La jornada de este 19 de septiembre será histórica para decenas de miles de personas en España con discapacidad intelectual o del desarrollo. Lo será porque el Congreso votará (y previsiblemente dará luz verde, ya que votó en el mismo sentido a tramitar la reforma en noviembre pasado) para que puedan ejercer su derecho al voto. Se trata de una petición avalada por las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Europa.
Esta reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) permitirá el ejercicio de su derecho al sufragio a 100.000 personas incapacitadas, que de este modo podrán votar en las próximas elecciones de 2019. Se trata de la modificación del artículo 3, que elimina los apartados que limitan el ejercicio del derecho al sufragio de, entre otros, "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".
Añade además una disposición adicional para –de acuerdo a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad–, dejar sin efecto a partir de su entrada en vigor “las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente", añadiendo además que “las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley”.
Con la reforma, 100.000 personas incapacitadas podrán votar en las próximas elecciones de 2019
Esta medida, ampliamente demandada por la asociación Plena inclusión a través de su campaña #MiVotoCuenta, afecta a decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sometidas a estas incapacitaciones. Junto a la posibilidad de votar, la asociación reclama procesos y programas electorales accesibles que permitan a estas personas ejercer su derecho en igualdad de condiciones que el resto.
La votación de hoy llega tras la admisión el pasado noviembre de la propuesta de reforma de la LOREG, que a su vez procedía de una iniciativa legislativa originada en la Asamblea de Madrid.
Todo ello se traduce -de ser aprobada esta modificación y pasar automáticamente al Pleno Parlamentario para su aprobación final-, en la restitución automática del ejercicio del derecho al voto de 100.000 personas incapacitadas en España, la mayoría de ellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En febrero de 2017, estas personas realizaron un Manifiesto por el Derecho al Voto, que fue leído en una concentración ante el Tribunal Constitucional organizada por Plena inclusión, el CERMI y Down España.
En este manifiesto, además de esta modificación de la LOREG, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo demandan poder ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto, a través de sistemas de accesibilidad cognitiva que hagan más comprensible toda la información electoral, los programas políticos y los colegios electorales. Asimismo reclaman que se garantice el sufragio pasivo y su participación en la vida política.
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