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Tres piedras en el 'zapato vasco' de Sánchez

El acuerdo del PSE para formar parte del Ejecutivo incluye compromisos que implican al Gobierno en cuestiones delicadas como el nuevo estatus vasco, la cesión de prisiones y seguridad social e inversiones millonarias en el TAV.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

El camino ha comenzado a recorrerse esta semana. Esta vez el Partido Socialista lo hace con más peso y proyección, pero también con más riesgo. En el ‘zapato’ del nuevo Gobierno vasco de coalición PNV-PSE no es todo comodidad. La ruta de los próximos cuatro años tiene marcados objetivos que pueden convertirse en las ‘piedras’ incómodas en el calzado político de Pedro Sánchez. ‘Piedras’ que vienen incluidas en el programa de Gobierno conjunto pactado por ambas formaciones y que, si bien en algunos casos tienen margen para no profundizar hasta provocar una herida, en todos los casos pueden generar rasguños importantes.

Este martes el que es el tercer Ejecutivo de Iñigo Urkullu volvió a hacerse la foto ante el Palacio de Ajuria Enea. Su composición es similar al Gobierno anterior. Ambos son de coalición pero el que ahora asume el control de la gestión política y administrativa de Euskadi incorpora en su estructura a la máxima dirigente del PSE en el País Vasco como consejera de empleo y trabajo. Además, se compromete a impulsar proyectos con amplio impacto en la política nacional que lidera Sánchez.

La tres ‘piedras’ que figuran en el programa electoral que desde Euskadi se lanzarán a Madrid, a Moncloa, son claras: la aprobación del nuevo estatus político que ambos partidos se comprometen a impulsar, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, la Seguridad Social y la gestión de prisiones incluidas, y el blindaje para asegurar en estos tiempos de crisis económica la finalización de la obra más faraónica jamás construida en Euskadi; el Tren de Alta Velocidad.

En el documento programático de casi cien páginas se incluyen además compromisos que se antoja que serán menos incómodos pero que podrían definirse como ‘gravilla’ en el zapato socialista y en su relación con el PNV: la reforma del entramado institucional vasco, la revisión de la ‘foralidad’, la reforma fiscal, la fractura entre la ‘Euskadi de ciudadanos’ de los socialistas y la Euskadi de ‘nacionales’ de los nacionalistas o apuestas como la gratuidad del euskera para los inmigrantes como fórmula para facilitar su integración.

Encaje territorial vasco

La experiencia anterior de coalición entre nacionalistas y socialistas en el País Vasco se reeditó en tres ocasiones entre el periodo 1987 a 1998. Después llegó el desgaste y la distancia y las diferencias agotaron la fórmula durante casi cuatro lustros. Ahora, sobre la mesa Urkullu tiene un programa acordado con Mendia que, en gran medida, al menos en sus principales apuestas, dependerá más de Sánchez que de las instituciones vascas verlo cumplido.

Sin duda la ‘piedra’ más incómoda para la Moncloa que procederá del nuevo Ejecutivo vasco es su apoyo a la aprobación de un nuevo estatuto vasco que supere al de Gernika y que los dos socios promoverán en el Parlamento vasco. Ninguno de los dos lo ha ocultado y, como ya hicieran la pasada legislatura, han acordado respetarse en su diferencia. Lo que no logró culminarse el mandato pasado debería alcanzarse en esta XII legislatura: pactar un articulado para un nuevo Estatuto que confiera a Euskadi un encaje ‘confederal’, de igual a igual, con España. En el primer intento socialistas y nacionalistas sólo lograron un consenso parcial en torno al borrador del articulado liderado por el PNV. La lista de enmiendas al documento es importante y el PSE ya ha advertido de que no participará en “proyectos soberanistas”.

En el programa de Gobierno apuntan que respetarán el proyecto legislativo que “por mayoría absoluta”, -la suma de PNV y PSE la facilita-, apruebe el Parlamento Vasco. De este modo, ambas formaciones podrían activar un nuevo proceso para pulir una propuesta sin contar con nadie más. En el documento programático se comprometen a que una vez respaldado lo remitirán a las Cortes para su tramitación y, en su caso, su ratificación vía referéndum. Llegar a ese punto esta legislatura requerirá un complicado juego de negociaciones no sólo en clave vasca sino nacional. Facilitar un documento que el resto del país, y por tanto del Congreso, pueda dar vía libre no será tarea sencilla cuando las discrepancias entre los dos partidos se sustentan en cuestiones esenciales del documento como el derecho a decidir, la condición de ciudadanos y nacionales o las referencias al posible encaje y relación de Navarra con Euskadi que el PNV quiere insertar en el nuevo Estatuto vasco.

