Ayuso estudia llevar al Constitucional el plan de ahorro energético del Gobierno

A las pocas horas de que se presentase el primer plan de ahorro energético para reducir el consumo del gas un 7% en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó con dureza las medidas. Y, lejos de calmar los ánimos, estudia llevar al Constitucional el apagón de los escaparates o el control de la temperatura de los interiores de cines, centros comerciales o centros de trabajos.

“Vamos a analizar seriamente el Real Decreto y si no es constitucional, lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional”, ha amenazado este martes su ‘número dos’, Enrique Ossorio. “Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar”.

La mano derecha de Ayuso ha indicado que es "una injerencia descomunal" que el Ejecutivo se ponga a decidir "cuál es la temperatura que debe haber en un lugar comercial, en un restaurante, en un cine, porque ya el comerciante y el empresario sabe que es la temperatura que debe poner para ahorrar energía".

La presidenta amenazó con no cumplir la normativa puesto que "provoca oscuridad, pobreza y tristeza". "Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga", ha puntualizado la líder del Partido Popular. A su vez, ha indicado que "esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo".

Críticas desde el Gobierno

Tras estas palabras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cerrado filas y ha criticado la posición de Ayuso. La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid de que el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética hay que cumplirlo y que «siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado de que es momento de "arrimar el hombro" y ser "solidarios" frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania y las amenazas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el suministro energético.