Política

El juez del 'caso Dina' estudia reclamar la competencia de la denuncia por financiación ilegal contra Podemos

El abogado despedido del partido, José Manuel Calvente, podría aportar información con indicios de un delito de denuncia falsa contra Pablo Iglesias, pues asegura que el robo del móvil de su exasesora fue un "montaje" político

Manuel García-Castellón, en una fotografía de archivo en el año 2006.

Manuel García-Castellón, en una fotografía de archivo en el año 2006. EFE

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, estudia reclamar la competencia de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid tras la denuncia presentada por el abogado despedido de Podemos, José Manuel Calvente, contra varios miembros de esta formación por presuntos delitos de financiación irregular, administración desleal y revelación de secretos.

El titular del Juzgado de Plaza de Castilla donde recayó la denuncia, Juan José Escalonilla, abrió unas diligencias y acordó una serie de testificales, entre ellas las del denunciante Calvente y sus dos compañeras de equipo jurídico, Gloria Elizo y Mónica Carmona, para ver si inicia una investigación por los delitos de malversación y administración desleal contra el partido de Pablo Iglesias. Esto, después de recibir un atestado de la Guardia Civil en el que se apuntaba a la presunta comisión de estos delitos y no los apreciados por Calvente.

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 no descarta reclamar la competencia de dichas diligencias, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente. El motivo es el interés de los hechos presentados por Calvente en su denuncia para la pieza Dina del caso Villarejo y la convergencia de información que podría haber con dicha causa.

¿Pudo tratarse de una denuncia falsa?

García-Castellón no investiga ni ha investigado en ningún momento una presunta financiación irregular de Podemos. Sin embargo, en la pieza Dina del caso Tándem -en la que comenzó a investigarse el robo de un móvil de Dina Bousselham, la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, la aparición de un volcado de dicho móvil en casa del comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, y la publicación de mensajes contenidos en el móvil en el digital Okdiario– el instructor tiene sospechas de que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos ha buscado obstaculizar la labor de la Justicia e impedido que se aclare el robo del móvil.

Calvente, responsable de protección de datos de Podemos expulsado del partido, afirma que cayó en desgracia y los responsables de la formación «fueron a por él» cuando sacó a la luz que la denuncia del robo del móvil de Bousselham y la atribución de éste a las denominadas cloacas policiales era «un montaje». Como miembro del equipo jurídico de Podemos que presentó los hechos a los fiscales Anticorrupción del caso como si fuera una actuación más de la «policía política» durante el Gobierno de Rajoy para perjudicar a Pablo Iglesias -igual que filtraron el informe policial falso PISA (Pablo Iglesias SA)-, Calvente afirma que advirtió de que esa estrategia no tenía «base jurídica» para salir adelante.

Iglesias declaró ante el juez como testigo y éste le dio la opción de figurar como perjudicado de la trama de Villarejo. El líder de Podemos apuntó en sede judicial a que el Ministerio de Interior pudo instigar la filtración de los mensajes contenidos en el móvil de Bousselham -principalmente conversaciones entre miembros de Podemos- a Okdiario para desprestigiarle.

Posteriormente, el juez le retiró la condición de perjudicado. También le afeó en sus autos que recibiera una copia de la tarjeta de su exasesora seis meses antes que Villarejo, que no se la devolviera y que, según un informe de la policía científica, cuando lo hizo, ésta era inaccesible al estar dañada. Ha valorado solicitar al Tribunal Supremo que se le investigue por presuntos delitos de daños informáticos y revelación de secretos. Las pesquisas del juez podrían ir también encaminadas a partir de ahora a reunir indicios por presunto delito de denuncia falsa. Fuentes jurídicas próximas al instructor consultadas por este diario destacan que siente que el vicepresidente del Gobierno y su formación han tratado de tomarle el pelo y utilizar su Juzgado para hacer política.

En las últimas semanas, García-Castellón ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policia que revise la denuncia que presentó la pareja de Dina Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, en 2015 por el robo del móvil para aclarar los términos de su declaración en sede judicial donde afirmó que habían recuperado «algunas pertenencias» que le fueron robadas junto al dispositivo. También ha reclamado el libro de visitas a la revista Interviú por aquellas fechas, donde se recibió una copia del volcado del móvil de la exasesora de Iglesias que el presidente del Grupo Zeta entregó a éste en enero de 2016, según avanzó eldiario.es.

La doctrina del Supremo sobre los Albertos

Si Iglesias y su equipo hubieran apuntado a Villarejo como autor del robo del móvil de Bousselham y la filtración de los mensajes de su interior a Okdiario a sabiendas de que los hechos sucedieron de otro modo, podrían haber incurrido en un delito de denuncia falsa del artículo 456 del Código Penal, según fuentes jurídicas consultadas.

Éste castiga con penas de prisión de hasta dos años a quienes «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación».

Aunque no fuera Pablo Iglesias quien presentó la denuncia inicial del robo, sino Bousselham y su pareja, existe una sentencia de 2011 del Tribunal Supremo, la del caso conocido como los Albertos, donde los magistrados confirmaron que éstos (los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer) habían acusado falsamente por medio de una carta anónima a dos constructores en el caso de corrupción urbanística Urbanor, por lo que fueron multados con más de 190.000 euros y obligados a pagar una indemnización de más de 40.000 por daños morales.

Ellos no presentaron la carta, pero sí se beneficiaron de ella al estar personados en el procedimiento. La Sala de lo Penal del Supremo concluyó que «la personación sin querella es también un acto de imputación, dirigido a constituirse como parte acusadora y, por tanto, concebido para hacer valer la acusación contra las personas a las que se designa como imputadas».

Podemos es la acusación popular en el caso Tándem, dentro del que está la pieza Dina, y por lo tanto recibe la información del Juzgado, igual que Iglesias a través de su abogado. Manuel García-Castellón no puede investigar al vicepresidente del Gobierno por su condición de aforado ante el Tribunal Supremo, pero sí puede elevar los indicios que reúna contra él, si es que lo hace, ante el alto tribunal y solicitar que se le investigue.

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