este es un trágala muy complicado para los nacionalistas e independentistas, lo que pueden alejar a PNV, ERC, BNG y Bildu de un acuerdo.

La segunda vuelta se dirimirá en el Congreso a la vuelta del verano

Después de cuatro documentos, la representación socialista de la FEMP acepta que los ayuntamientos puedan ceder sus superávits a cambio de participar en el reparto de 5.000 millones, que salen de las cuentas del Estado. Aquellos ayuntamientos que se nieguen a ceder sus remanentes de caja o, directamente, aquellos entes locales que no los tengan, no podrán beneficiarse de esos fondos, lo que ha sido duramente criticado por el resto de las fuerzas políticas. Zaragoza, Lérida, Cádiz, Murcia o Granada con algunas capitales de provincia sin superávit y, por tanto, excluidas del reparto de los 5.000 millones.

Precisamente, el portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha afirmado en rueda de prensa que "no vamos a permitirlo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano", aunque no ah querido adelantar qué instrumentos tienen para frenar este acuerdo salvo que no pase el filtro del Congreso. Tras asegurar que ha recibido la llamada de alcaldes socialistas "que están enfadados" con la propuesta de Hacienda, ha espetado que a Pedro Sánchez "se le debe caer la cara de vergüenza de ir a Europa a pedir ayudas para los países que más lo necesitan y aquí se ha olvidado de eso". Azcón estima en 71 millones de euros el montante que debería recibir Zaragoza en función de su población de de esos 5.000 millones.

Según la propuesta del departamento de Montero los ayuntamientos y diputaciones provinciales y consejos insulares (EELL) pondrán, con carácter voluntario, a disposición de la Administración General del Estado la totalidad de su Remanente de Tesorería para Gastos Generales sostenibles. La puesta a disposición de la totalidad de dicho importe a favor de la Administración General del Estado se concretará en la remisión al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 de un "compromiso firme, vinculante e irrenunciable" de transferir esos recursos a la Administración General del Estado.

Una vez conocidas las entidades participantes y el volumen total de fondos comprometidos, la Administración General del Estado realizará un ingreso no financiero para las entes locales participantes, por un importe que se determinará "con arreglo a un criterio proporcional en función de los recursos comprometidos por cada entidad. Este importe supondrá para cada entidad local, como mínimo, el 35 por ciento de los fondos aportados al préstamo a la Administración central, y se incrementará hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes, siempre que los compromisos de puesta a disposición de fondos hayan alcanzado dicha cantidad.