Durante el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros, el titular de Transportes, Iñaki Arriola, insistió en que esta también será la legislatura del TAV. El Gobierno vasco quiere inaugurar el Tren de Alta Velocidad a final de legislatura, una aspiración que parece complicado que se pueda cumplir si, como ha ocurrido en los últimos años, acumula nuevos retrasos. El objetivo se antoja difícil en un contexto de crisis económica como la que vivimos. Ambos Gobiernos han ido cerrando y actualizando calendarios de obras y compromisos para compartir las responsabilidades, como la encomienda de construcción de las estaciones de llegada a las capitales hechas por ADIF al Gobierno vasco en aras a acelerar los trabajos. Sin embargo, la previsión inicial de finalizar el proyecto en 2023 ya se demoró hasta 2024 y ahora no se descarta que pueda irse más allá, en 2025. Las inversiones millonarias que para ambas instituciones requerirá su construcción en tiempos de arcas limitadas dificulta acelerar la financiación del proyecto en plazo.   

Prisiones y Seguridad Social

Otra de las cuestiones incómodas que del acuerdo de Gobierno en Euskadi salpicará a Sánchez es la culminación del Estatuto de Gernika. La cesión de la treintena de materias pendientes de transferir genera especial dificultad en dos materias: la cesión de la gestión de las prisiones y lo relativo a la Seguridad Social. El acuerdo en vigor, que data de febrero de este año, establece que a finales de 2021 todo el Estatuto debería estar completado. Son los propios compañeros del PSE los que se han comprometido en el nuevo Gobierno a reclamar a Sánchez, al Gobierno de España, que transfiera cuanto antes estas y el resto de competencias pendientes.

En lo referido al régimen económico de la Seguridad Social por ahora el compromiso es comenzar a estudiar la viabilidad de traspasar el Régimen Económico. En el PNV insisten en que no supondrá la ruptura de la ‘caja única’ y que no debería existir problema alguno para llevarla a cabo tal y como viene recogido en el Estatuto de Gernika.

Que Euskadi asuma la gestión de las prisiones dependerá en gran medida del Gobierno central. En principio el compromiso de Sánchez es ceder la gestión de las cárceles vascas al Gobierno vasco, como ocurre en Cataluña, pero las reticencias que esta decisión suscita en algunos sectores del país, e incluso en el propio PSOE, está frenando el paso.

Los recelos vienen generados fundamentalmente por la actitud que el PNV, y en menor medida el PSE, por la posible orientación que se daría a la política penitenciaria con los presos de ETA. El acercamiento o cambio de grado de casi un centenar de reclusos que esta semana reconoció el ministro del Interior, Grande Marlaska, el lamento manifestado por Sánchez tras la muerte en su celda, -al parecer por suicidio-, de un preso de la banda la posición del socialismo vasco en contra del mantenimiento de la política de dispersión han evidenciado que los pasos en este ámbito suscitan aún demasiados recelos y rechazos en algunos sectores sociales y políticos.  

Foralidad y arquitectura institucional

En clave más interna, uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre socialistas y nacionalistas hace referencia a una actualización del autogobierno vasco “hacia dentro”. O lo que es lo mismo, una revisión del entramado institucional vasco. Los socialistas quieren reformar la Ley de Territorios Históricos en la que se define el papel de cada nivel administrativo y el reparto de funciones y financiación del Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos.

Mientras el PNV defiende que la foralidad histórica que define a las diputaciones vascas y su singularidad es intocable y por tanto son ellas las que deben controlar el régimen fiscal, los socialistas quieren restar poder a las diputaciones territoriales en favor de las instituciones comunes como son el Ejecutivo vasco y la Cámara de Vitoria. Una transformación de la arquitectura institucional con la que confían en que se puedan eliminar duplicidades.     

La batalla económica será, junto a la del autogobierno, uno de los ejes de los próximos años. Entre las medidas que para salir de la crisis se desea impulsar figura el refuerzo de la industria como motor de la economía vasca. El Gobierno PNV-PSE quiere que dentro de cuatro años los servicios avanzados y la Industria representen el 40% del PIB vasco. Para ello se trabajará de modo específico en una transición tecnológica, energética y medioambiental, además de promover mayores cuotas de I+D en estos sectores  

La cartera de Empleo con la que el PSE ha reforzado su peso en el Gobierno, y que ocupa Mendia, se ha fijado un reto complicado como el de recuperar el 10% de desempleo alcanzado semanas antes de la pandemia. Además, la dirigente del PSE se ha marcado como objetivo emplear a 30.000 jóvenes, contribuir a la creación de 4.000 empresas a manos de emprendedores o la lucha contra el fraude laboral.

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